La gestión del Gobierno ha buscado trazar un camino de reformas al sistema educativo chileno, abordando problemas históricos y retos emergentes. Sin embargo, los avances alcanzados han sido acompañados de críticas y desafíos significativos. A priori, uno de los logros más destacados es la presentación del proyecto de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta propuesta no solo reconoce el impacto financiero que este sistema ha representado para miles de familias, sino que también abre camino hacia un modelo de financiamiento más equitativo.
Sin embargo, su implementación ha sido objeto de críticas, principalmente por la falta de universalidad prometida y por los límites en cuanto al alcance de personas y tiempo necesarios para su despliegue. De igual forma, el Ejecutivo ha avanzado en la resolución de la deuda histórica con los profesores, un gesto que, aunque no logra subsanar décadas de descontento e injusticia, se percibe como un intento de reconocer el valor del trabajo docente. No obstante, también presenta un enfoque focalizado, sin abarcar a la totalidad de las y los profesores afectados, y quedando lejos de cumplir la promesa inicial de campaña.
No obstante, no todo ha sido alegría. Los problemas de violencia han ganado protagonismo en la agenda educativa, generando no solamente debates políticos, sino que también un estado anómico en diversas escuelas y liceos. En complemento, la reforma curricular sigue su curso sin grandes novedades luego de la consulta que se realizara durante 2024, y que si bien plasma buenas intenciones, falta aún mucho que depurar para responder a las problemáticas y vacíos respecto a los niños, niñas y jóvenes que hoy asisten a la escuela. En esta línea, las desigualdades estructurales persisten como un desafío apremiante, y pareciera que un símbolo de ello ha sido la poca respuesta ante las demandas por una Educación Sexual Integral (ESI), la cual cada vez se vuelve más relevante ante las problemáticas que como sociedad hoy experimentamos transversalmente.
Estas temáticas, que pueden ser percibidas de distinta forma, reflejan una tensión entre tradición y cambio que podría haberse gestionado de manera más colaborativa: ¿Cómo y hacia dónde avanzamos? ¿Cuáles son los mínimos que se deben negociar para ello? Esto no solo se responde desde la política educativa o la buena gestión de un gobierno, sino que es necesario el trabajo colectivo de las comunidades educativas para sostener en el tiempo nuevas formas de hacer y socializar.
Finalmente, la Formación Inicial de Profesores también se encuentra sin un camino claro a seguir. Esfuerzos por atraer a nuevas generaciones de profesores ante el déficit proyectado, y junto con ello mejorar la carrera docente para los actuales colegas del sistema parecen cuestiones lejanas. Al Gobierno le resta un año de trabajo y tendrá la labor de intentar instalar su legado educativo, un legado que aún se mantiene en el mundo de las políticas y que carece de cuerpo en la sala de clases y en la transformación a nivel meso-micro.
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