El Parlamento continua la discusión del proyecto de ley del nuevo esquema de financiamiento a los estudiantes de educación superior (FES), que termina el CAE y condona parte de las deudas a morosos. No es correcto decir que no existen otras opciones. En septiembre, previo a conocer el modelo, presenté una propuesta de reforma al sistema de financiamiento, que elimina a la banca, crea un fondo que permite financiar a estudiantes fuera de gratuidad, y soluciona los casos de morosidad elevada del CAE.
El proyecto del Gobierno lejos de dar solidez a los proyectos institucionales de las UES, los desestabiliza. Se supone equilibrio de gastos fiscales con ingresos por pago de los créditos, pero existen serios cuestionamientos al modelo usado para esa estimación.
En la última década, la calidad de universidades e IP ha mejorado, tanto por objetivos propios como por los estándares de acreditación aplicados por la CNA. Se ha fortalecido la docencia y la investigación, y se han ejecutado proyectos de desarrollo local que vinculan a las comunidades con las universidades. El crecimiento ha sido transversal, en universidades privadas y estatales, con y sin gratuidad.
Chile, en comparación OCDE, tiene un alto gasto fiscal en educación superior. La paradoja de este proyecto es que reduce el gasto privado de los estudiantes y sus familias, concentrando casi todos los ingresos de las universidades en manos del Estado.
Es una experiencia internacional que los gobiernos, independiente de su signo, ante dificultades fiscales o presiones de gasto opten por comprimir los aportes a la educación superior y a la investigación. Esto afecta la calidad de la docencia, la cobertura del pregrado y la investigación. ¿Por qué es mejor dejar en manos de burócratas la determinación de prioridades?
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