Rechazo

Manuel Riesco

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El ex diputado comunista, profesor de Estado y dirigente de su gremio, compañero Luis Guastavino, siempre decía que todas las leyes tienen su lado bueno y su lado malo, pero lo esencial era ver si su resultante apuntaba en un sentido de progreso o retroceso. En el primer caso había que apoyarlas con decisión y en el segundo rechazarlas tajantemente, independiente de quién las presentase y de los adornos que llevasen.

Siguiendo su sabio consejo, manifiesto mi total y decidido rechazo al proyecto de reforma de educación superior cuyos lineamientos ha presentado por estos días la ministra de Educación, Adriana Delpiano. El motivo de mi rechazo categórico es lo que ella misma ha declarado: “el Crédito con Aval del Estado (CAE) nos acompañará por muchos años más”.

Por muchas buenas intenciones, bonitas palabras y vagas promesas que acompañen dicho contenido esencial, el resultado de aprobarse este proyecto sería el mismo del tristemente famoso “Gran Acuerdo Nacional por la Educación” o acuerdo de “Arriba las Manos”. A pesar que duplicó con creces los recursos públicos, la educación pública perdió un tercio de sus alumnos en los niveles básico y medio mientras la educación superior privada creció como nunca mientras las Ues del Estado se reducían a un 15% de matrícula total.

El CAE ha terminado concentrando lejos la mayor parte del presupuesto público siendo en los hechos la política de educación superior de los gobiernos de la Concertación, inspirada en la idea de Milton Friedman, diseñada por la dictadura y seguida entusiastamente también por el gobierno de Piñera, de crear un mercado educacional mediante “subsidio a la demanda”.

Éste subió de menos de un quinto del presupuesto de ES en 1990 hasta más de un 85 por ciento el 2015. Incluso en el presupuesto del 2016,  que gracias a la decisión personal de la Presidenta Bachelet por primera vez en tres décadas rompió esta tendencia con la glosa de gratuidad, igualmente los recursos del CAE aumentaron ¡un 43 por ciento! Es lo que la ministra quiere mantener “por muchos años más”.

Según cifras que publica El Mercurio, el CAE ha endeudado a 718.000 alumnos con un total de 951.000 millones de pesos, el 40 por ciento ha ido a parar a universidades privadas de dudosa calidad y mal disimulado lucro, otro 34 por ciento a institutos profesionales (IP) y un 15 por ciento a centros de formación técnica (CFT).

Es decir, casi el 90 por ciento del CAE, la principal partida del presupuesto público, ha ido a parar a instituciones de educación superior (IES) privadas, casi todas ellas con fines de lucro abierto o apenas disimulado.

Los grupos Laureate, Santo Tomás, Inacap, San Sebastián y Mayor concentran más de la mitad del CAE. Es el principal financiamiento de la educación privada, que recibe por esa vía la mayor parte del presupuesto público y no rinde cuentas a nadie, puesto que se supone que los dineros les ingresan mediante una simple compraventa. Las mejores universidades del país agrupadas en el CRUCH, han recibido apenas un 11 por ciento del CAE. Es lo que la Sra. ministra quiere mantener “por muchos años más”.

Sin embargo, el CAE es como una droga puesto que las instituciones que reciben dichos fondos deben avalar los créditos hasta que los alumnos egresen, tras lo cual el aval corre por cuenta del Estado. La morosidad es elevadísima, superando el 50 por ciento en los alumnos que desertan que son los más. Por lo tanto el nuevo CAE debe usarse en parte importante para pagar avales de los morosos del anterior. Por este motivo, la mayor parte de las IES que se financian por esta vía se encuentran en una situación financiera comprometida.

Según la misma fuente, el Estado ha aportado directamente el 43 por ciento de los recursos del CAE, mediante el subterfugio de “recomprar” a los bancos los créditos más riesgosos que son los que perciben alumnos de menores ingresos. El desembolso público no se limita a la “recompra”, puesto que se hace con un sobreprecio, que curiosamente se llama “recarga”, que entre 2006 y 2015 promedió ¡un 35 por ciento de la “recompra”! A eso hay que agregar el subsidio que el Estado entrega a los bancos para reducir la tasa de interés. Es decir, una parte muy significativa de los dineros públicos del CAE van a parar directamente ¡a los bolsillos de los bancos!

Las cifras de El Mercurio son inferiores a las que publica la DIPRES, según las cuales el CAE entre 2006 y 2015 suma 1,5 billones de pesos y solo el presupuesto 2016 destina a esta partida nada menos que 635 mil millones de pesos, lo cual sumado a las becas es poco menos de un billón de pesos destinado al “subsidio a la demanda”, mientras la gratuidad terminó en menos de medio billón tras el recorte de Hacienda. Es lo que la Sra. ministra quiere mantener “por muchos años más”.

