Brasil: crónica de una crisis política anunciada

Fora Collor se gritaba en las calles de Brasil en el año 1992. Finalmente el Presidente Collor de Mello, acusado por corrupción por la Cámara de Diputados, dejó su cargo y posteriormente fue inhabilitado por 8 años para cumplir cualquier función pública. Lo que fue visto como un logro de la democracia que enfrentaba la corrupción desde su más alto nivel, en realidad se constituyó en un anuncio de lo que vendría después.

La utilización de empresa públicas para el financiamiento irregular de campañas, el enriquecimiento ilícito y otros esquemas delictuales que vinculan el poder político y las empresas han sido temas recurrentes en Brasil llegando incluso a traspasar sus fronteras nacionales.

La naturalización de estos esquemas de corrupción tiene consecuencias de largo plazo en la calidad de la democracia al perder de vista la tarea principal de los representantes de la ciudadanía. No enriquecerse, ni lograr sus objetivos a cualquier costo sino generar políticas que permitan mejorar la calidad de vida de millones de brasileños. 

Lula durante sus 8 años de gobierno generó mejoras innegables en lo económico y social.No fueron pocos los que hablaron del milagro brasileño, con indicadores extraordinarios. Así por ejemplo entre 1996 y 2006, las cosechas del país crecieron más del 360%, las exportaciones de carnes se multiplicaron por 10. También entre el 2003 y 2013 los brasileños que vivían en extrema pobreza pasaron del 10% al 4%, en palabras del Banco Mundial “Brasil es uno de los ejemplos más brillantes de reducción de pobreza en la última década”.

Los exitos económicos dejaron de lado la agenda de reformas políticas que pudiera hacer frente a un esquema de penetración de corrupción en la política cotidiana. De hecho, el Partido de los Trabajadores se ha visto involucrado en múltiples casos, el Mensalao con más de 25 personas condenadas por usar dinero público para comprar votos de congresistas es tal vez el caso más conocidoy a pesar de su complejidad no logró golpear la reputación del Presidente Lula.

Pero con crisis económica es otro el telón de fondo.A la Presidenta Rousseff le tocó la parte baja del ciclo como le llaman los economistas o las consecuencias del populismo de Lula como le dicen los opositores, con incrementos sustanciales de la inflación, el desempleo, el déficit y la caída del crecimiento. En este marco la corrupción toma una relevancia diferente.

Todo estalla cuando el  Presidente del Senado, primer senador en ejecicio enviado a prisión por corrupción, decide participar en la “delación premiada” entregando más de 200 nombres de políticos de al menos 18 partidos que recibieron pagos de campaña de Odebercht. Paradojalmente el senador Amaral, ex director de Petrobras durante el gobierno de Cardoso, fue nombrado Presidente del Senado por que “sabía muchos secretos” y podría mantener a raya las necesidades de los honorables. Los detalles del caso demuestran la complejidad de una forma de hacer política donde los beneficios personales pasaron a ser el primer eslabón en la toma de decisiones políticas.

Los escándalos de corrupción en la construcción de los estadios de fútbol del reciente Mundial y de las instalaciones deportivas de las próximas Olimpíadas no ayudan en aplacar la frustración ciudadana.

En el medio de esta tormenta se encuentra la Presidenta Rousseff cuya falta de liderazgo e incapacidad para instalar una agenda de reformas políticas que la alejen de los escándalos la encierra en un círculo cada vez más pequeño, con fuertes arremetidas de los medios de comunicación y grupos de poder político, pero sin el apoyo ciudadano requerido para gobernar en tiempos de crisis económica.

La espiral continua, otro senador es acusado de lavar dinero de Petrobras entre el 2010 y el 2014, con un estimado de más de 6 millones de dólares en sobornos directos usados para gastos personales entre ellos la compra de autos de lujo, el senador es Fernando Collor de Mello.  

Una demostración más que la corrupción no puede autoregularse o dejarse como una tarea para después sino que debe convertirse en parte central de las agendas gubernamentales para aumentar la calidad de la democracia, para asegurar legitimidad de la política y para sin duda castigar a los que ven en el ejercicio del poder una forma de enriquecerse.  Para los que gritan Fora Dilma, cuidado que no hay nada peor que tropezar dos veces con la misma piedra.

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