Recientemente hemos conocido los resultados del informe de Evaluación de Desempeño Ambiental 2024 (EDA) que realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a nuestro país. Es la tercera vez que se examina a Chile desde su ingreso a esta organización que agrupa a los países más desarrollados a nivel mundial.
En este informe se destacan algunos de los avances que hemos conseguido para mejorar el medio ambiente y la vida de las personas, entre ellos: contamos con una ley Marco de Cambio Climático; se han creado nuevas áreas protegidas; se ratificó el Acuerdo de Escazú para el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales; y también avanzamos en saldar en cierta medida la deuda histórica que tenemos con la biodiversidad, aprobándose la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Sin embargo, y el informe así lo indica con sus 36 recomendaciones, existen temáticas que todavía significan un grave retroceso ambiental. Respecto a la contaminación atmosférica, esta continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública, y así lo vemos en el aumento de las enfermedades respiratorias de cientos de personas a lo largo del país, cuyas ciudades sureñas (y no solo Santiago) se encuentran dentro de las más contaminadas a nivel mundial. En ese sentido la descarbonización y el cumplimiento de las metas de la ley Marco de Cambio Climático son urgentes no solo al 2050, sino que en un horizonte temporal menor, ya que a pesar de los esfuerzos y acorde a las tendencias planetarias, hemos aumentado significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2010-2019.
Y no solo eso, también es importante reimaginar el grave problema que no estamos combatiendo, respecto al alza del parque automotriz en Chile. La urgencia en ese sentido, es poder establecer objetivos climáticos más estrictos para sectores de transporte y construcción, así como mayor coordinación intersectorial.
Si hablamos de contaminación, también persiste un grave problema respecto a los residuos sólidos. El informe indica que la gestión de la basura recae en gran medida en los rellenos sanitarios, y a pesar de que contamos con leyes como la ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), su implementación ha contado con grandes dificultades, ya que el porcentaje de residuos reciclados en Chile es mínimo comparado con los otros países de la OCDE. Asimismo es evidente el retroceso que podemos evidenciar respecto a la ley que prohíbe las bolsas plásticas o la ley de Plásticos de Un Solo Uso, que por sus incumplimientos amenazan con mayor contaminación en las calles.
En lo que respecta a la gobernanza y la gestión ambiental, las recomendaciones tienen que ver con garantizar los recursos necesarios para cumplir los compromisos ambientales y reforzar la capacidad técnica de la Evaluación Ambiental Estratégica, entre otros temas. Este punto es especialmente relevante, dado que actualmente se están tramitando en el Congreso tres proyectos: la reforma a la institucionalidad ambiental; la reforma que mejora la Superintendencia del Medio Ambiente; y la reforma a los permisos sectoriales, todas medidas de modernización regulatoria, aunque han sido mal llamadas "reformas a la permisología".
En ese sentido, además de la imperante necesidad de reforzar a las instituciones ambientales con recursos económicos, entendiendo sobre todo la tarea de fiscalizar ambientalmente el vasto territorio nacional, estas reformas debieran tener como principal foco la protección ambiental, comprendiendo esta como punto habilitante para el desarrollo de las comunidades. Esto, pues, como lo indica el informe OCDE, el país no ha sido capaz de establecer una ruptura del vínculo entre crecimiento económico y las presiones al medio ambiente. Por este motivo, es urgente poner principal atención en la reforma a los permisos sectoriales, para que incluya consideraciones sociales y ambientales en las evaluaciones ambientales de las distintas industrias, sobre todo considerando actividades como desarrollo del hidrógeno "verde" industrial y los desafíos de planificación que esto implica.
Por último, pero no menos importante, el desafío de la gestión hídrica es fundamental, sobre todo en los territorios de la zona central del país, que no cuentan con certidumbre dentro de los próximos años respecto a su abastecimiento de agua domiciliaria, así como muchas comunidades que ven vulnerado su derecho humano al agua. En ese sentido la gestión y planificación son algunas de las recomendaciones OCDE, es decir, desarrollar planes estratégicos de gestión de recursos hídricos, reforzar la fiscalización de las captaciones hídricas o acelerar el tratamiento terciario de aguas residuales, entre otros.
Así, a las luces del desempeño ambiental de nuestro país, todavía queda mucho por mejorar para el bienestar de las comunidades y el territorio en el que vivimos.
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