Fiscalía supraterritorial, herramienta indispensable para La Araucanía
En los últimos años, la criminalidad en Chile ha cambiado drásticamente. Ya no hablamos solo de delitos comunes, sino de organizaciones criminales y terroristas que actúan con estructuras complejas y gran violencia. El Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello identificó recientemente doce organizaciones transnacionales con presencia en Chile, evidenciando un fenómeno que amenaza la seguridad pública y la democracia. A ello se agrega en la Macrozona Sur más de 10 orgánicas radicalizadas y terroristas.
Según este observatorio, los homicidios en el país aumentaron 86% en una década, los secuestros 74%, y las extorsiones pasaron de 4 casos en 2014 a más de 300 en 2024. Estos delitos, junto al tráfico de armas, drogas y la trata de personas, reflejan la magnitud de un problema que no conoce fronteras regionales.
La Macrozona Sur, y particularmente nuestra región de La Araucanía, enfrentan esta realidad con especial dureza. Aquí vemos homicidios, atentados incendiarios, robo de madera, usurpaciones, secuestros y amenazas directas a fiscales y funcionarios públicos, entre otros. La respuesta debe estar a la altura de esta amenaza.
Por ello, la iniciativa que crea la Fiscalía Supraterritorial constituye un gran avance. Esta nueva estructura permitirá perseguir delitos complejos y transversales, con un Fiscal Jefe y fiscales especializados en crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tráfico de migrantes, trata de personas y lavado de activos. Además, incorpora un Sistema de Análisis Criminal con funciones de inteligencia y anticipación, que permitirá desarticular redes completas y no solo a sus autores materiales.
Esta iniciativa no debilita la autonomía regional, sino que fortalece la coordinación para enfrentar fenómenos que no pueden abordarse solo desde lo local. Países como Italia, España y Colombia han creado fiscalías nacionales especializadas, logrando resultados concretos frente al crimen organizado y el terrorismo.
Si bien los recursos aprobados parecen insuficientes para la magnitud del problema, este es un paso clave. No podemos ser indiferentes ante redes criminales y terroristas que siembran miedo y destruyen la paz de nuestras comunidades. Este proyecto es una señal de unidad política frente a la delincuencia y el terrorismo. Chile y nuestra región no pueden quedarse atrás. La paz y seguridad de nuestras familias deben ser siempre nuestra prioridad.
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