Covid19 y medio ambiente, dilemas de justicia intergeneracional
La relación entre el Covid 19 y la crisis climática y ecológica no sólo se da en que su aparición probablemente está vinculada a nuestra alteración de ecosistemas, sino que también esta pandemia visibiliza otras dos cosas importantes.
Desde lo negativo, el hecho de que sus consecuencias pueden ser solo una pequeña muestra de los resultados que puede tener la crisis climática y ecológica en nuestra vida y en la de las generaciones futuras.
Desde lo positivo, que es posible cambiar nuestro sistema de vida frente a la urgencia y, que probablemente, sería mejor hacerlo de manera previa a la muerte de miles de personas.
Gran parte de nuestra organización social ha girado sobre el deseo de darnos mayor seguridad física, aumentando y mejorando nuestras vidas. La esperanza de vida y mortalidad infantil fueron indicadores de desarrollo mucho antes de que los indicadores económicos se convirtieran en el estándar con que se pretende medir el progreso de los países.
El rol que juega el Estado en este deseo, es preponderante. Le entregamos el monopolio de la fuerza para evitar eliminarnos irracionalmente entre nosotros y para que, en uso de la misma, nos provea del orden que nosotros mismos le mandatamos. Esas órdenes en general han tenido como uno de sus centros asegurar nuestras vidas y mejorar nuestras posibilidades de desarrollo.
Debiéramos entender, además, que no es solo la vida de quienes estamos actualmente en este territorio la que importa al Estado, sino que la continuidad de nuestra existencia como comunidad político-jurídica, ya sea que le llamemos pueblo(s) o nación(es). El presupuesto fundamental de la continuidad de la especie se extiende a la continuidad de la comunidad, con una gama de instituciones de solidaridad que apuntan en este sentido. De ahí, en parte, el concepto de “justicia intergeneracional”.
El concepto de justicia intergeneracional se popularizó a propósito de la destrucción del medio ambiente y luego de la Declaración de Estocolmo (1972), pero claramente no se agota en la cuestión ambiental.
En este concepto se explicitan cosas que siempre existieron pero que no era necesario explicar, queremos que la vida de nuestros hijos/nietas sea lo mejor posible y trabajamos para eso. Se explicitan porque se comienza a entender que el medio ambiente es un sistema frágil y limitado, y porque el sentido de solidaridad y continuidad de la especie empieza a verse erosionado.
La pandemia del COVID19, en el medio de una crisis climática y ecológica a nivel global, nos lleva ineludiblemente a preguntarnos por el rol de los Estados en la protección de la vida y la comunidad.
No parece sensato simplemente asignar las fallas a gobernantes poco hábiles, sino que también reflexionar cuáles son las estructuras que construyen (o destruyen) los Estados en los que vivimos y cómo los valores básicos de la existencia en comunidad pueden verse trastocadas por estas.
Hemos sido las personas quienes, sin medidas de autoridad, hemos empezado a tomar los resguardos del caso y aunque ello no sea suficiente, hemos sido también las personas, organizaciones y comunidades quienes hemos llamado a la autoridad a tomar mayores y mejores medidas.
Quienes tenemos la posibilidad nos hemos quedado en casa, principalmente de manera voluntaria. De la misma forma que salimos de nuestras casas en octubre y los meses posteriores para exigir un cambio en el sistema, alentadas por un sentido de comunidad y el cuidado de quienes están en situaciones más desfavorables.
Todos, pero principalmente los mayores, en la pandemia actual.
Todos, pero principalmente los más pobres, los pensionados, las mujeres y los territorios explotados, en la primavera de Chile.
Todos, pero principalmente las generaciones futuras, ante la crisis climática y ecológica.
Frente a esto, la creación de un nuevo pacto social y una nueva Constitución es una oportunidad para recoger los desafíos que se nos presentan. Por un lado, el manejo de los riesgos sanitarios con el balance entre las acciones que puede tomar la comunidad y el Estado en estas situaciones. Por otro, el desafío ambiental y la manera en que se relacionará la sociedad con el medio ambiente.
La preocupación por la vida, humana y de otras especies, pasa en buena parte por el reconocimiento de la esencialidad del medio ambiente como elemento del Estado y base de soporte material de la vida.
Un país simplemente no puede existir sin un medio ambiente que permita el mejor desarrollo de la vida y su explotación desmedida en el presente es un evidente daño hacia el futuro, especialmente en lo que se refiere a daños irreparables y pérdida de hábitats y de especies.
La solidaridad intergeneracional que estamos poniendo en práctica hoy para cuidar especialmente a los mayores, debiera verse reflejada primero en que efectivamente se apruebe el cambio constitucional, y en seguida, tomando en cuenta los desafíos a los que nos enfrentamos, reconociendo la justicia intergeneracional como un principio de funcionamiento del Estado.
Las estructuras que promueven la satisfacción inmediata y la explotación desmedida sin consideración de los impactos hacia el futuro no pueden coexistir con este sentido de justicia, y eso es parte de la discusión necesaria cuando apuntamos hacia una Constitución Ecológica.
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