Casi veinte días después del golpe de Estado, la junta militar que volvió a tomar el poder en Myanmar está enfrentando una creciente revuelta social, con protestas diarias, llamados a la desobediencia civil y huelgas generales, lo que ha sido respondido con una fuerte represión de parte de las fuerzas de seguridad locales.
Los últimos reportes hablan una preocupante situación con la detención de casi 600 activistas y líderes políticos, los que han aumentado a medida que se incrementa el apoyo a las movilizaciones.
Esto ocurre luego de que el general Ming Aung Hlaing alegará que los resultados de las pasadas elecciones de noviembre -que dieron una victoria abrumadora a la Liga Nacional para la Democracia (LND) sobre el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, cercano a las FF.AA.-, fueran supuestamente fraudulentos, lo que llevó a que el día antes de que el nuevo Parlamento jurara a los miembros electos, se tomaran detenidos al Presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, junto a ministros y diputados.
A pesar de la gravedad de este escenario en el sudeste asiático, caracterizado por la transgresión de los derechos humanos, desde la comunidad internacional la reacción ha sido débil y no ha sido capaz de disuadir a los militares birmanos de continuar con el uso desmedido de la violencia en contra de manifestantes.
Si bien Estados Unidos ha liderado, junto a Reino Unido y Canadá, las sanciones a oficiales del Tatmadaw, la línea más moderada de Rusia y de China -en particular- ha puesto en cuestión el avance en el Consejo de Seguridad ONU de acciones significativas, más allá de las declaraciones de condena.
Lamentablemente los intereses económicos no son posibles de soslayar al momento de comprender la reacción del gigante chino como de la ASEAN. Myanmar es un país rico en petróleo, gas y otros recursos naturales, y estratégico por el proceso de relocalización de las antiguas fábricas textiles. Esto ha sido fruto de la adopción de una serie de políticas para la apertura a inversiones extranjeras a partir de los 90', que benefició a una serie de transnacionales en esta diarquía entre la burocracia militar con la emergente clase política.
En ese sentido, la ausencia de una respuesta fuerte de la comunidad internacional no va de la mano con una Myanmar que se encuentra atrapada hace más de una década en un proceso de transición que la mantiene en el mismo punto: la conducción estatal por parte de los militares y graves crímenes en contra de la humanidad.
Esto ha sido la tónica desde independencia de Reino Unido en 1948, y que se confirmó luego del estallido del "Levantamiento 8888", que reclamaba la apertura política del país frente a la aplicación de la vía birmana al socialismo, óbice de acabar con el general Saw Maung a la cabeza en 1988. A su vez, la pérdida de la democracia se volvió regla en 1990, cuando la junta militar, al perder los comicios convocados ante la Liga Nacional para la Democracia, ignoró los resultados y se negaron a renunciar.
A lo largo de todos estos años, la junta militar ha tenido un panorama de guerras civiles y numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos en contra de minorías étnicas. Entre ellas destacan las de los Shan -donde el Ejército ha realizado ataques sexuales sistemáticos y selectivos de mujeres y niñas para conseguir su huida hacia Tailandia -, los Karen -que derivaron en la respuesta ofensiva del Ejército Kachin para la Independencia en 2011 - y los Rohingya -que han sido víctimas de un campaña de limpieza étnica desde 2013 -.
En los últimos años se generó una hoja de ruta que abrió una tentativa tutelada, con la disolución del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, la liberación de Suu Kyi, la restauración de las relaciones con Occidente y la celebración de elecciones en 2015. Esa vez contó con la participación y triunfo de LND, aunque los militares retuvieron parte importante del poder, incluido el derecho a nombrar a un cuarto del Parlamento como el control de empresas estratégicas.
Es probable que no sea un "fraude electoral" lo que obstruyera el camino en Myanmar hacia la democracia, sino que la victoria del LND con un 83% amenazó el equilibrio de poder de los militares, frente a las promesas de reformas que terminaran con los vetos castrenses. En vez de aceptar la erosión de su facticidad, estos optaron por suspender el experimento y volver a hacerse del gobierno.
Luego, también es importante tener en cuenta que el golpe parece haber sido preparado con tiempo, dado que la planificación y coordinación sugieren un liderazgo de las Fuerzas Armadas pensado a largo plazo con el general Ming Aung Hlaing, de quien se sospechaban intensiones presidenciales.
En consecuencia, se hace necesario que desde países como el nuestro, con experiencia en traspasos de poder entre dictaduras y democracias, nos hagamos parte. No nos podemos sumar al aprovechamiento del empobrecimiento de la población birmana mediante el silencio, ni enmudecer frente a los graves crímenes de los militares, que han probado ser consistentes en sus altos niveles de brutalidad. Pase lo que pase en las próximas semanas y meses, los problemas de Myanmar sólo parecen empeorar.
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