Uso responsable de la fuerza

El uso de la fuerza es una facultad del poder político, cuyo uso se delega en la policía.

En Chile, la responsabilidad política por el uso de la fuerza corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Sin embargo, a Carabineros también cabe responsabilidad política en esta materia. De otra forma, sería imposible entender por qué se ha destituido a varios altos mandos policiales, a propósito de la muerte del joven Manuel Gutiérrez.

El uso de la fuerza está regulado por normas internacionales y de derecho interno que establecen orientaciones y límites para su aplicación. La fuerza puede ser física o no física, letal o no letal.

Por ello es que no puede utilizarse de cualquier manera ni con cualquier intensidad, su forma y graduación deben estar relacionadas con el hecho que se pretende controlar. De ahí la importancia de que exista "responsabilización" (accountability) por el uso de la fuerza.

Esto implica varias cosas. Si corresponde, deben determinarse responsabilidades jurídicas cuando se emplea la fuerza, sean éstas de orden penal, civil o administrativo.

Si se denuncia un mal uso de la misma, es inexcusable efectuar una investigación administrativa. Al respecto, no puede entenderse que una investigación criminal sustituye a la primera, pues no le corresponde determinar responsabilidades administrativas.

Por otra parte, la utilización de la fuerza policial, con resultados letales o no, debería ser objeto de evaluación a lo menos periódica, para determinar si se está empleando correctamente.

El objetivo de tal revisión es introducir las correcciones a que haya lugar en los procedimientos policiales. En esta dinámica es fundamental la existencia de controles democráticos, entendiendo por tales los mecanismos de supervisión externa a la policía, los cuales pueden estar radicados en la sociedad civil, organismos académicos, el parlamento, etc.

Todo esto aplicado a las acciones de protesta social ocurridas en las últimas semanas, lleva a plantearse algunas preguntas:

¿Está estrictamente prohibido el uso de la fuerza letal en las manifestaciones? Ésta pareciera ser una orientación fundamental en el contexto de una política institucional sobre uso de la fuerza. De lo contrario, habría que preguntarse cuáles son los objetivos que se persiguen con el uso de fuerza letal en manifestaciones que, en su gran mayoría, como se ha demostrado sistemáticamente, son pacíficas.

Por otro lado, ¿los policías disponen de equipamiento que permita hacer uso de fuerza no letal? Evidentemente, una subametralladora UZI no constituye equipamiento idóneo que permita hacer uso diferenciado de la fuerza.

Otra orientación importante, entonces, indica que todo el personal que participa en control de manifestaciones, debe disponer de equipamiento que permita hacer uso gradual de la fuerza, proporcional a las necesidades del momento y en caso de necesidad inexcusable.

Solo así el uso de la fuerza será legítimo y contará con respaldo social.

Una política institucional sobre uso de la fuerza que se basa en instrucciones claras, entrenamiento periódico y equipamiento adecuado, permite controlar la discrecionalidad en su empleo.

En el episodio que terminó con la muerte del joven Manuel Gutiérrez, Carabineros ha señalado enfáticamente que el suboficial Miguel Mallicura no actuó siguiendo órdenes superiores. En consecuencia, se trataría de un caso de discrecionalidad en el uso de la fuerza.

En términos de derechos humanos, esto podría corresponder a un “exceso” individual, si es que fuera una situación aislada. El problema radica, precisamente, en que la discrecionalidad pareciera ser recurrente, si es que no sistemática, pues reaparece cada cierto tiempo.

De hecho, en los procesos judiciales que han investigado las muertes de Alex Lemun en 2002, de Matías Catrileo en 2008 y de Jaime Mendoza Collío en 2009, se ha imputado responsabilidad a Carabineros. Eso, considerando que la notoriedad pública sólo se produce respecto de aquellas situaciones que terminan con desenlaces fatales.

El problema no es de fácil solución, porque las manifestaciones pacíficas han sido aprovechadas por pequeños grupos que actúan con violencia  irracional.

Por lo tanto, lo que se pide a la policía no es que deje de ejercer sus funciones, con el apoyo de la fuerza en caso de necesidad, sino que haga uso responsable de la misma.