Caso Audios y la urgente necesidad de fortalecer la regulación del lobby
Las revelaciones de la Fiscalía en el proceso de formalización de los protagonistas del denominado "Caso Audios" no han dejado a nadie indiferente. Los oscuros entramados financieros y redes de tráfico de influencias desvelados han suscitado una oleada de indignación y un escrutinio público intenso, particularmente sobre el pasado del controvertido abogado Luis Hermosilla.
Uno de los redescubrimientos más compartidos en redes sociales es una fotografía de hace una década, en la que Hermosilla y los exministros de Sebastián Piñera Andrés Chadwick y Pablo Longueira posan en la portada de la revista Capital bajo el título "Privatizados". Con aquella imagen se anunciaba su incursión en la relación entre empresas y comunidades, negando rotundamente que estas actividades pudieran ser calificadas como lobby. Hoy, con las formalizaciones por cohecho, la ironía de aquella escena y la frase que la acompañaba es imposible de ignorar y ha sido objeto de un amplio debate.
La ambigüedad sobre lo que realmente constituye el lobby y la falta de una regulación clara en Chile es un problema que ha perdurado durante años. En este contexto, es oportuno destacar un estudio reciente que aborda esta situación de manera exhaustiva. Titulado "La Regulación del Lobby y de la Influencia en Chile" y publicado en mayo por la OCDE en colaboración con el Gobierno, este informe presenta un diagnóstico preciso y ofrece propuestas para abordar las debilidades del marco regulatorio vigente.
Entre las principales recomendaciones se destacan la ampliación de la lista de "sujetos pasivos" -autoridades y funcionarios públicos que deben registrar sus interacciones con lobistas-, la revisión de la definición de lobby para incluir formas indirectas de influencia, como las redes sociales, y la creación de un portal centralizado que facilite el acceso público a toda la información relacionada con estas actividades. Además, se propone establecer un Código de Conducta obligatorio para los lobbistas, con sanciones efectivas en caso de incumplimiento. También se sugiere que el país podría añadir a la ley del Lobby una disposición que obligue a las personas jurídicas a transparentar sus fuentes de financiación. Finalmente, para abordar la actual deficiencia en la aplicación de la ley, se recomienda crear un organismo independiente que supervise su implementación y cumplimiento.
La puesta en marcha de las medidas propuestas debe verse como un componente esencial en la modernización del ecosistema de integridad que Chile tanto necesita. Estas acciones son determinantes para mitigar la influencia indebida y la captura de decisiones públicas por intereses privados. Otra pieza clave que también menciona el estudio de la OCDE es la regulación de la "puerta giratoria" -cuando personas pasan del sector público al privado y viceversa-, una de las grandes reformas pendientes en materia de probidad.
El Congreso y el Gobierno ya cuentan con diagnósticos detallados y propuestas para fortalecer la regulación del lobby y otros temas afines. Lo que no tienen es más tiempo para seguir postergando soluciones. Esto es fundamental, no solo por el escándalo que inevitablemente continuará ocupando titulares y otros que puedan surgir, sino también por los nuevos desafíos en materia de seguridad y crimen organizado transnacional, que son de una escala mayor. Proteger nuestras instituciones de ser capturadas es, hoy más que nunca, una tarea urgente.
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