Las bases para la gratuidad en la Educación Superior

La manera en como se ha esbozado implementar la anhelada gratuidad en la Educación Superior, no ha estado exenta de polémica. Es que la propuesta de implementación, de aplicarla a las Instituciones adjuntas al Consejo de Rectores, genera resquemores y ronchas dada la inequidad y discriminación que significa dejar fuera de este beneficio, a la población estudiantil más vulnerable del sistema.

En ese contexto, resulta paradójico que un gobierno que se empeña por “combatir la desigualdad”, aumente las brechas de ésta, mediante la generación de una propuesta de política pública, cuyo impacto en el sistema educativo sólo genera perjuicios a miles de estudiantes de los primeros quintiles. Ante ello, pareciera que el gobierno más que generar un sistema basado en criterios de justicia, está empecinado en ganar una “batalla” ideológica.

En ese sentido, es lamentable que el futuro financiamiento en la educación superior, quede supeditado a la historia y no a criterios de calidad y compromiso con lo público. Por ello, es necesario recalcar –sobre todo a los dirigentes de la Confech- que lo público no es sinónimo de lo Estatal, pues el compromiso que la Universidad puede asumir con la comunidad no se agota en su propiedad.

Tampoco parece lógico, que el criterio que definió el MINEDUC el pasado 14 de julio, en su propuesta para las “Bases Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior”, establezca como requisito para acceder a la gratuidad, la pérdida de la autonomía universitaria, mediante la obligación de la triestamentalidad como sistema de gobierno de las Universidades. Nada más ajeno a la pluralidad democrática y atentatoria con la libertad académica, que exigir una cosa por otra. Pues es esa autonomía, en la que se basa el proyecto fundacional de una institución académica, por el cual ella cumple con su rol social.

El buen desempeño del financiamiento a la educación superior, debe estar centrado en los requerimientos del estudiante, para de esta manera, no afectar el foco de equidad e inclusión al mismo sistema educativo. Mientras que el financiamiento institucional, debe apoyar la investigación y el rol que pueda tener ésta para con la comunidad, independiente del tipo de propiedad.

En conclusión, las bases del nuevo sistema para la educación superior que definió el MINEDUC, están lejos de lo que prometió el gobierno en su programa de campaña, perjudicando no solamente a una proporción de los estudiantes más vulnerables del sistema, sino que también, vulnerando el proyecto fundacional al cual –legítimamente- aspira una institución académica.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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