Represión ciudadana

La prensa y las redes sociales difunden estos días una imagen que muestra a un grupo de adolescentes musulmanas encarceladas en Egipto por manifestarse sin autorización contra el Gobierno militar. El texto que acompaña la fotografía asegura que las jóvenes podrían ser condenadas a varios años de cárcel.

En España, el Gobierno que preside Mariano Rajoy tramita una Ley de Seguridad Ciudadana que castigará con duras penas a quienes se atrevan a protestar sin permiso , a los que acosen a quienes ostentan un cargo público, a los que hagan barricadas o participen encapuchados en manifestaciones.

No es comparable hoy la situación de Egipto con la de España pero el texto de este proyecto presentado por el ministro del Interior Fernández Díaz provoca inquietud ya que se trataría de un recorte de garantías y derechos a todas luces innecesario e imprudente.

El Gobierno estima que se trata de endurecer el castigo a conductas antisociales.

La oposición interpreta este proyecto de ley como un intento descarado de legalizar la represión.Añade que es un triunfo de los sectores más conservadores del Partido Popular y que ratifica el miedo que atenaza al Gobierno por el descontento de la mayoría de los españoles.

Hay que reconocer que pese a los millones de puestos de trabajo perdidos, a los recortes de salarios y de presupuestos en sectores tan sensibles como la educación o la salud, los españoles han salido a la calle en casi 4 mil ocasiones en 2012 para manifestar con gran civismo su rechazo a las medidas de austeridad.

Salvo en contadas ocasiones se han registrado enfrentamientos, desórdenes y nunca saqueos.Exaltados los hay y aprovechan cualquier ocasión para hacerse notar. Pero éste no es el caso, precisamente.

En cuanto a inseguridad ciudadana, España figura entre los países de Europa con menos delincuencia .Tampoco es un asunto que inquiete a los españoles Ocupa el décimo tercer lugar entre los problemas que les preocupan. La corrupción si es vista como un asunto grave.

Por tanto, ¿cuál es el afán del Gobierno para blindarse ahora, cuando el propio presidente Rajoy y sus ministros insisten que en 2014 se consolidará el fin de recesión?

Puede que ni ellos crean que los dichosos brotes verdes darán frutos la próxima primavera.

De los 34 asuntos incluidos en el polémico proyecto de Ley, la mitad está relacionado con la aplicación de penas a manifestaciones no autorizadas.

Se considera infracción muy grave, que pueden acarrear multas que van desde los 30 mil euros a los 600 mil euros (desde 21 millones de pesos a 420 millones, nada más ni nada menos) convocar y asistir a manifestaciones con finalidad coactiva desde el cierre de la campaña electoral hasta el fin de la votación.Perturbar el orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos y oficios religiosos.Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares como aeropuertos o centrales nucleares.

Se consideran infracciones graves, merecedoras de multas de mil a 30 mil euros:

Manifestaciones y reuniones sin autorización y la negativa a disolverse. Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso y el Senado. Perturbaciones graves en centros culturales y deportivos. Obstruir a la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas, como es el caso de los desahucios a personas que deben abandonar sus casas por impago de hipotecas. Desobedecer o resistirse a los agentes de la autoridad y la negativa a identificarse. Hacer barricadas que impidan la libre circulación.

España y sus símbolos ocupan apartados en esta ley.Se considera falta grave las ofensas y ultrajes a España, a su himno y a su bandera.

Partidos políticos, asociaciones de jueces, e incluso de policías, consideran que esta ley va demasiado lejos. Y no faltan razones.

El Ejecutivo se encargará de sancionar administrativamente a los infractores, sustituyendo a los jueces, como ocurría hasta ahora.

A los que le caiga un castigo por contravenir esta Ley les quedará como alternativa la vía de lo contencioso para recurrir. Lo que significa que deberá asumir por su cuenta los gastos que implica un recurso.

Aunque se trata de un proyecto, los españoles tienen otro problema que se añade al calvario de apretarse el cinturón, de vivir con salarios congelados o reducidos, de aguantar leyes laborales que favorecen la precariedad y que invitan hacer las maletas y emigrar.