No hay más tiempo, necesitamos un modelo de garantías para la Infancia

El reciente Informe de la ONU ratifica la vulneración a los DDHH de los niños del SENAME por parte del Estado, lo cual da urgencia al trabajo legislativo que hemos venido desarrollando y que tenemos pendiente en su tramitación. 

Sería bueno que partiéramos por hacernos cargo de alguna de las causas planteadas en el Informe, donde se encontraría la visión tutelar que tenemos como sociedad respecto a la Infancia y la excesiva judicialización que existe al respecto. 

Cuando analizamos dichos razonamientos reiteramos la necesaria creación de un Sistema de Garantías de la Niñez que se encuentra en tramitación en el Senado, donde esperamos que lleguen en septiembre las indicaciones del gobierno.

Sabemos que la actual Ley de Menores, mantiene la concepción del niño como un objeto, donde la visión adulto-centrista tiende a tomar decisiones respecto a su rol en la sociedad.

Lo que hace la Ley de Garantías es crear un sistema de derechos garantizados para los niños, niñas y adolescentes (NNA), lo cual asegura que serán tomados como plenos sujetos de derechos, y en cada decisión que les compete se tomará en cuenta su posición y opinión. 

Respecto a la necesidad de desjudicialización, el proyecto crea un sistema de protección administrativa, reconociendo competencia al ministerio de Desarrollo Social para que adopte las medidas necesarias en caso que un/a NNA se vea vulnerado/a en sus derechos.

Creemos que dicha protección administrativa debe ser interministerial, existente en todo órgano del Estado que tenga incidencia sobre políticas de infancia como educación y salud, especialmente. Así, los funcionarios que estén a cargo del sistema de protección deberán tener la especialización necesaria para tratar temas de Infancia. 

El sistema administrativo debe ser la regla general, para posteriormente y en última instancia, optar por judicializar la Infancia. Esto debe ser evitado, ya que el sometimiento a un proceso judicial es una gran presión para las niñas y niños, afectando sus derechos, porque agudiza una revictimización del/a NNA afectado/a. 

Así lo expresado por  la UNICEF en el 2015, donde señalaclaramente que, “el enfoque tutelar ha implicado una recurrente judicialización de los casos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, como respuesta a situaciones de carencia o vulneración. Se propone la expansión de la vía administrativa como mecanismo previo de abordaje de las problemáticas que afectan hoy a los menores”. 

Para lo anterior será necesario desarrollar la pendiente articulación territorial del nuevo sistema de protección donde las diversas instituciones locales tengan incidencia en éste: municipios, OPD, o nuevas entidades que se hagan cargo de la protección de la infancia en el territorio. 

Por último, quiero referirme a la Región de Valparaíso, respecto al CREAD de Playa Ancha, donde el informe planteó su cierre inmediato. Si bien oficié al respecto al SENAME para conocer el proceso de cierre de dicho centro, éste sería ejecutado a partir del 2019, siendo reemplazado por centros residenciales pequeños que otorguen un mayor resguardo a los NNA. Pero dada la entidad de las vulneraciones ratificados por la ONU, debemos hacer un esfuerzo para darle urgencia a su tramitación, viendo alternativas que reduzcan el peligro para éstos. 

El nuevo informe ratifica lo señalado por las anteriores comisiones y da evidencia de nuestra deficiencia como país en poder dar soluciones a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Por esto, es que debemos avanzar en conjunto en otorgar un nuevo Sistema de Derechos para la Infancia, donde esperamos que pronto el gobierno presente su propuesta, para zanjar de una vez por todas dicha situación y contemos con una nueva Institucionalidad de Protección a la Infancia.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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