Diferentes actores, la misma trama
Muchas de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump en su retorno a la Casa Blanca fueron relativas a eliminar los tímidos esfuerzos conducidos por Estados Unidos en la lucha climática: Así se ordenó su nueva salida (en 2017 ya había ocurrido) del Acuerdo de París, y la declaración de una "emergencia energética nacional", para así impulsar a los combustibles fósiles, entre muchas otras.
Esta "aplanadora" se vio coronada con el anuncio del presidente de poner fin a la prohibición de usar bombillas de plástico en las sedes oficiales del gobierno estadounidense, en un elocuente gesto de apoyo a esta industria (e, indirectamente, a la petrolera).
Esta acción -que para muchos puede resultar caricaturesca- es menos baladí de lo que parece, pue si consideramos que Estados Unidos es uno de los principales productores de desperdicio plástico del mundo (en efecto, se estima que a diario se consumen más de 500 millones de bombillas), podemos entender que cualquier iniciativa que implique una regresión en la materia es grave. Y es particularmente peligrosa la señal que se da al resto del mundo, donde este estilo de liderazgos parece florecer.
En el caso de nuestro país, aunque en un escenario distinto, no estamos ajenos a estos problemas. En agosto de 2024 se cumplía el plazo estipulado para la entrada en vigencia de la última etapa de la Ley 21.368 -que regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas-, estableciendo la prohibición a todos los locales de expendio de alimentos de entregar productos desechables dentro de los establecimientos. Sin embargo, el lobby (liderado por Arcos Dorados, operador de McDonald's), logró modificar la ley y entregó 18 meses más a la industria para acatar la normativa, totalizando casi 5 años para la implementación de esta obligación.
Y no sólo eso, hace algunos días los senadores Gahona (UDI), Chahuán (RN) e Insulza (PS) presentaron un nuevo proyecto de ley para modificar la mencionada normativa, el que permitiría la entrega de productos desechables de un sólo uso (envases biodegradables y/o valorizables que se puedan reciclar o recuperar, lo que se podría entender como envases plásticos), implicando una enorme regresión en la materia, atentando contra el espíritu original de la ley y cumpliendo lo alertado el año pasado por la sociedad civil y la academia: la citada prórroga de 18 meses parece una táctica de la industria no sólo para aplazar la entrada en vigencia de la regulación, sino que además, derechamente, debilitarla.
Adicionalmente, se ha alertado que la Ley 20.920 (que establece un marco normativo para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, más conocida como Ley REP), ha tenido un bajo cumplimiento. Sin ir más lejos, desde la empresa de gestión de residuos ProRep estiman que el 85% de los productores de Envases y Embalajes (una de las categorías declaradas prioritarias por la regulación, y cuyas obligaciones comenzaron a regir en 2023) no domiciliarios se han restado de los sistemas de gestión autorizados, lo que implica una falla enorme en la fiscalización de este modelo y un desincentivo para aquellas empresas que sí están cumpliendo con sus obligaciones.
En el caso de Estados Unidos, es el mandatario el que instala unilateralmente los intereses de su grupo de influencia en el tablero; en el chileno, son las empresas y su enorme poder de lobby las que frenan el avance de regulaciones (en el Congreso o, incluso, ya promulgadas) hasta convertirlas en letra muerta. Al final de cuentas, cambia el escenario y los actores, pero la trama es exactamente la misma.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Cero Desechos, hacemos un llamado a las autoridades a no permitir los retrocesos que se están instalando en nuestro marco regulatorio en esta materia. Todos debemos defender y asegurar el cumplimiento de normativas (particularmente, la ley de plásticos de un sólo uso) que han sido pioneras en Latinoamérica y motivo de orgullo para nuestra ciudadanía. Particularmente, se hace necesario un mayor compromiso de los parlamentarios y más fiscalización del Estado para que estas leyes (y todos los esfuerzos tras ellas) puedan cumplir su cometido.
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