Uno de los principales argumentos que utiliza el ministerio del Medio Ambiente para justificar la necesidad de crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas bajo su tutela, es la recomendación realizada por la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE), una entidad de indiscutible prestigio, conformada por expertos internacionales provenientes de países desarrollados.
Sin embargo, no es efectivo que OCDE haya recomendado la creación de un servicio en los términos en que el Ministerio lo ha presentado. No existe tal declaración en el documento denominado “Acuerdo sobre los términos de adhesión de la República de Chile a la OCDE”, donde se detallan las temáticas en que el país debe avanzar por ser miembro de esta organización.
Como tampoco existe tal recomendación en el Informe de Desempeño Ambiental del año 2005 realizado para Chile por este organismo internacional.
De hecho, en ninguna de las siete recomendaciones del capítulo sobre diversidad biológica del Informe, aparece mencionada la creación de un servicio de biodiversidad. Lo más cercano a una recomendación de este tipo es la número dos, “revisar los acuerdos institucionales y legislativos para el manejo de la naturaleza y la diversidad biológica”.
No pareciera que dicha redacción pueda interpretarse como la invitación a crear un nuevo servicio para la protección de la biodiversidad. Habría que realizar un ejercicio de mucha imaginación para ello.
Sin embargo, es esta precisamente la justificación que utilizan en el ministerio de Medio Ambiente cada vez que alguien pone en duda la necesidad de crear dicho servicio.
Afirman, con una completa determinación y sin asumo de duda, que ellos buscan dar estricto cumplimiento a las recomendaciones emanadas del prestigioso organismo internacional. Como si de una zarza ardiente se tratara, parecen querer demostrar una obediencia casi religiosa.
Pero no hay tal cosa. No hay tal recomendación. No podría haberla en esos términos, ya que el objetivo de estos organismos internacionales es analizar la información que el mismo país les entrega para su evaluación, interpretándola bajo su propio enfoque, el que muchas veces resulta inadecuado para analizar otras realidades.
Sabiéndolo, estos organismos son cuidadosos en sugerir explícitamente modelos institucionales específicos de gestión pública. De hecho, la recomendación mencionada al principio sugería “revisar los acuerdos institucionales”. No sugería crear un servicio A o un servicio B, ya que no está dentro de sus competencias inmiscuirse a tal grado en la gestión ambiental propia de un país.
El énfasis principal que el informe de desempeño ambiental OCDE del año 2005 manifestó en el capítulo de diversidad biológica no fue de carácter institucional. El énfasis estuvo en señalar que el Estado chileno no invertía suficientes recursos en la protección de la naturaleza. Conclusión a la que también podemos llegar nosotros sin ayuda de la clarividencia y capacidad de análisis de estos especialistas foráneos. Por cierto, el déficit financiero en la protección de la naturaleza no se ha solucionado en estos trece años.
Sin embargo, para ser justos con quienes defienden la tesis de la existencia de una recomendación OCDE para crear un servicio de biodiversidad dependiente de Medio Ambiente, es necesario reconocer que sí existe un párrafo en la página 121 del informe, casi al final del capítulo, en el que se señala que “una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección de la naturaleza completa y única que sea responsable de la protección de los hábitat terrestres y marítimos, de la protección de las especies y de los programas de recuperación, así como de la diversidad biológica tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y transposiciones”.
Este párrafo, sin embargo, no constituye prueba, ya que es una reflexión dentro de todo el capítulo, no una recomendación. Como ya señalamos, las recomendaciones se colocan destacadas siempre al principio de cada capítulo y en este caso eran siete, entre las que no apareció una mención específica a esta entidad dedicada a la protección de la naturaleza.
No puede aparecer porque los arreglos institucionales específicos de cada país deben responder a un análisis local y la recomendación que pueden hacer los organismos internacionales es invitarnos a revisar nuestros actuales diseños, pero no imponernos uno en particular. Esa es la razón de que no hayan colocado ese párrafo redactado en términos de una recomendación oficial.
Por todo lo anterior, quienes dentro del ministerio del Medio Ambiente insisten en usar las recomendaciones OCDE de hace trece años como justificación para defender un nuevo diseño institucional de protección de la biodiversidad, que los coloca a ellos como sus exclusivos custodios, faltan a la verdad o bien la están estirando de tal manera que se asemeja a una mentira.
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