A un año de la Ley Karin: destapando la olla de la violencia en el trabajo
Este 1 de agosto se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley Karin, y no cabe duda de que esta normativa ha sido un punto de inflexión en la forma en que abordamos la violencia y el acoso en los entornos laborales en Chile. Por fin, después de años de invisibilización, temor y silencio, los trabajadores, y en particular las trabajadoras, cuentan con una herramienta concreta para denunciar y exigir ambientes laborales seguros y libres de violencia.
Decimos que la Ley Karin "destapó la olla" porque eso es precisamente lo que ha ocurrido: afloró una realidad que estaba presente desde hace mucho tiempo, pero que no contaba con un cauce institucional para su abordaje. Según cifras de la Dirección del Trabajo, entregadas en su primer informe correspondiente del 1 de agosto a 31 de diciembre de 2024, se presentaron 21.864 denuncias bajo esta ley. De ellas, aproximadamente 40% fue considerada como dentro del marco legal de tramitación, lo que revela no sólo la urgencia del problema, sino también las limitaciones que aún subsisten en la respuesta institucional. En el sector público la situación es igual de grave: más de 5 mil denuncias y de ellas 76% son interpuestas por mujeres.
La implementación de esta ley ha permitido visibilizar patrones de abuso, hostigamiento y acoso que afectan, con particular crudeza, a las mujeres en el mundo del trabajo (68%). El sector salud -especialmente en el ámbito público- destaca entre los rubros con mayor número de denuncias, reflejando una realidad que las trabajadoras han denunciado por años: condiciones de estrés, jerarquías rígidas, trato deshumanizante y ausencia de canales efectivos de contención.
Sin embargo, esta ley no puede ser entendida como un punto de llegada. Es un punto de partida en la implementación del Convenio 190. Los desafíos que enfrentamos son múltiples: falta de formación en las instituciones, debilidad en protocolos y mecanismos de denuncia , nueva institucionalidad para contar con priorización y transparencia en el proceso de investigación y sanción, carencia de protección laboral para quienes denuncian, y sobre todo, la ausencia de un enfoque estructural que prevenga, en lugar de sólo reaccionar.
Desde la CUT creemos que es urgente fortalecer la arquitectura legislativa contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, avanzando hacia una normativa integral y coherente, que articule la Ley Karin con otros cuerpos legales y con el Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por Chile. Este convenio no solo reconoce el derecho a un entorno laboral libre de violencia, sino que exige acciones concretas de prevención, reparación y protección, con perspectiva de género y enfoque de derechos.
En ese camino, reafirmamos la importancia de una articulación tripartita efectiva: Estado, empleadores y organizaciones sindicales deben trabajar conjuntamente, no solo para sancionar, sino para transformar las culturas laborales que perpetúan la violencia, el abuso de poder y la discriminación.
La Ley Karin es un avance significativo, pero no basta con que existan normas: deben cumplirse, deben fiscalizarse, y deben transformarse en garantías reales para quienes más sufren las consecuencias de entornos laborales tóxicos. No queremos más nombres que se conviertan en bandera de lucha. Queremos justicia, prevención y reparación. Queremos trabajos dignos y sin miedo.
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