El Ministerio de Hacienda argumenta en favor de mantener el CAE puesto que en sus cuentas lo presenta no como gasto sino como “inversión en instrumentos financieros”. Sin embargo ello es una ficción, puesto que difícilmente van a recuperar esta peculiar “inversión”. No es más que una trampita contable, un maquillaje de las cuentas públicas para que el gasto fiscal aparezca menor de lo que es. Eso lo saben bien los mandamases del Ministerio, que en realidad defienden el actual esquema porque son partidarios del subsidio a la demanda.

La gratuidad de la Presidenta Bachelet ha demostrado que es posible entregar recursos  públicos mediante una forma diferente, no como “subsidio a la demanda” ni tampoco “a la oferta” como gustan decir los “economistas de la educación” puesto que ambos conceptos suponen que hay un “mercado”, es decir, que la educación se vende, es una mercancía.  En cambio, los recursos se entregan directamente, de modo estable y adecuado, a las instituciones que proveen educación gratuita, es decir, que no la venden como mercancía. 

Las expresiones de agradecimiento de las decenas de miles de estudiantes que recibieron  este beneficio el 2016 muestra a las claras su impacto. Resulta indignante que se pretenda seguir entregando la mayor parte de los recursos públicos por la vía de endeudar a estudiantes de familias de bajos ingresos para sostener a instituciones privadas con fines de lucro y dudosa calidad, cuando los mismos recursos se pueden entregar ahora para beneficiar a los mismos estudiantes mediante el esquema de gratuidad.

Terminar el CAE y las becas ahora, incorporando a la gratuidad a todas las IES acreditadas que son las que reciben financiamiento público, permitiría largamente triplicar los beneficiarios de la gratuidad, superando de inmediato la meta del 70 por ciento de estudiantes de menores ingresos. Nada justifica no hacerlo.

Conspira contra este objetivo una visión estrecha, en el fondo sectaria, de algunos partidarios de la reforma educacional que la conciben exclusivamente a partir de las universidades estatales, las que hoy representan una parte pequeña de la matrícula de educación superior.

Es decir, una reforma educacional “de macetero” como se apodó la reforma agraria del Presidente Alessandri, que la remitió a las pocas haciendas de la beneficencia pública mientras dejaba intactos los latifundios privados. Rechazan incorporar a la gratuidad a instituciones privadas, pero no consideran que ello significa mantener el mecanismo del CAE, mediante el cual ya se les están entregando la mayor parte de los recursos públicos sin que rindan cuenta y perjudicando a la mayoría del estudiantado.

La Sra. ministra ha “mirado con buenos ojos” la sugerencia de parlamentarios oficialistas de aumentar la matrícula de las estatales al 50 por ciento del total. Pero son sólo buenas intenciones, voladores de luces. Nada de eso está en el proyecto como aclaró de inmediato un senador que oficia de vocero de las privadas. Mientras se mantenga la política de financiamiento mediante subsidio a la demanda sucederá lo contrario, como ya ocurrió tras el “Acuerdo de Arriba las Manos”.

Por cierto las universidades estatales deberán crecer mucho y probablemente lo harán rápidamente por la vía de hacerse cargo de las universidades privadas que entrarán en falencia si se les corta la droga del CAE.

Las nuevas universidades estatales deben nacer gratuitas y el resto avanzar rápidamente en esa dirección en pre y posgrados. Además, parece necesario proceder a una reforma a fondo de las mismas, saneando su precaria situación financiera y fusionado varias de modo que quede una o a lo más dos por región y en primer lugar reintegrando el Instituto Pedagógico, hoy UMCE, a la Universidad de Chile donde pertenece. Del mismo modo deben crecer gratuitamente todas las universidades del CRUCH que son las mejores.

Sin embargo, incorporar hoy a la gratuidad a todas las IES acreditadas, entregar todos los recursos públicos solo mediante ese esquema, permitirá exigir sucesivamente a todas las IES que los reciben las condiciones que permitan transformarlas de lo que actualmente son, en componentes de un reconstruido sistema de educación superior pública gratuita y de calidad, beneficiando a la mayoría de los alumnos, académicos y funcionarios.

Los estudiantes y académicos harán lo propio, exigiendo democratización y participación triestamental en su dirección, para garantizar que con autonomía estén alineadas con los objetivos públicos. La movilización en curso de los estudiantes de las universidades privadas muestra el camino, manifestando su rechazo frontal al “Gran Acuerdo Arriba las Manos 2.0”, y exigiendo el término inmediato del CAE y las becas y gratuidad ahora para todas las IES acreditadas.