No basta con decir "cárcel"
La administración de los recursos públicos debe realizarse de forma responsable, conforme a los fines públicos y a los principios de buena administración. Un proyecto de ley que no contempla su impacto fiscal ni identifica la fuente de financiamiento resulta institucionalmente problemático. Esta regla debe tener aplicación pareja, en que la responsabilidad fiscal no sea invocada solo cuando conviene, y olvidada cuando la ganancia política aconseja mirar para otro lado.
Esto importa especialmente en materia penal. Desde hace ya demasiado tiempo la discusión pública sobre seguridad se ha acostumbrado a una fórmula bien conocida: frente a un hecho grave, muchas veces brutal y doloroso, aparece de inmediato la promesa de aumentar penas, crear nuevos delitos, rebajar la edad de responsabilidad penal, restringir beneficios, endurecer regímenes, agregar agravantes y redactar un nuevo artículo en el Código Penal. Todo ello acompañado de declaraciones solemnes, cámaras de televisión encendidas y la expectativa de que la sola publicación de la ley en el Diario Oficial producirá, como por arte de magia, el retroceso de la delincuencia. Es la vieja confianza taumatúrgica en la ley: como si la norma, por el solo hecho de existir, pudiera reemplazar policías bien formadas, fiscales suficientes, tribunales bien dotados, cárceles seguras, inteligencia criminal, prevención social y gestión pública seria.
No se trata, desde luego, de negar la necesidad de legislar. Hay fenómenos criminales nuevos o más sofisticados que exigen respuestas normativas actualizadas. El crimen organizado, la corrupción, la violencia en los barrios, los delitos cometidos desde el interior de las cárceles, la utilización de niños, niñas y adolescentes por bandas criminales, entre otros, obligan al Estado a reaccionar. Pero reaccionar no es lo mismo que improvisar. Y legislar no es lo mismo que anunciar. Una política penal responsable no se mide por la intensidad del titular, sino por su capacidad real de producir efectos verificables sin desordenar, por añadidura, todo el sistema que dice querer fortalecer.
Porque cada ley penal tiene costos. No solo costos simbólicos, constitucionales o dogmáticos. Tiene costos presupuestarios. Aumentar penas significa, normalmente, más tiempo de privación de libertad. Crear nuevos delitos significa más denuncias, más investigaciones, más audiencias, más defensas, más recursos, más sentencias y, eventualmente, más personas privadas de libertad. Restringir beneficios penitenciarios significa más permanencia en cárceles que ya funcionan bajo una presión evidente. Endurecer la persecución penal significa más fiscales, más funcionarios, más peritos, más policías especializadas, más tecnología, más salas, más jueces, más defensores, más gendarmes, más infraestructura y más recursos permanentes. No basta con decir "cárcel". Hay que decir también dónde, con quiénes, con qué presupuesto, bajo qué estándares, en qué plazo y con qué evaluación posterior. No hacerlo es populismo.
Allí aparece la contradicción que conviene poner sobre la mesa. El mismo discurso que exige austeridad, recorte, emergencia económica, reducción del gasto público y disciplina fiscal, suele ser el primero en abrazar una expansión penal sin memoria presupuestaria. Se proclama que el Estado debe achicarse, pero se le exige que persiga más, encierre más, controle más, vigile más y ejecute penas más largas. Se reclama contra el gasto público, pero se promete un sistema penal de alta intensidad, que es probablemente una de las formas más caras de intervención estatal. Se dice que no hay plata para casi nada, salvo para multiplicar promesas punitivas que, si se tomaran en serio, exigirían precisamente aquello que se dice querer reducir: más Estado, más funcionarios, más inversión y más gasto permanente.
La pregunta, entonces, es sencilla: ¿El populismo penal quiere realmente hacerse cargo de sus consecuencias o solo busca quedarse en el eslogan? Si se queda en el eslogan, el daño no es menor. La ciudadanía escucha que bastaría con subir penas para recuperar seguridad, y se le instala una expectativa que difícilmente será cumplida. Se confunden aspiraciones legítimas con soluciones aparentes. Se transforma el dolor social en pirotecnia retórica. Se legisla para la galería, no para resolver. Y cuando la realidad no cambia, se vuelve a repetir la misma receta, con dosis más altas, como si el fracaso anterior se explicara únicamente porque faltó "dureza".
