Los desafíos de la emergencia
Las emergencias y las situaciones de excepción que de ellas se desprenden, son consecuencia del riesgo natural y antrópico al que está expuesto nuestro país. Así, pese a tener un origen natural y por lo tanto fuera del control humano, (terremotos, tsunamis, fenómenos hidrometereológicos, erupciones volcánicas e incendios), siempre es posible minimizar las consecuencias de los mismos, prioritariamente de aquellos que pongan en riesgo la seguridad de las personas.
Prevenir emergencias es el foco deseable, sin embargo esto supone un importante cambio cultural y una nueva forma de intervenir y poblar el territorio. Cada localidad debe tener conciencia de los riesgos que la acechan y la manera de enfrentarlos. Esto se logra con la educación, participación y entrenamiento de acciones definidas en un plan de emergencia.
Estos días, algunas personas me han preguntado en mi calidad de Ex Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, por qué dicha repartición no aparece durante los primeros días de una emergencia en la escena pública, pese a la desesperación de centenares de familias que perdieron sus viviendas. La respuesta tiende a ser sencilla.
Desde el primer día de la emergencia los equipos del MINVU ya trabajan en ella, participando de la cooperación intersectorial, en la recopilación de los antecedentes y en la elaboración de informes y estimaciones de daños.
Sin embargo, su rol operativo comienza sólo una vez que la emergencia propiamente tal se encuentra superada, habiéndose puesto a resguardo a las personas afectadas directamente por la catástrofe y recuperado el funcionamiento los diversos servicios básicos que pudieren haberse visto afectados. Sólo en ese momento es posible iniciar la evaluación técnica de cada vivienda afectada, como también de la infraestructura urbana y el equipamiento, información que permitirá el desarrollo del posterior plan de reconstrucción.
Esto quedó internamente establecido en el Protocolo de Operación en Período de Emergencia, cuyo principal foco es la prevención de desastres y que para ello, logró recopilar una serie de antecedentes territoriales, demográficos y de ocupación del territorio, que han permitido identificar y dimensionar rápidamente y con celeridad las zonas potenciales de afectación.
Desde el 27F de 2010 a la fecha, excluyendo la actual emergencia, en el ámbito de la excepcionalidad se han invertido cerca de tres mil millones de dólares en los ámbitos tanto de reconstrucción urbana como habitacional, buscando otorgar soluciones habitacionales a más de 262 mil familias.
Sin embargo, la normativa y la acción del Estado, siempre resultará insuficiente si no se acompaña de cambios culturales. Construir viviendas en las laderas de cerros, cerca de curso de aguas intermitentes, en suelos salinos o de rellenos, en el perímetro de plantaciones forestales, sin respetar zonas de seguridad o con inexistencia de cortafuegos efectivos, constituirá siempre un alto riesgo en la seguridad de las personas.
Colectiva y participativamente, considerando los factores de riesgo objetivos para cada comunidad, hoy más que nunca se requiere avanzar en el desarrollo de una política nacional para la gestión de riesgos de desastres, que considere el diseño de una institucionalidad más fuerte y dotada de mayores atribuciones.
La mirada que hoy se requiere es la de la cooperación y de la urgencia, las emergencias son y serán cada vez menos excepcionales y en este nuevo escenario, se exige a la oposición y sus representantes menos oportunismo y más compromiso.
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