El “mocito” y lo pendiente

Fue poco después de la muerte de Pinochet ocurrida en diciembre de 2006 que apareció en la escena judicial Jorgelino Vergara, el “mocito” del Mamo, cuyas revelaciones han pasado a ser de conocimiento público sólo seis años más tarde, gracias al libro del periodista Javier Rebolledo.

¿Quién es realmente el personaje? ¿Por qué esperó hasta la muerte del genocida para decidirse a contar los horrores en que participó cualesquiera haya sido la calidad en que lo hizo?

¿Por qué nunca hace juicios incriminatorios contra Pinochet y la plana mayor? ¿Lo sabremos alguna vez?

Cualesquiera sean las respuestas, si las hay, lo cierto es que sus confesiones a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y al juez Víctor Montiglio, lamentablemente fallecido, constituyen uno de los más valiosos testimonios de la maldad humana y de los extremos a que llegó una clase social y los ejecutores a su servicio para poner a salvo un sistema social que garantizara sus desproporcionados privilegios.

Los abogados de derechos humanos conocimos en su momento tales declaraciones, pero por una parte entonces era preciso respetar el secreto del sumario que signaba al antiguo procedimiento penal aplicable en la especie y por otra parte hubiera sido un grave error perjudicar o alterar en lo más mínimo la continuidad de las investigaciones en esa época.Porque los dichos de Vergara fueron confirmados judicialmente.

En esas fechas sólo podíamos a lo más, como hicimos, informar privadamente a los familiares acerca de la verdad de lo sucedido a los suyos. Debo decir que mi experiencia en ese duro trance fue comprobar, una vez más, la firme madera de que están hechas las y los familiares de las víctimas.

Las torturas y asesinatos del cuartel de la calle Simón Bolívar, cuartel de la muerte del que nadie salió vivo, dirigidas especial pero no exclusivamente a los dirigentes comunistas, tuvieron lugar entre los años 76 y 77 y fueron ejecutadas por la Brigada Lautaro que dirigía el oficial de ejército Morales Salgado y de las que no todos sus integrantes han sido singularizados ni procesados. Morales es el mismo que participó en el asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires.

Como se sabe, en julio de 2001 el funcionario de Carabineros ya jubilado, Emilio Troncoso Vivallos, originario de Bulnes, en el marco de la investigación por el caso "Conferencia" declaró que a inicios del 76 la DINA se reorganizó internamente y que él pasó a trabajar bajos las órdenes de Germán Barriga, mencionando haber sido él quien ató con alambres el cuerpo de Marta Ugarte que lanzó al mar desde un helicóptero y que por haber sido mal amarrada permitió que su cuerpo apareciera poco después en las playas del Molle lo que le habría costado una sanción.

Recuerdo todo esto porque es en esa misma declaración en la que menciona que en la brigada Lautaro trabajaba un agente civil de nombre Jorge Vergara, agregando que era una persona joven.

Fue sólo a principios del 2007 que la PDI logró encontrar al interior de Curicó a Jorgelino Vergara, quien declaró que los crímenes referidos por Troncoso Vivallos y otros agentes, no habían ocurrido en Villa Grimaldi sino en Simón Bolívar lo que posibilitó que se reinterrogara a esos agentes los que reconocieron la existencia del cuartel. Vergara fue traído a Santiago y puesto a disposición del juez Montiglio.

Hay todavía muchos puntos oscuros y debe valorarse que el libro de Rebolledo contribuya a la difusión de aspectos que hasta ahora no habían sido explícitamente reconocidos como por ejemplo la participación en la represión de poderosos empresarios nacionales, como es el caso de Ricardo Claro.

El libro aludido es de reciente aparición y ya agotó la primera edición. ¿Cómo puede sostenerse que el tema de los derechos humanos no interesa en este país?

Cosa distinta es que determinados medios de comunicación, varios de los cuales más de algo tienen que decir respecto de los crímenes de lesa humanidad, no den espacio a las noticias sobre DDHH, o las restrinjan.

El reciente procesamiento de dos coroneles de la Fuerza Aérea por la muerte en tortura del general Alberto Bachelet así como diversas diligencias en el expediente acerca del probable asesinato de Pablo Neruda muestran la plena vigencia de las consecuencias judiciales de las violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe militar del 73.

Digamos de paso que el caso Bachelet muestra hasta el punto que llegó la penetración ideológica al interior de las FFAA que hizo posible que compañeros de armas, amigos de toda una vida, no dudaran en torturar y matar a sus propios compañeros y amigos, acusados de “traición a la patria” por defender a un gobierno constitucional, si éste era de Izquierda.

El Pentágono y la Escuela de las Américas calaron hondo en los uniformados y encontraron terreno fértil en instituciones cuya formación y condiciones de ingreso son tan distantes del ciudadano común y corriente.

Todavía más, las 1.300 querellas que desde el 2010 hasta este año han sido presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos por un número similar de ejecuciones ilegales nunca investigadas, entre ellas los casos Allende y Bachelet, han permitido el esclarecimiento de numerosos crímenes y la detención y procesamiento de decenas de agentes ejecutores que jamás pensaron que algún día se pondría fin a su impunidad.

Hay pues muchas tareas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación y ellas deben comprometer al conjunto de la sociedad nacional si de veras aspiramos a construir una democracia auténtica y sólida.

Entre esas tareas ha de abordarse la responsabilidad penal de los civiles, políticos, dueños de medios de comunicación, agentes externos y demás que participaron en el quiebre constitucional del 73 ya sea de modo directo o conspirando en las sombras para provocarlo. No dudo que esos desafíos de dignidad y respeto al Derecho serán abordados y cumplimentados.