Pero si, por el contrario, el populismo penal quisiera ser tomado en serio, entonces debería aceptar la cuenta completa. Debería explicar cómo financiará los nuevos cupos carcelarios, cómo fortalecerá Gendarmería, cómo evitará que las cárceles se conviertan en escuelas de criminalidad, cómo aumentará las capacidades investigativas del Ministerio Público, cómo reducirá los tiempos de tramitación, cómo protegerá a víctimas y testigos, cómo asegurará a los tribunales de medios humanos y materiales adecuados y cómo impedirá que la defensa penal pública quede aún más rezagada. Porque un proceso penal sin defensa suficiente tampoco es justicia: es precariedad institucional revestida de severidad.
El presupuesto, por eso, no es un asunto contable menor. Es una forma de sinceridad democrática. Obliga a decir la verdad. Obliga a reconocer que toda política pública seria exige prioridades, datos, renuncias y financiamiento. Obliga a pasar del aplauso fácil a la ingeniería institucional. En materia penal, además, esa exigencia debería ser todavía mayor, porque se está hablando del poder más intenso del Estado: investigar, acusar, juzgar, condenar y privar de libertad. Si para financiar universidades, pensiones, salud o vivienda se exige estimación de gasto y fuente de financiamiento, con mayor razón debería exigirse cuando se pretende expandir el castigo penal y tensionar un sistema que ya muestra señales de sobrecarga.
Una regla mínima de seriedad legislativa debiera ser que todo proyecto penal expansivo venga acompañado de un informe financiero robusto, público y verificable. No una fórmula genérica de bajo impacto, no una frase de compromiso, no una estimación ornamental. Un informe que diga cuántas causas adicionales se proyectan, qué efecto tendrá en la población penal, cuántos funcionarios se requerirán, qué inversión demandará, qué gasto permanente generará, qué instituciones serán afectadas y en qué plazos. Junto con ello, debiera existir una evaluación técnica independiente y una revisión posterior obligatoria: si la ley prometió reducir ciertos delitos o mejorar determinada persecución, corresponde verificar si lo hizo. Y si no lo hizo, tener la humildad institucional de corregir.
La seguridad pública es demasiado importante para entregarla a consignas. También es demasiado importante para tratarla como una subasta de quien es más duro. Quien ofrezca más años de cárcel no necesariamente ofrece más seguridad. Quien crea más delitos no necesariamente mejora la persecución. Quien endurece todo no necesariamente ordena nada. A veces, al contrario, congestiona el sistema, debilita las capacidades reales, agrava la crisis penitenciaria y produce frustración social. La ley penal puede ser necesaria, pero rara vez es suficiente. Y cuando se la usa como sustituto de la política pública, termina convertida en una promesa cara, ineficaz y peligrosamente engañosa.
Lo propositivo, entonces, no pasa por renunciar al derecho penal. Pasa por devolverle racionalidad. Pasa por reservarlo para aquello que realmente exige castigo estatal, diseñarlo con evidencia, implementarlo con presupuesto y evaluarlo con honestidad. Pasa por fortalecer la prevención, la inteligencia, la investigación patrimonial, la persecución del lavado de activos, la coordinación interinstitucional, la reinserción posible y el control efectivo de las cárceles.
Pasa, sobre todo, por comprender que la seguridad no se construye únicamente escribiendo leyes más duras, sino sosteniendo instituciones capaces de aplicarlas. Si la emergencia económica es real, entonces el deber de responsabilidad fiscal también debe ser real. Y si la buena administración de los recursos públicos es un principio serio, debe regir para todos los proyectos, incluidos aquellos que prometen castigo. No hay nada más fácil que cacarear mano dura. Lo difícil, lo responsable, lo verdaderamente republicano, es explicar cómo se financiará aquello que se promete, qué efectos producirá y qué se hará cuando la realidad vuelva a demostrar que la magia legislativa no existe. No basta el simplismo de decir "cárcel". La tarea de legislar debe ser seria.