La educación sí es un derecho

Una reflexión, en un día de marcha por la educación en Chile.

¿Cómo catalogar la educación? ¿Es un bien económico o un derecho social? En Chile, el debate ideológico sobre estas preguntas ha deambulado entre dos marcados extremos; mientras sectores neoliberales históricamente encasillan la educación como un bien económico, grupos más progresistas la defienden de manera estoica como un derecho social.

La versión neoliberal,que promueve minimizar la intervención del Estado en materias económicas y sociales, defiende el mercado como garante de un equilibrio.Es decir, trata la educación como un bien económico sometido a la oferta, demanda, competencia y precio, como un eslabón más en la cadena productiva del mercado.

En este escenario, la educación como bien económico asume la maximización de recursos como objetivo prioritario, quedando relegada a una mera herramienta de producción.

Sin embargo, la educación no es un bien económico (ni de consumo), pues se trata de una experiencia de vida que trasciende a la componente económica de un bien.¿Por qué? Porque la educación no se gasta, no conlleva un desgravamen ni se acaba al transferirse, como si sucede con un automóvil.

Más aún, la educación no se pierde, sino que crece y se potencia, cumpliendo un rol de cohesión social, constituyéndose como un motor de transformación y desarrollo histórico para la sociedad.

Por esta razón, además del activo y necesario debate sobre el lucro y la calidad, generado a partir del movimiento estudiantil del año 2011, debe cuestionarse también la finalidad de la educación, dado que ésta debiera ser pilar fundamental en la formación de ciudadanía crítica y no una fabricación en serie de individuos con conocimientos adquiridos, realidad funcional y conveniente para el mercado, pero que deriva en un aumento las desigualdades sociales.

Desde un punto de vista progresista, la educación entendida como “bien social” se fundamenta en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) firmado y ratificado por Chile.

Este pacto reconoce el derecho de todo individuo a la educación para alcanzar “el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad". Así, la educación otorga herramientas para promover una participación activa y efectiva de las personas en los rumbos que debe tomar la sociedad, bajo el pleno conocimiento de sus derechos y responsabilidades.

Con este argumento, la educación se consolida como una herramienta imprescindible para consolidar otros derechos humanos.

Lo anterior implica que el Estado chileno, como protector social, debiera velar por la prestación libre, universal y obligatoria de la educación en todos sus niveles, sin discriminación, para así proteger otros derechos humanos.

Ahora bien, desde el punto de vista de los derechos universales, éstos se entienden como el conjunto de derechos individuales que en pos de un objetivo particular reciben una denominación común. Un ejemplo es el derecho universal a la libertad de pensamiento y de expresión. Así, se infiere que todo derecho universal es tanto un derecho individual como social.

En este contexto, la educación se consolida como un derecho que permite acceder a otros derechos básicos como la dignidad y fortalecer canales de acceso a mayor información.

Consolidar el acceso a la información es relevante, porque permite a las personas ejercer su derecho a elegir en libertad, actuar en conciencia respecto de sus valores, así como respetar los derechos ajenos.

Así, la educación entendida hoy en día como la transferencia formal de información estructurada, debe ser protagonista en impulsar el libre pensamiento de las personas y la formación de ciudadanos con conciencia crítica de las estructuras sociales que lo abrazan, permitiéndoles la movilidad social necesaria para acceder a mejores oportunidades.

Por las razones anteriores, la educación sí debe ser considerada como un derecho desde el primer respiro de todo ser humano, tal como lo son el derecho a la libertad y la salud. La educación ayuda a entender cómo funciona el mundo, consolida el conocimiento previo, permite aprender de los errores del pasado e incentiva el desafío de extender sus fronteras.

Un reflejo de que considerar y asegurar la educación como un derecho rinde frutos, son aquellas sociedades donde ésta es entendida como una herramienta que minimiza la segregación social.

Finlandia, uno de los líderes del informe PISA, considera la educación como un derecho de libre acceso para proteger lo que ellos mismos denominan su tesoro más preciado: las generaciones jóvenes como futuro de su sociedad, logrando tasas de deserción escolar muy bajas. Esto, a diferencia del caso de Chile, que ocupa lugares en el ranking OECD por debajo de la media.

Entonces, que la pancarta de marcha diga “La educacion sí es un derecho”.

Co autor de la columna es  el estudiante de doctorado en Purdue University, Felipe Ochoa Cornejo, ingeniero civil (M.S.c) de la Universidad de Chile.

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado

Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
Columnas recientes
Columnistas