Es cierto que las políticas de Verdad, Justicia penal y reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Chile han sido calificadas por las Naciones Unidas (Grupo sobre desapariciones forzadas, EPU 2009 y 2013) como las más satisfactorias de América Latina.
Sin embargo, también es evidente que un componente fundamental de la Justicia Transicional - ese conjunto de medidas jurídicas y políticas que deben operar en todo país que ha experimentado violaciones sistemáticas de los derechos humanos - se encuentra pendiente de abordar. Me refiero a la reforma de las instituciones armadas.
Que en la Escuela militar, dirigida por un hijo de quien fue segundo hombre de Pinochet, un coronel de apellido Krasnoff, hijo de un oficial condenado por crímenes de lesa humanidad que no ha sido degradado, rinda homenaje al criminal y que todos los jóvenes militares presentes, salvo uno, hayan aplaudido constituye un síntoma evidente de que aquella reforma necesaria no se ha realizado.
En una situación de normalidad democrática no sería justo seleccionar a los nuevos oficiales según su origen familiar, pero es evidente que el carácter endogámico de la integración de nuestros institutos armados y la perpetuación del componente pinochetista del Ejército, que se manifiesta en que ningún criminal de lesa humanidad haya sido degradado, impone una reforma que apunte hacia la composición de esta rama militar, como se hizo en Europa.
Además, aquellos aplausos generan terribles dudas sobre la formación de los militares en materia de derechos humanos, derecho Humanitario y, por cierto, la historia de Chile.
¿Quién conoce la malla curricular de la Escuela Militar y quiénes son los formadores de los nuevos oficiales?
Estas solas y parciales observaciones indican la existencia de un enorme y peligroso déficit en ese componente de la Justicia Transicional. Para superarlo, cabe una grave responsabilidad al Congreso Nacional, especialmente, para comenzar, a la Cámara fiscalizadora.
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