Carretera hídrica, desvestir un santo para vestir a otro
A pocos meses de que Chile salga al mundo y se transforme en el anfitrión de la Conferencia planetaria más relevante para enfrentar el Cambio Climático (COP25) a desarrollarse en diciembre próximo que tendrá la participación de 195 países, estamos inmersos en la catástrofe hídrica con mayor efecto de las últimas décadas que no solo implica la falta de disponibilidad del recurso hídrico, sino que también de como peligrosamente la desertificación avanza de norte a sur generando brutales imágenes de muerte de animales de pequeños crianceros en las zonas de Putaendo, Calle Larga, Jahuel entre otros sectores rurales y lo que es peor aún va dejando de manifiesto como no se preserva el ecosistema como forma de sobrevivencia y desarrollo.
4 regiones fueron declaradas en emergencia agrícola lo que significa en términos empíricos que el ministerio de Agricultura recibe aproximadamente US$ 63 millones adicionales para proyectos de regadío, entrega de forrajes y bonos para los pequeños agricultores.
No obstante lo anterior esto no se presenta como una solución inmediata en virtud de que no se tiene contemplada la terrible burocracia estatal que opera a tiempos “jurassicos” llegando la ayuda demasiado tarde cuando las cabezas de ganado ya va alcanzando la triste cifra de 11.000 pérdidas irremplazables, dejando a un sector de la población en una total desolación desde el punto de vista de la vulnerabilidad productiva y emocional.
Dado estos acontecimientos el Gobierno presentó ante la opinión pública una serie de medidas para enfrentar la sequía, que incluye a mi juicio uno de los proyectos más peligrosos, precipitados y sin planificación que nos recuerdan el fracasado Proyecto Hidro-Aysén como es la Carretera Hídrica, propuesta realizada por grandes empresarios del sector agroindustrial y que hoy son los dueños del agua en Chile en cuanto a cantidad de derechos de aprovechamiento como de especulación de la misma, que pretende efectuar un trazado de 3.900 km. trasladando agua desde la cuenca del Bío-Bío a las zonas central y norte de nuestro país.
La peligrosidad en proyectos como este no van solamente por el alto costo económico que implica su inversión sino principalmente por el alto costo socioambiental, que traerá consigo una desenfrenada afectación al ciclo hidrológico de la cuenca del Bío-Bío, ya que según estudios no existen excedentes de agua como se señala como para trasladar a otras cuencas lo que haría inviable e improcedente el proyecto, por lo tanto podemos decir que este proyecto busca desvestir a un santo para vestir a otro afectando el ecosistema y a los habitantes que actualmente se sustentan de ello.
Finalmente el Gobierno debe considerar medidas estructurales y de fondo que se argumenten en un desarrollo de infraestructura hídrica participativa, en un nuevo modelo de gestión del recurso hídrico amparado con un nuevo Código de Aguas que tenga presente no solo que el agua es un bien nacional de uso público y NO un bien transable en el mercado.
Solo así nuestro país podrá pasar el examen de sustentabilidad ante la COP25 o de lo contrario será considerado como el alumno porro que vive solo en torno al flash fotográfico y demagógicos anuncios y lo que es peor no al bien común de sus ciudadanos que hoy lo necesitan.
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