Nueva legitimidad para las universidades estatales

Está en el Senado la iniciativa legal que extiende hasta el 5 de junio 2022 el plazo para que las universidades públicas entreguen al Ministerio de Educación el proyecto de estatuto con que cada una de ellas se rija. Excepto tres universidades, las otras 14 universidades estatales se gobiernan internamente, aún hoy, por estatutos establecidos durante la dictadura. Su base es la autocracia de los rectores.

La Ley de Universidades Estatales fue promulgada en 2018. Esa ley exige que las universidades se den un nuevo régimen de gobierno interno por medio de "procesos públicos y participativos", y les dio por plazo el 5 de junio 2021. Hoy, el Senado debate extender ese vencimiento. Pero hay, al menos, tres aspectos pendientes.

El primero: Ya en democracia se autorizó a que los rectores fuesen elegidos, lo que, en algunas universidades, vino acompañado de cierta tolerancia a que funcionarios y estudiantes pudiesen co-decidir en temas menores. Sin embargo, aunque electos, los rectores de la mayoría de las universidades estatales se siguen rigiendo por los estatutos dados por Pinochet. Eso les permite cesar a un funcionario sin necesidad de sumario. El contexto de los nuevos estatutos es de insuficientes garantías a la libertad de expresión en algunas universidades estatales, pues no se tiene certeza de que no se sea sancionado por discrepar de las autoridades sobre cómo llevan el proceso de modificación de esas normas.

El segundo aspecto pendiente es que la Ley de Universidades Estatales no definió el concepto de "procesos públicos y participativos". En la generación de nuevos estatutos, solo algunas universidades han reconocido capacidades de decisión, pequeñas o amplias, a la comunidad universitaria. En los demás casos, el proceso quedó a criterio de los rectores o de las juntas directivas, instituciones creadas por los estatutos que se requiere reformar. La ley no previó que resulta difícil o imposible reformar un estatuto autoritario desde adentro.

El concepto de "procesos participativos", establecido por la ley, tampoco garantiza la autonomía académica. También los conscriptos participan, marchando, en la Parada Militar. La ley 21.094, a pesar de haber sido votada en 2018, permite que los estatutos heredados de Pinochet determinen muchos aspectos de los nuevos. Participar en un proceso ya definido era lo que se pedía en dictadura a estudiantes y académicos, es decir, opinar poco y nunca decidir. La exclusión del proceso de los profesores por hora en varias universidades o el haber reducido su "participación" a porcentajes insignificantes, siendo que realizan la mayoría de la docencia, agrava el caso.

En tercer lugar, resulta dañino que las autoridades generadas con las normas que se desea modificar intervengan en la generación de los nuevos estatutos. La legitimidad de un rector electo para ejercer funciones ejecutivas, incluso con buen desempeño, no lo autoriza para transformarse en legislador universitario autodesignado. Tras darle inicio al proceso estatutario, el papel de las autoridades universitarias no debe ser mayor que el de cualquier interviniente. De lo contrario, disminuye la fiabilidad del proceso, incentiva posiciones extremas y lo retrasa. Por eso, el resultado está siendo lento y de legitimidad variable. Limitarse a extender el plazo para las universidades que así lo necesiten sería insuficiente.

Hubo y hay un ejemplo fácil de seguir. La Universidad de Chile se dio un nuevo estatuto en 2007. El camino fue, primero, elegir una comisión que redactó el reglamento del proceso; segundo, a partir de ese reglamento, constituir un cuerpo representativo "constituyente" triestamental, con total independencia respecto de los demás poderes universitarios. Y, finalmente, se plebiscitó el texto ya redactado.

El Senado ha de escuchar ahora a todas las partes, en especial a líderes académicos, gremiales y estudiantiles. Las autoridades universitarias surgidas -y algunas eternamente reelectas- con los estatutos de Pinochet, tienen demasiados incentivos para no restaurar la autonomía académica en el proceso de generación de nuevas normas intrauniversitarias.

Las universidades públicas necesitan un nuevo estatuto, pronto, pero también normas legítimas y buenas. Sin embargo, no queda tiempo para comenzar desde cero. Para lograrlo es necesario reducir la intervención deslegitimadora del proceso por parte de algunas autoridades universitarias. El contexto de estatutos pinochetistas desde donde se redactan los nuevos restringe a las comunidades universitarias las posibilidades que la Ley de Universidades Estatales de 2018 ha abierto. El Parlamento puede corregir la situación actual: basta con que la ley o una decisión intrauniversitaria definan que el contenido del concepto de participación no ha de ser otro que la decisión del cuerpo académico y de otros estamentos en todo el proceso de generación de nuevos estatutos.

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