Cristina contra los terroristas buitres

¿En qué  irá a terminar el duelo entre Cristina Fernández Kirchner y los Fondos Buitres que la acosan?

La semana pasada, en su discurso de agradecimiento por el apoyo que recibió de parte de la ONU respaldando la postura de su país en esta difícil negociación de la deuda externa, la Presidenta argentina los calificó de “terroristas económicos”.

“Porque no solamente son terroristas los  que andan poniendo bombas-dijo - también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación”.

Los “buitres” son el 1 por ciento de sus acreedores que compraron bonos a precio de ganga y ahora quieren cobrar una tasa de 1.600 por ciento de intereses. Algo que en todos los idiomas se llama usura.  Se negaron a repactar la deuda, en circunstancias que la gran mayoría de los tenedores de bonos, el 92,4 por ciento, ya lo hicieron: en 2005 y en 2010.

La Presidenta afirma que tiene el dinero, que su país no está en default (cese de pagos), y quiere pagar a los tenedores de bonos que aceptaron el canje de deuda, pero no se lo permiten. Un árbitro del conflicto, el juez Thomas Griesa, de Nueva York, dictaminó hace dos años que Argentina no puede servir la deuda a los que repactaron si no lo hace con todos los acreedores devolviéndoles todo lo adeudado, intereses incluidos.

La propuesta que Cristina presentó en forma de proyecto de ley al Congreso de su país a mediados de agosto es que le permitan pagar a los bonistas con los que se ha repactado en Buenos Aires en lugar de Estados Unidos o Europa, para esquivar la sentencia. La iniciativa presentada a los legisladores como “Patria o buitres”, fue aprobada por el Parlamento argentino a comienzos de septiembre.

La deuda externa en el vecino país se arrastra desde hace mucho, pero la más millonaria nació con la dictadura de Videla, Galtieri, Massera y Viola (1976-1983) cuando el ministro de Economía Martínez de Hoz introdujo en el país el modelo neoliberal. Fernández afirma que antes de esa fecha, la Argentina debía 6 mil millones de dólares. Hasta ahora ha pagado 190 mil millones y aún sigue debiendo 140 mil millones.

Ha sido el gran tema de los gobiernos Kirchner. A Néstor Kirchner, su marido y antecesor en el cargo, le indignaba la cantidad de la deuda heredada y en un comienzo de su mandato no quería cancelarla.  Al final pagó todo lo que se debía en ese momento al Fondo Monetario Internacional como una forma de desligarse de sus directrices y seguir un modelo económico distinto al neoliberal.

Cristina, que ha continuado ese camino, ha sido más rebelde aún. Ella piensa que el verdadero foco de corrupción en los países está aquí:  empresarios privados se endeudan con créditos del extranjero y luego, cuando no pueden pagar sus altísimos intereses, estatizan la deuda.

En un artículo en el diario El País de España por esos mismos días, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz reconoce que el desembolso en los términos dispuestos por el juez Griesa, “devastaría la economía de Argentina”, ya que “cada argentino tendría una deuda de más de 3500 dólares, equivalente a la tercera parte del ingreso per cápita del país. Todo para llenar los bolsillos de algunos multimillonarios decididos a exprimir al país y dejarlo sin un centavo”.

Y junto a Robert Solow, también Nobel de Economía, y otros destacados economistas internacionales,  a fines de agosto firmaron una carta dirigida al Secretario General de la ONU Ban Ki -Moon, sugiriéndole que se cree a nivel mundial una nueva normativa para enfrentar los endeudamientos soberanos por parte de los países y que la actual disputa de Argentina con los “Fondos Buitre” sería la ocasión para ello.

El 9 de septiembre, la ONU  aprobó por amplia mayoría la resolución 68/304 que ordena la conformación un marco jurídico global para la reestructuración de la deuda soberana de los países  a partir de la propuesta argentina. Es lo que Cristina agradeció en su reciente discurso ante la Asamblea General.

El problema es que la resolución, aún con una aprobación mayoritaria de una organización mundial que integran 193 países, no es vinculante, es decir, no es obligatoria. Y lo que es más grave, Estados Unidos votó en contra.

Cristina ganó la batalla moral a nivel mundial, pero al cierre de esta edición todavía se espera el desenlace de su duelo con los Buitres.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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