Curas pedófilos, la ley pareja no es dura

Lidia Baltra

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Con algún alivio se han recibido los primeros pasos que el Papa Francisco ha dado para corregir su error de no creer el clamor de las víctimas en el caso de los curas pedófilos durante su visita al país en enero. Llamó al orden a Roma a todos los obispos chilenos, y aceptó la renuncia de cinco que taparon esos delitos. 

Tras el informe que le entregara su enviado especial, el Obispo Charles Scicluna (que trabajó junto al ex Papa Benedicto XVI, el que inició la lucha contra la pedofilia en la Iglesia) ha separado de sus cargos a los obispos Barros, Goic, Valenzuela y otros dos por expiración de su mandato en razón de edad. 

Pero se espera más. “¡Que se vayan todos!” , exigió una de las víctimas, Juan Carlos Cruz , refiriéndose a los integrantes de la Conferencia Episcopal, porque a su juicio, no habría ninguno que se salve de la responsabilidad de haber desestimado por años los delitos de pedofilia en la Iglesia Católica chilena. 

Pero también se requiere fuerte sanción para los curas pedófilos mismos por aprovecharse de la fe de incautos jóvenes para coaccionarlos con su ministerio religioso. 

Si bien algunos estiman que la pedofilia  - o atracción sexual por menores de edad de su mismo o de cualquier sexo - es una enfermedad psiquiátrica, también es un delito y un crimen penado por la justicia civil, pues deja muchos niños y jóvenes  destruidos como personas para el resto de sus vidas. Y los hechores deben pagar por eso. 

Para procesarlos hay una justicia canónica, la que ejerce la Iglesia Católica, y otra justicia civil, a cargo de los tribunales ordinarios de justicia. Hasta ahora, la pena máxima que impone la primera, es expulsarlo de la institución o separarlo del servicio religioso. 

De 6 mil demandas por pedofilia que ha recibido el Vaticano entre 2004 y 2013 (después que en 2002 se desatara el escándalo de mayor pedofilia mundial en la Iglesia de Boston, en EUA), sólo se consideraron “creíbles” la mitad y sólo 848 sacerdotes fueron expulsados de la Iglesia. Otros fueron trasladados de parroquia  o quehaceres con prohibición de tener contacto con niños. 

Pero ni siquiera eso sufrieron algunos pedófilos encopetados como el cura mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien abusó durante años de muchos menores. Sin embargo, su amigo, el Papa Juan Pablo II acalló las denuncias contra él y hasta le dio su bendición en el Vaticano cuando cumplió el 60ª aniversario de su ordenación sacerdotal. Otro “legionario” aquí en Chile, el cura John O´Reilly, fue condenado únicamente a 4 años de “libertad vigilada”. 

En el caso de Boston, denunciado por el diario Boston Globe y que difundió la película ganadora del Oscar 2016 “En primera plana” ( Spotlight), 300 curas fueron acusados de pedófilos, de los cuales 250 fueron encubiertos por años por el jefe de esa arquidiócesis, el Cardenal Law.

Este debió renunciar, pero el Papa Juan Pablo II lo recibió en Roma, donde continuó ostentando el título de Cardenal,  nombrándolo Arcipreste de la Basílica Santa María Maggiore. Murió en su lecho de enfermo en diciembre último. 

En cambio sí expió sus culpas un cura pedófilo de su rebaño, John Geoghan, que murió estrangulado por un recluso en la cárcel donde cumplía 10 años de presidio. Se sabe que la Iglesia de Boston quedó en bancarrota por las indemnizaciones que debió pagar a las víctimas de la pedofilia eclesiástica. 

Y esto es justamente lo que todos esperamos: que de la sanción canónica, se pase a la de la justicia civil. Que se les aplique la ley penal al igual que a los pedófilos laicos. Y si no hay demanda ante ésta por parte de una víctima, la Iglesia puede hacerlo, derivando los casos a la justicia. 

En nuestro país, según un reportaje de La Tercera en enero último, de los 80 denunciados (desde 2002), 25 fueron sancionados por el derecho canónico y sólo 20 por la justicia civil.  Los investigadores informan que la Iglesia Católica retiró de su sitio web la lista de condenados por pedofilia hace dos años, cuando llegaba a 32 y quedaban 11 casos pendientes, 6 cerrados por “traslado o fallecimiento (incluyendo suicidios), y 18 casos sobreseídos por “falta de pruebas que acrediten el delito” o por prescripción de la pena. 

Aquí todo comenzó” en 2002 (mismo año que el escándalo de Boston) con Andrés Aguirre, el “cura Tato, demandado por una madre por haber violado a su hija. Lo detuvo la Brigada de Delitos Sexuales, fue procesado y condenado a 12 años de cárcel más una indemnización a la víctima. Alcanzó a cumplir su pena antes de morir en 2013. 

Pero hay casos importantes que han quedado en la impunidad. Al obispo José Cox lo enviaron a meditar a un convento en Alemania y el cura Fernando Karadima tuvo sólo sanción canónica, pero fue sobreseído en el juicio criminal por prescripción del delito. 

En estos momentos se debate en el Parlamento una legislación que corregirá la actual y determinará, o la extensión de la prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores hasta en 30 años, o serán imprescriptibles.