PAES, rankings y reformas: ¿Dónde queda la educación pública?
Recientemente se publicaron los resultados para este año de la PAES, prueba que rinden miles de estudiantes a lo largo de todo Chile y genera gran expectación y nerviosismo. Asimismo, estos resultados motivan diversos análisis sobre el sistema educativo chileno, lamentablemente muchos de ellos han sido inexactos, poco precisos o derechamente falsos.
Lo primero que me parece relevante de despejar es la pertinencia de los rankings para establecer una evaluación del sistema, porque no son representativos de la realidad y esconden muchos detalles. No es efectivo que la educación pública ha empeorado su rendimiento por dejar de figurar en los primeros lugares, puesto que lo que ha ocurrido con las reformas implementadas en los últimos años es la desconcentración de los mejores puntajes, de forma que establecimientos históricos o emblemáticos dejan de concentrar a los estudiantes de mejores resultados, y éstos pasan a estar dispersos por toda la red. Lógicamente, dado lo anterior, es imposible afirmar que las oportunidades que ofrece la educación pública han disminuido, puesto que, si miramos los datos, muchos y muchas jóvenes siguen accediendo a la educación superior como primera generación de sus familias: de hecho, la PAES en reemplazo de la PSU, ha sido un mecanismo efectivo para avanzar en mayor equidad, transparencia, flexibilidad y objetividad, introduciendo elementos que evalúan competencias y "saber hacer", en vez de basarse exclusivamente en la memoria y repetición.
Las reformas que se han impulsado en la educación chilena han generado cambios importantes, como el fin de la selección y la discriminación hacia estudiantes y sus familias; además de la anhelada desmunicipalización para terminar con el nefasto legado de corrupción, déficit en inversión, pérdida de aprendizajes y violencia que ha dejado la administración municipal, logrando así que el Estado vuelva a hacerse cargo de sus establecimientos garantizando estabilidad y certeza. No es posible afirmar que el último ciclo de reformas ha impactado negativamente en los aprendizajes y resultados (que no son lo mismo, no podemos basarnos exclusivamente en rankings y puntajes de pruebas estandarizadas), pero lo que debería preocuparnos es que tampoco es posible afirmar que ha impactado positivamente. Si bien, en la última prueba SIMCE -instrumento con muchas limitaciones y el cual no comparto, pero lo tomaremos para efectos del análisis- los SLEP mostraron una mejoría importante por sobre los establecimientos municipales, creo que es importante revivir una crítica que fue expresada con claridad por el movimiento estudiantil; el gran ausente del debate sigue siendo el fortalecimiento de la educación pública. Estamos a tiempo de avanzar hacía allá, el gobierno introdujo un proyecto para mejorar la Nueva Educación Pública y corregir el rumbo de lo que no ha funcionado, pero sigue siendo insuficiente para abordar la falta de recursos, gestión y apoyo que requieren hoy las comunidades educativas. Sin una reforma profunda al sistema de financiamiento, cumplir estos objetivos seguirá siendo imposible.
Los rankings no son suficientes para representar la realidad del sistema educativo, menos los puntajes de pruebas estandarizadas. Sin embargo, es claro que tenemos un problema y eso es ineludible. La educación pública en Chile debe crecer en matrícula y calidad, debe re pensarse y volver a tener un sentido para el desarrollo y el futuro del país. Eso requiere que el Estado, de una vez por todas, le dé un trato preferencial y estratégico a los establecimientos de la red pública en todos sus niveles.
Si hoy los establecimientos privados tienen mejores resultados, es porque cuentan con más recursos y cobran más, por tanto, seleccionan mejor. Eso no es calidad educativa, y por cierto no estamos en contra de la educación privada, pero sí creemos que la balanza está desequilibrada y la educación pública debe fortalecerse con decisión.
La crisis que vive hoy la educación pública no es fruto de las reformas en curso, es producto de décadas de abandono estatal y de la administración municipal con toda su negligencia. Esto no empieza el 2025, ni el 2024, se viene incubando desde la década de 1980 cuando el Estado le soltó la mano a la educación pública. Avancemos, salgamos de los análisis oportunistas y pongamos en el centro el derecho a la educación.
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