La detención de Recaredo Gálvez, nos recuerda la represión del pasado

El relato de la detención del Secretario General de la Federación de Estudiantes de Concepción, Recaredo Gálvez, que circula profusamente por las redes virtuales del país, llama a una poderosa inquietud y obliga a las autoridades del Gobierno a un esclarecimiento claro y profundo de los hechos y a dar respuesta por las responsabilidades que caben en ellos especialmente al cuerpo de Carabineros de la Región del Bío-Bío.

Las fuerzas policiales ingresaron al Campus universitario. Durante la refriega policial, el dirigente estudiantil fue detenido por Fuerzas Especiales y trasladado a un cuartel de prisión preventiva con el cargo de “homicidio frustrado”.

La víctima, por el contrario, señala haber sido introducido en un bus policial y haber sido golpeado hasta quedar inconsciente.

Al ser ingresado a un recinto de salud para un examen de rigor los propios médicos habrían increpado a los custodios policiales por el estado evidente de los golpes. Otro médico, aparentemente policial habría re-examinado al dirigente estudiantil, recetándole anti-inflamatorios y finalmente conducido a un recinto policial, esposado, detenido y acusado de un delito grave.

En dicho recinto, y de manera poco habitual, se habría pretendido obtener una suerte de declaración auto-inculpatoria.

Hasta aquí los hechos conocidos. Lo cierto es que de manera muy preocupante este relato se parece demasiado a situaciones que los dirigentes del Movimiento de Derechos Humanos conocimos a plenitud en la década de los años 80, bajo la dictadura militar, y particularmente con motivo de las “protestas nacionales”.

Decenas de personas eran detenidas en manifestaciones públicas, brutalmente golpeadas por Fuerzas Especiales en los buses, conducidos a recintos policiales y mantenidos en detención preventiva hasta por cinco días y a total arbitrio de la autoridad. Se supone que hechos de esta naturaleza no pueden, ni deben volver a ocurrir.

Entonces, corresponde al Gobierno (nacional y regional) brindar explicaciones claras y contundentes.

Corresponde que Carabineros haga lo mismo.

Y que el Poder Judicial actúe de manera autónoma y se sancionen los hechos de modo ejemplar.

Si la sociedad deja pasar este caso y se atiende sólo a los argumentos de quienes ejercen la fuerza policial y el Gobierno blinda o atenúa el impacto de estos hechos, estaríamos ante una realidad represiva de las movilizaciones sociales que sólo podrá generar situaciones impredecibles de violencia social e institucional.

El caso de Recaredo Gálvez es paradigmático y es urgente que las instituciones del Estado tomen posición, principalmente, para resguardar a plenitud los Derechos Civiles y Políticos de quienes se manifiestan de modo pacífico en nuestras plazas y calles.

Las medidas de represión dictatorial son parte del pasado. El país marcó severamente un Nunca Más.

Las fuerzas policiales y las autoridades que emiten órdenes deben tomar en cuenta esta nueva realidad.