Universidades estatales y reajuste del sector público: una odiosa diferenciación
No es posible desconocer las complejas circunstancias que vivimos producto de fenómenos como la inflación y el bajo crecimiento. Los duros efectos de la pandemia, así como los conflictos bélicos, siguen azotando a la economía a nivel mundial, nacional e institucional. Las universidades han sido además afectadas por la baja en los ingresos derivada del diseño de la gratuidad y la disminución de las matrículas de primer año. Todo ello las sitúa en un escenario delicado, al que las instituciones estatales suman las restricciones y limitaciones propias de su régimen jurídico y una situación que vienen denunciado por décadas: el Estado no les entrega los recursos para cubrir el reajuste salarial que, como funcionarias y funcionarios públicos, corresponde al personal académico y administrativo y, en consecuencia, deben financiarlo con cargo a su propio presupuesto.
Año a año, las comunidades universitarias tienen que enfrentar una doble negociación y las dificultades que significan los costos asociados al reajuste del sector público, lo que, en algunos casos, se traduce en una disminución real de los salarios de docentes y profesionales de apoyo. En un gesto de realismo, el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECh) sugirió a las casas de estudios que lo conforman ajustar su gasto global en remuneraciones 2023 en un máximo de 6,3 por ciento, muy por debajo del 12 por ciento acordado para el sector público, que no estaban en condiciones de asumir. Asimismo, reiteró el histórico llamado al Estado a que se haga responsable de sus universidades y no continúe consagrando las odiosas diferenciaciones entre empleadas o empleados públicos. Se trata de un punto relevante en la mesa de trabajo tripartita (gobierno, universidades y agrupaciones gremiales) impulsada desde el Ministerio de Educación y para el que se espera una positiva respuesta, a la luz del compromiso con la educación superior pública expresado por el Presidente Gabriel Boric y otras altas autoridades.
La educación superior es el eje esencial y articulador de las distintas dimensiones sociales que potencian el desarrollo humano (la salud, la nutrición, el ambiente sustentable, la economía, la política, el empleo, la equidad, la innovación, etc.), preservando y mejorando cada una de ellas. Priorizar políticas en esta área y contar con instituciones con financiamiento suficiente para cumplir con sus metas fomenta el desarrollo de la sociedad. Un sistema de universidades estatales sólido no impide otras opciones, sino que constituye el espacio que el Estado proporciona a chilenos y chilenas para acceder a una educación de calidad en un ambiente de pluralismo, laico y democrático, que favorece la integración social y la responsabilidad ciudadana. Adicionalmente, a través de su quehacer investigativo y la vinculación con el medio, las universidades estatales aportan al crecimiento y bienestar de los territorios y comunidades en los que se insertan, a lo largo de todo el país.
Actualmente, los aportes basales que perciben las instituciones que componen el CUECh representan alrededor del 15-18 por ciento de su presupuesto total. Una cifra que da cuenta de las brechas existentes y que evidencia la urgencia de establecer un nuevo trato entre el Estado y sus universidades que, entre otros efectos, propicie la estabilidad y la libertad académica y la mejor gestión administrativa.
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