Tragedia minera en Brasil ¿Chile está lejos de este tipo de desastres?

Felipe Gianoni

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Cuesta creer que en pleno siglo XXI sucedan tragedias como la ocurrida el 25 de enero pasado en Brasil, cuando una represa de residuos mineros ubicada en Brumadinho, estado de Minas Gerais, haya colapsado, acabando con la vida de 65 personas y desapareciendo a casi 300. 

Lo ocurrido activó todo el sistema de protección civill, e incluso ameritó la presencia del recién asumido mandatario, Jair Bolsonaro. Las autoridades investigan los hechos y ya han anunciado una batería de sanciones a la empresa minera Vale, especializada en la extracción de hierro. 

Cabe preguntarse cómo es posible que, en un país de la magnitud de Brasil, líder en producción minera, sucedan este tipo de tragedias.Para apreciar la envergadura de la actividad minera en Brasil, se puede mencionar que en 2017 la exportación de Hierro alcanzó los 383 millones de toneladas, mientras que Chile exporta poco menos de 6 millones de toneladas al año de nuestro principal producto nacional: el cobre. 

Respecto a la empresa, no se trata de un pequeño emprendimiento ubicado en algún lugar del vasto territorio brasileño. Por el contrario, Vale es una empresa cuya capitalización bursátil alcanza los 74 mil millones de dólares, lo que la ubica en el lugar 132 en el ranking de Forbes 2000.

La empresa chilena con mejor ubicación en ese ranking (648) es Falabella, cuya valoración es de US$ 23 mil millones. 

No tiene sentido que el país con la séptima economía más grande del mundo y la segunda empresa mas importante en la extracción de hierro permita que poblados enteros desaparezcan tras el colapso de una depósito de relaves. 

La pregunta que surge es si nuestro país está ajeno de tal realidad, en específico con la situación de los relaves mineros.

Mayor relevancia toma dicha interrogante cuando hemos visto durante estos días lo estragos del invierno altiplánico en las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, en donde la intensidad de las precipitaciones y la nula planificación urbana (que siempre afecta a los más pobres), termina con fallecidos, desaparecidos y con la afectación de un campamento que se ubica a los pies de una quebrada. 

Según datos de Sernageomin, ente encargado de su fiscalización, a marzo de 2018 se contabilizan 740 relaves, de los cuales 101 se encuentran activos, 170 abandonados (no se conoce su dueño) y 469 están inactivos, es decir, su vida útil ha concluido, pero se conoce quien lo administra.

EL 74% están ubicados principalmente en las regiones de Coquimbo y Atacama y de los 101 activos, 27 son considerados como “grandes”, es decir, tienen un volumen superior a los 10 millones de metros cúbicos. 

De los activos, 44 son tranques, muros de contención levantados a partir del mismo material sólido del relave, 41 son embalses (requiere de impermeabilización) y el restante corresponden a otras técnicas. 

La historia de la minería vinculada a desastres socio naturales recuerda el terremoto de La Ligua en 1965, que, tras sus consecuencias, generaría las bases para la creación de la ONEMI. Luego del sismo de magnitud Richter 7,6, un tranque de relaves de la Mina El Soldado cedió, liberando el material almacenado en su interior, lo que generó un aluvión que acabó con la vida de aproximadamente 300 personas del poblado “El Cobre”.

Según registros históricos, sólo se salvaron 10 personas. Un recuerdo más cercano se remonta al terremoto del 2010, que provocó el colapso de un depósito de relave en la comuna de Pencahue, Región del Maule. Ese hecho terminó con la vida de una familia. 

Podrían parecer hechos aislados, sin embargo, sabemos que los desastres socio naturales han aumentado en número y en su potencial destructivo. Chile tiene una larga tradición en minería, por lo que es necesario conocer los esfuerzos que realiza la industria en la prevención, mitigación y respuesta ante posibles desastres. 

Y esto no tiene que ver sólo con si un muro de un depósito de relaves cumple o no con normas sísmicas o si se mantiene vigente las fiscalizaciones a la infraestructura de una empresa, porque la respuesta probablemente será positiva.

Esto tiene relación en cómo el sector privado adopta dentro de su cultura institucional la lógica que una amenaza natural puede generar devastadoras consecuencias no sólo para la producción y su personal, sino también para su entorno social inmediato. 

Por ejemplo, muchas empresas destinan recursos para el desarrollo local. ¿No sería positivo que esos dineros también puedan financiar acciones que permita abordar la gestión de riesgo de desastres tanto a nivel de la misma empresa, como en municipios o en la población?

¿Las empresas que tiene tranques o embalses cercanos a la población, tienen suficientes instrumentos de alerta temprana?

¿Ellos están conectados debidamente con la autoridad? ¿Será suficiente la señalética para dirigir posibles evacuaciones que se generen producto de eventos naturales ajenos y propios a la empresa?

¿Cómo fortalecer las capacitaciones a la sociedad civil en caso de cualquier tipo de emergencias, sea natural o antrópica? 

Sernageomin ha mostrado gran interés y capacidad para trabajar desde la perspectiva de la reducción de riesgo de desastres. Incluso se ha anunciado un plan piloto para el monitoreo 24/7 de dichos depósitos, que recién comenzará el 2019.

Sin embargo, mientras este proyecto se implementa, cómo se vigilarán aquellos relaves abandonados que, al ser pasivos ambientales que permanecerán por siempre en los territorios, están afectos a sufrir consecuencias por la manifestación de eventos naturales extremos, tal como ocurrió en Pencahue.

Pese a ello, no basta únicamente con los esfuerzos del Estado; por el contrario, las empresas deben avanzar en un trabajo público- privado que permita anticiparse a las consecuencias de un desastre socio natural.