Apagando incendios con combustible

Estefanía González

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Hace algunos días terminó el plazo para enviar observaciones al anteproyecto de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (comúnmente llamada NDC, por su sigla en inglés) de nuestro país actualizada a 2025, concluyendo así la tercera fase (de consulta pública) de este proceso y dando inicio a la construcción del documento definitivo y, posteriormente, a la etapa de finalización del proyecto, el que deberá ser enviado por el Ministerio del Medio Ambiente al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su pronunciamiento.

Las NDC -documento que debe ser actualizado cada cinco años- contienen los compromisos que voluntariamente cada país adquiere para hacer frente al cambio climático y cumplir con lo pactado en el Acuerdo de París, lo que implica una contribución activa para mantener la temperatura global media muy por debajo de 2°C respecto de la época preindustrial, preferiblemente limitándolo a los 1,5°C. Por esta razón, estos documentos son considerados unas verdaderas hojas de ruta en materia de compromisos climáticos en el corto plazo para los países.

Es precisamente por ello -y considerando el atraso que ya presenta este documento- que nos preocupa que el anteproyecto de Chile plantee contribuciones poco ambiciosas o, derechamente, opuestas a lo que recomienda la ciencia.

Un ejemplo de ello, es que se proponga que las plantaciones forestales pueden ofrecer una solución climática, cuando toda la evidencia científica disponible apunta en la dirección opuesta y expone que este tipo de monocultivos emite más carbono del que captura; además de contradecir lo que propone la propia Ley Marco de Cambio Climático (que dictamina que "no incentivará" este tipo de plantaciones). Aún más, los monocultivos forestales no cuantifican sus emisiones ni tampoco presentan planes de manejo o monitoreo, lo que genera aún más dudas sobre la propuesta de usarlos como una estrategia clave en la reducción de emisiones de carbono en el país.

Resulta inquietante que el anteproyecto presentado por el gobierno, pese a reconocer la pérdida de entre 60.000 y 70.000 hectáreas de bosque nativo cada año, no aborde los efectos acumulativos de este menoscabo a nivel ambiental, a la vez que subestima el rol de este tipo de bosques en asuntos claves como su valor para la biodiversidad existente, el aporte a los ciclos de agua y la resiliencia climática, entre otros, o, peor aún, los pone en mayor riesgo al recomendar, por ejemplo, "aplicar modelos de gestión para compatibilizar la ganadería con la conservación del bosque", cuando eso es a todas luces impracticable, ya que la evidencia establece que ambas actividades no son compatibles.

Sabemos que uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país es la ocurrencia de incendios forestales de enormes proporciones; que estos tienen mayor prevalencia en la zona centro sur del país (precisamente, en lugares con plantaciones forestales), y que cada año se destinan más recursos a acciones de combate de siniestros ya desatados, algo que -si bien puede ser absolutamente necesario para salvar las vidas de aquellas personas que habitan en la interfaz urbano-rural de la zona centro sur- equivale a echar dinero en sacos rotos si estos desembolsos no son acompañados por estrategias decididas de prevención, sanciones más severas para los responsables de estos siniestros y medidas que puedan reparar efectivamente el daño causado por incendios anteriores o que frenen la ocurrencia de siniestros futuros.

Es en este escenario donde resulta crucial promover políticas públicas que presenten soluciones a los problemas reales que implica la triple crisis planetaria en nuestros territorios y vidas; por ello cuesta entender que -contra todo pronóstico- nuestra NDC proponga, básicamente, continuar apagando los incendios con bencina.

En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra hacemos un llamado a escuchar a la ciencia y a las comunidades en la construcción de nuestra NDC definitiva y que prime el sentido común y la ciencia en este documento tan importante para la implementación de medidas efectivas de adaptación a la crisis climática.