La trampa del lobby empresarial

Roxana Núñez Becerra

Ultimos publicados:

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

No cabe ninguna duda: el exceso de burocracia y la falta de interoperabilidad en el Estado son problemas que afectan a todos por igual, ya sea a la hora de solicitar beneficios sociales, como a la de tramitar proyectos de inversión, por lo que un Estado más eficiente, interconectado y digitalizado representaría un tremendo aporte para todos en el país, ya sean personas naturales o jurídicas.

Por aquello, muchos pensaron que era una buena noticia la decisión del Ejecutivo y los parlamentarios de legislar de forma prioritaria una modificación al sistema de permisos en nuestro país, haciéndose cargo de un "dolor" del mundo empresarial al eliminar los supuestos obstáculos que afectarían la economía, fortaleciendo la competitividad mediante ajustes normativos que otorguen mayor certeza jurídica, y corrigiendo posibles errores en la legislación tributaria (como la elusión fiscal). Pero no siempre lo que brilla es oro.

Si bien, es cierto que el sistema actual tiene serios problemas de eficiencia que deben ser corregidos, tal como está planteada la discusión de la Ley Marco de Permisos Sectoriales -en su último trámite constitucional, lo que la deja ad portas de convertirse en ley- no sólo estaría buscando desburocratizar el aparato estatal y generar una mejor utilización de las ventanillas únicas fiscales; sino que, en los proyectos con componente ambiental (y que, por tanto, requieren de la tramitación de Permisos Ambientales Sectoriales o PAS), lo que se ha buscado es debilitar la institucionalidad ambiental, reduciendo o siendo más laxos con los estándares existentes para lograr una mayor aprobación de proyectos en el menor tiempo posible y restringiendo la injerencia del Estado.

Es acá que resuenan los datos del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que dan cuenta que en los últimos 5 años los proyectos con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) han tardado un promedio de 332 días en tramitarse, de los cuales 217 días (es decir, 65% del tiempo) se deben a suspensiones que el propio titular ha solicitado para la obtención de antecedentes e información que se le exige en el marco de la evaluación. En tanto, los proyectos con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) han tardado una media de 1.033 días, con 754 días (73% del tiempo) asociados a demoras dadas por suspensiones requeridas por los mismos titulares.

Además de los supuestos "largos plazos", otra de las mentiras que ha instalado el lobby empresarial para presionar por una mayor desregulación, ha sido que la inversión está estancada producto de la falta de certezas. No obstante, la realidad es otra: recientemente el SEA informó que mayo de 2025 se convirtió en el quinto mes en la historia del organismo con un mayor monto aprobado, con más de $4.858 millones de dólares.

Como se ha señalado anteriormente, el sistema de permisos es, en efecto, "perfectible", pero este nuevo récord comprueba que si se cuenta con un mayor compromiso empresarial para presentar iniciativas robustas y evaluaciones mejor trabajadas por los titulares de proyectos, los resultados de ello saltan a la vista.

En la tramitación de esta ley, el Ejecutivo y los parlamentarios tuvieron una oportunidad única para legislar con la mirada puesta en el futuro, estableciendo mejoras en materia de eficiencia y promoviendo el robustecimiento de los parámetros de viabilidad de los proyectos. Pero la historia fue otra.

Chile no necesita desregular o debilitar nuestra institucionalidad ambiental, sino asumir que no todos los proyectos deben ser aprobados, sino sólo aquellos que respeten las normativas vigentes, sean compatibles con el resguardo de los ecosistemas y cuenten con mejores niveles de cumplimiento económico, social y, por cierto, ambiental. Al bajar los estándares, no estamos aumentando la inversión en nuestro país, sino que lo estamos rematando al mejor postor.