España y el deber de Memoria

Probablemente el día de hoy concluya el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo de España contra el juez Baltasar Garzón por el delito de prevaricación, en el que arriesga una pena de 20 años de inhabilitación por investigar los crímenes del franquismo.

Garzón argumenta que el derecho a realizar la investigación por parte de un juez de la Audiencia Nacional se fundamenta en el hecho que se trata de actos cometidos contra altos funcionarios de la nación legítimamente establecidos como autoridades de la segunda república, las que fueron víctimas de un plan sistemático de eliminación.

Se trata, además de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las desapariciones, lo que los hace imprescriptibles y posible materia de la justicia internacional.

Paralelamente, en el país Vasco se vive un intenso proceso asociado al fin de las actividades terroristas de ETA, en el cual la sociedad vasca y española en general debaten acerca del deber de memoria, es decir, de la necesidad de que antes de dar vuelta la página, la sociedad en su conjunto asuma su obligación de honrar a las víctimas y recordar su experiencia con un propósito moral y de educación de la sociedad vasca.

En Euskadi puede haber paz con memoria o mejor dicho, asumir la memoria de las víctimas de ETA es una condición para que se restablezca una convivencia digna entre los propios vascos.

¿Por qué no sería válido para España lo que sí lo es para Euskadi?

El manto de olvido que las fuerzas políticas han tendido sobre la guerra civil y la represión del régimen franquista tiende a resquebrajarse, no por acción del juez Garzón sino por la fuerza de la realidad.

Del mismo modo que la inmunidad de Pinochet durante la transición chilena terminó con su arresto en Londres, abriendo una nueva etapa en las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura en Chile, los crecientes debates sobre la memoria de la guerra civil y la nueva realidad de la justicia internacional, presionan a España a correr el velo y hacer la luz sobre su dolorosa historia del siglo XX.

El consenso que impide mirar el pasado no da respuesta a la necesidad de memoria de la sociedad española.

De hecho, el proceso contra Garzón ha servido como tribuna para que las víctimas del franquismo levanten su demanda de verdad y reparación moral. España difícilmente podrá seguir mirando para el lado.

Si la justicia española condena al juez Garzón quedará en muy mal pie su pretensión de universalidad.

El mensaje que se estará emitiendo es que algunos países que participan de la justicia internacional pueden ignorar sus deberes mientras imponen a otros las obligaciones.

Condenar a Garzón equivaldría a decir que algunos países, por ésta o aquella razón, pueden acordar no mirar los crímenes de su pasado, pero que otros, los más débiles, carecen de ese dudoso y obsceno derecho.