La urgente protección social universal de la infancia

María Victoria Peralta

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Es paradojal. Cuando parte importante de la discusión nacional e internacional se centra en temas tan atractivos y actuales como la inteligencia artificial, los viajes espaciales a la Luna y Júpiter, la nanotecnología y tantos otros tópicos de avance científico y tecnológico propios del siglo XXI, y en paralelo, se da la reciente aparición del informe mundial "Mas de mil millones de razones: la urgente necesidad de construir una protección social universal para los niños" (Unicef y OIT, 2023), con escasa repercusión en el contexto nacional.

Su contenido, que en lo fundamental da cuenta que la pandemia de Covid-19 dejó 16 millones de niños y jóvenes pobres en Latinoamérica, lo que causó un retroceso de 20 años en los indicadores, debería estar siendo analizado por todos los organismos que definen políticas públicas y por las instituciones de investigación del país, a fin de tomar medidas al respecto.

El informe señala, también, la fragmentación de las medidas de protección existentes en los países, en el sentido que no son universales para todos los involucrados y además integrales, faltando sectores por atender y mayor coordinación entre ellos. Se presenta un mapa al respecto, donde de 117 países analizados, solamente 26 tienen esta protección universal; Chile aparece entre los que hay beneficios, pero que no tienen cobertura para todos los niños/as y jóvenes desde el nacimiento a los 18 años. Cabe agregar que esta "protección social universal" no se refiere al enfoque tradicional, sino que abarca diversos aspectos que los afectan, desde las licencias maternales y parentales, los programas de transferencias a las familias para los niños/as, los servicios de cuidado infantil, hasta la educación y salud pública de buena calidad.

Es cierto que Chile tiene un conjunto de políticas y programas que han permitido avances en el tiempo, como superar importantemente la desnutrición, la mortalidad infantil, entre otros, y en educación; tener una oferta de locales y matrículas relativamente universal (salvo educación parvularia), formación especializada de educadores y técnicos, etc. Sin embargo, hay áreas donde estamos al "debe" como es la educación y salud de "buena calidad" que comprende muchas dimensiones.

En el caso de la educación debemos agregar el retroceso de los niveles de matrícula, permanencia en el sistema y logro de aprendizajes relevantes; en salud, sobresale la escasa atención oportuna a los pacientes y los enormes problemas de salud mental que la sociedad en general y la infancia, están manifestando incluso antes de la pandemia.

Más de 50.000 alumnos no aparecieron en las aulas escolares en los años 2021 y 2022, según el Mineduc, y si bien estas cifras están presentando mejorías en el presente año, en especial en educación parvularia y básica, posiblemente por el Plan de Reactivación Educativa y el mejoramiento de ciertas situaciones generales, lo cierto es que preocupan los crecientes problemas que se están viendo en educación media en todos los sectores sociales.

El acoso sexual, el bullying, la violencia en todas sus formas, la indiferencia, el atractivo que ofrece la seudo "narcocultura" con sus atrayentes mensajes a los jóvenes: éxito fácil, lujo y poder, unidos a la falta de referentes positivos, son lacras difíciles de ser abordadas por los establecimientos educativos si no hay un conjunto de programas actualizados y coordinados partiendo por la labor irremplazable de la familia en ello y de la ciudadanía en su conjunto.

Por tanto, revisar y acoger las recomendaciones del informe, pareciera ser el camino que todos debemos empezar a realizar. Está en juego lo mejor de nosotros: nuestros niños/as y jóvenes, el Chile de hoy y de mañana.

Éstas son:

• Acelerar el progreso hacia la cobertura universal para los niños como un paso fundamental para mejorar su bienestar
• Garantizar niveles de beneficios adecuados para generar un cambio significativo en la vida de los niños
• Proporcionar una amplia gama de beneficios que apoyen a los niños y las familias a lo largo del ciclo de vida
• Asegurar un financiamiento sostenible y equitativo de los sistemas de protección social que permita la inversión en protección social para los niños
• Construir sistemas de protección social basados en derechos, inclusivos, sensibles al género, informados y capaces de responder eficazmente a múltiples perturbaciones y crisis
• Garantizar que los sistemas de protección social se adapten a la evolución del mundo del trabajo para mejorar la seguridad económica para padres, cuidadores y sus familias.