Hace diez años, al iniciarse el gobierno de Bachelet-2, ante consultas del ministerio de Educación de entonces, en ese momento como Presidente del Instituto Igualdad, señalé que la prioridad de la política educacional debiera ser el fortalecimiento de la Educación Pública, esa opinión fue compartida por el conjunto de los centros de estudios de la alianza de gobierno: la Nueva Mayoría, desde la DC al PC.
Sin embargo, la autoridad ministerial decidió tomar otro camino y la decisión fue el llamado "fin al lucro" lo que se expresó en el proyecto de ley denominado de "Inclusión". En virtud de ello, si bien es cierto el llamado copago dejó de ser una carga para los apoderados se convirtió en un gasto cubierto por financiamiento fiscal en beneficio de la Educación subvencionada.
Lamentablemente, el deterioro de la educación pública se mantuvo, entonces, se abrió el debate para cambiar el sostenedor municipal por otro gestor y administrador, en ese contexto, se aprobó la ley de Nueva Educacion que instala una nueva institucionalidad: la Dirección de Educación Pública y sus organismos territoriales llamados Sistemas Locales de Educación Pública (SLEP) que son órganos descentralizados territorialmente con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo organismo rector es el Ministerio de Educación.
En su implementación hay experiencias positivas y negativas, en particular, se registra una fuerte inflexibilidad en el gasto para el funcionamiento diario de jardines, escuelas y liceos, para avanzar es esencial corregir la legislación. Lo que no se gasta en el año vuelve al tesoro público, incluidas las licencias médicas, lo que no tiene racionalidad alguna.
Hace varios gobiernos que no se invierte lo que el país necesita en infraestructura para la Educación Pública, los techos no soportan las exigencias climáticas, las puertas, ventanas y el mobiliario requieren ser reemplazadas, los baños no están a la altura del trato digno que los niños y niñas deben recibir. No es una carencia reciente, es un tema pendiente hace años, así lo hemos advertido, por eso, más duele el estado actual de la educación pública.
Hay que reponer la convicción que es esencial para Chile detener el deterioro de la Educación Pública, en esa perspectiva, evaluar la selección que permita establecimientos educacionales públicos con el prestigio y la calidad requerida, en todas y cada una de las comunas del país, es también una contribución a una enseñanza de calidad para Chile.
En este sentido, la declaración de la alcaldesa Karina Delfino, lideresa del movimiento estudiantil de los pingüinos en el 2006, es la opinión de una persona comprometida con la brega por una Educación Pública digna y de calidad, la idea que "válida" el punto de vista de la derecha es completamente injusto e inaceptable.
Hay personas que se consideran ideólogos que se permiten descalificar a cualquiera. No es ese el camino. El intercambio de criterios es insustituible para avanzar. Las opiniones no se pueden suprimir. No se trata de una involucion o de una contra reforma. En los desafíos de Chile el papel de la Educación Pública, definitivamente, resulta fundamental.
Hay países en que la enseñanza privada es lo que prevalece. No es el modelo al que aspiramos, el objetivo de un sistema mixto, con una Educación Pública digna y de calidad se corresponde con la tradición chilena y los principios de pluralismo y tolerancia que caracterizan a Chile desde la formación del Estado, para avanzar hay que trabajar. Como dijo el Presidente Boric: "los dos años que restan de gobierno no es para hacer promesas, es para cumplirlas".
Asimismo, reiteramos que una educación mixta no es estatismo ni mucho menos, por eso, la responsabilidad de la autoridad y el debido financiamiento son indispensables para que la Educación Pública tenga un espacio gravitante en un sistema mixto de Educación en Chile. Ese horizonte define una mirada progresista. La Educación Pública es lo primero.
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