Ese tufillo autoritario

El cruel asesinato de Khadafi a manos de las tropas de la OTAN y de EEUU es punto de partida indispensable para cualesquier reflexión acerca de la situación política internacional y en particular acerca de la real soberaníade los Estados y su dependencia de la economía global.

Así como del poder político y militar en un mundo globalizado y sometido a la hegemonía del gran capital.

El líder libio, hasta hace muy poco recibido con los brazos abiertos lo mismo en la Casa Blanca, que en el Quirinal o en la Moncloa o en el Elíseo, no fue capturado por unos supuestos “revolucionarios”.

Tras miles de operaciones aéreas, fue asesinado por sus antiguos socios y no habrá mentira que valga, ya conocemos el cuento de Irak y las armas nucleares y otros burdos montajes, sin excluir el 11 - S.

Para el sistema hegemónico no hay soberanías, ni independencias nacionales y su voluntad se impone a como dé lugar sea donde fuere.

El asunto es que el poder dominante trasmite sus conductas y hábitos y sucede que, en determinadas condiciones, sus estilos facilitan comportamientos igualmente antidemocráticos en los estados nacionales, allí donde están en el gobierno fuerzas políticas que se identifican con el supremo poder.

Es sin duda el caso de Chile en donde en las últimas semanas flota en el aire un cierto tufillo autoritario.

Es que los nostálgicos de la dictadura, muchos de los cuales ocupan puestos de mando en el gobierno de Piñera, vienen reclamando más mano dura como respuesta a la poderosa movilización social de este año para cuyas demandas en verdad no tienen respuesta.

¿Cómo podrían estar contra el lucro quienes han hecho de las ganancias sin límite su razón de ser, su religión real, su causa de vida?

¿Cómo podría un empresario miembro del Opus Dei apoyar una Educación Laica, de Calidad y Gratuita?

Y entonces es cuando desde las catacumbas emerge el cura Hasbún, exigiendo que se aplique estados de excepción para contener la protesta social y acusando a los jueces de desestabilizar al gobierno, tal vez recordando su propio enredo judicial de los 70.

Y entonces es cuando el coronel Labbé golpea la mesa como en sus tiempos de la CNI.

Y finalmente se echa mano a la Ley de Seguridad del Estado, que en su origen nunca fue Ley porque no es más que el Decreto 890 de Pinochet del año 1975 cuando no había poder legislativo puesto que las FFAA habían “clausurado” el Congreso un par de años antes.

Pero su nacimiento espúreo no importa. Total, después de todo también la aplicaron los gobiernos democráticos de la Concertación.

Y es el tiempo de los encapuchados y los infiltrados y la provocación y el pretexto para seguir reprimiendo.

La receta es antigua, pero funciona. Además si los jueces no son duros en el castigo contra quienes protestan, se les advierte que tendrán que tener cuidado a la hora de los ascensos.

Es cuando cabe preguntarse: ¿Dónde quedó el supuesto respeto de la derecha a la separación clásica de los poderes del Estado?

Claro que en verdad nunca lo han tenido.

No les “tembló la mano”, como dicen ellos ahora, para disponer que se bombardeara la sede del Ejecutivo el 73 ni para cerrar el Legislativo ese mismo año.

A este respecto concluyo señalando una de esas curiosidades de la historia de este nuestro también curioso país.

Y es que la bravuconada al Poder Judicial la formula el gobierno de la misma persona que en los años 80 fuera procesada por un Juzgado del Crimen por los delitos de estafa y fraude, en sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y que terminó evitando una inminente prisión gracias a sus fuertes lazos con la dictadura en una época en que, como lo ha reconocido la propia Corte Suprema, los tribunales no estuvieron a la altura de su elevada misión.

No es el más indicado para hablar de esos temas.