Políticas públicas de prevención para enfrentar la sequía

Cristián Balmaceda Undurraga

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Aunque existen algunas voces perdidas que afirman lo contrario, lo cierto es que el cambio climático existe y está causando estragos a nivel mundial. Uno de los efectos más severos en Chile tiene que ver con la escasez de recursos hídricos, lo que se aprecia directamente en la ganadería, la apicultura y los cultivos.  

Esta situación impulsó al Gobierno a decretar emergencia agrícola en varias regiones del país, incluída la Metropolitana. Para quienes no tienen noción, el territorio rural abarca el 85% de la capital, siendo 17 de 18 comunas rurales las que se encuentran en estado crítico, lo que quiere decir que más pronto que tarde esta emergencia se convertirá en una realidad nacional.  

Es incuestionable que la sequía persistirá, tomando en consideración el déficit de un 70% de precipitaciones, por lo que es imperante la necesidad de tomar medidas que involucren a todos los actores relacionados, incluyendo campañas de concientización de la población. 

En este sentido, debemos cambiar el modelo de reacción a prevención orientada a la gestión del riesgo, por lo que se debe crear una política pública nacional que sea un eje rector que incluya marcos de organización y fortalezca las capacidades locales, de modo que se puedan afrontar los impactos de manera estratégica.  

Esta estrategia debiera basarse en seis principios básicos para su correcto funcionamiento. En primer lugar debe estar orientada a un enfoque preventivo, estableciendo mecanismos de monitoreo y alerta temprana, haciendo evaluaciones de vulnerabilidad, coordinando acciones de preservación del ecosistema y la biodiversidad e instaurar planes y operaciones a largo plazo.  

La descentralización es fundamental para otorgar autonomía y capacidad de desarrollo a las instituciones locales y ciudadanas, ya que la sequía es un fenómeno regional. Universidades, gobernaciones y municipios deben integrarse para lograr una coordinación y ejecución de planes eficaz y eficiente.

Por otra parte, la gobernanza del agua requiere de una toma de decisiones que involucre a todos los actores económicos, sociales, ciudadanos y gubernamentales, de modo que el proceso se inicie desde el acceso a la información sobre los efectos de la sequía a nivel local hasta el desarrollo de programas e iniciativas preventivas.  

Otro punto importante es invertir en investigación científica, materia en la que el Estado está al debe. Se requiere de un mayor compromiso institucional para mejorar las herramientas de monitoreo y pronóstico. Además, estudios económicos sobre el impacto de la sequía también serían útiles, pues este fenómeno afecta el desarrollo y crecimiento local y regional.  

El quinto principio tiene relación con la gradualidad que implica establecer los procesos de manera paulatina para ir evaluando las medidas adoptadas, con el objetivo de garantizar una mejora continua e ir adaptando las acciones para obtener resultados más eficientes.  

Coordinar e integrar las actividades de los distintos organismos y ministerios gubernamentales en todos los niveles, el sector privado y la sociedad civil, requiere de la creación de una Comisión de Gestión de Sequía, de manera que supervise y  facilite la formulación de la política. Por lo que el último principio tiene que ver con la coordinación institucional a nivel país.  

Si bien los efectos de la escasez del agua ya se sienten fuertemente en nuestras comunas rurales con la masiva muerte de ganado y las complicaciones de producción de frutas, verduras y hortalizas, todavía estamos a tiempo de salvaguardar este recurso vital para las futuras generaciones.

Necesitamos urgentemente tratar este fenómeno a nivel de Estado y a largo plazo, de lo contrario, seguiremos avanzando a pasos agigantados a un punto de no retorno.