Necesitamos nuevas y modernas leyes ambientales

Ante el reciente derrame de petróleo de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) en la Región de Magallanes, exigimos al gobierno, la Armada, la Intendencia Regional, la ONEMI y la Superintendencia del Medio Ambiente actuar rápida y coordinadamente para contener el daño y esclarecer responsabilidades.

Pero no basta con esto: el sector empresarial debe hacerse verdaderamente responsable de los millonarios daños económicos y ambientales de su actividad. Irresponsabilidades empresariales que causan daño ambiental pueden durar varias décadas perjudicando irreversiblemente ecosistemas y causando aún más pérdida de la biodiversidad. 

Este tipo de situaciones da cuenta que esto se trata de un abuso de parte del empresariado, porque cuando uno efectúa un análisis de este tipo de situaciones, se ve que no se trata de una situación aislada. En efecto, esto se suma a una seguidilla de crisis ambientales que Chile permanentemente sufre producto del cambio climático o de la irresponsabilidad empresarial. 

Estamos recién saliendo de otro derrame de petróleo en Osorno, donde la gente ni siquiera tiene certeza si puede o no consumir agua potable; del tercer varamiento de carbón en la playa de Ventanas en tan solo una semana, de los 94 que van del año; sumado a una crisis por compuestos orgánicos volátiles de las empresas emplazadas en Concón. A esto se le agrega, además, una nueva emergencia ambiental por el peak de dióxido de azufre en Quintero. 

Este tipo de situaciones ilustran perfectamente cómo el crecimiento económico sin adecuada regulación daña la vida, la salud de las personas y el medio ambiente. Queda en evidencia también que se trata de una situación más bien sistémica y no hechos puntuales en el tiempo. Se trata, por lo tanto, de un tema del modelo de desarrollo. 

Por lo tanto, ante este tipo de problemas, lo que corresponde es reformar nuestra ley ambiental. En efecto, el asunto es complejo y responde a muchas variables, pero una cosa queda clara, nuestra ley ambiental es insuficiente porque no permite una respuesta aún más severa y rápida de la autoridad, y porque episodios como éstos frecuentemente terminan impunes. 

Para dar un ejemplo, en la crisis ambiental en Quintero, Puchuncaví y Concón del año pasado se constató que el ministerio de Medio Ambiente no tenía las facultades suficientes para paralizar las faenas en la zona y sólo se pudo concretar la medida al echar mano a la legislación de salud a través de la declaración de emergencia sanitaria. Esto da cuenta que la ley ambiental, por si misma, no es suficiente: se debe recurrir ante la tardía respuesta del ministerio de Salud. 

El caso de Quintero-Puchuncaví y Concón sirve doblemente para ejemplificar cómo la ley ambiental ha sido insuficiente para resolver el problema.

La Corte Suprema tuvo que tomar cartas en el asunto a través de un histórico fallo en mayo de este año, respecto de la falta de gestión de diferentes agencias estatales, contemplando Vivienda, Salud, Medio Ambiente y el ministerio del Interior. 

Es por esto que en el Senado estamos tramitando una ley que moderniza los delitos ambientales y sanciona el grave daño y la peligrosa contaminación ambiental con penas de cárcel. Se trata de una ley que tiene un carácter preventivo, porque cuando los ejecutivos de las empresas estén conscientes que por sus malas e irresponsables decisiones se exponen a las más graves sanciones, implementan sistemas de prevención y control para evitar desastres. Esta es la forma en que históricamente hemos logrado reducir los accidentes laborales. Hoy, las empresas de Chile carecen de un real sistema de prevención del daño ambiental. 

Por último, es imprescindible señalar que la insuficiencia en nuestra institucionalidad ambiental no es sólo un tema de “dientes” del Estado, es también un tema de presupuesto. Para ejemplificar, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) cuenta con muy poco presupuesto para fiscalizadores en comparación con otros países de la región. Cabe mencionar que hasta el año pasado la institución solamente contaba con tres fiscalizadores para toda la Región de Valparaíso.

Brasil y Perú tienen una proporción de un fiscalizador por cada 20 mil habitantes, mientras que en Chile hay un fiscalizador por cada 150 mil habitantes. La SMA chilena debiera tener un número aproximado del doble de los funcionarios que tiene anualmente. Fue por este mismo hecho que como Senado solicitamos el año pasado que se aumentara el presupuesto de la SMA. 

A mayor abundamiento, muchas de estas fiscalizaciones son programadas y las empresas pueden eludirlas impidiendo la entrada del fiscalizador. Como si fuese poco, existen innumerables proyectos que no se pueden fiscalizar por ser anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Ambiental. Por eso, buscaremos modificar el Proyecto de Ley de Zonas Saturadas y Latentes (Boletín 11.140-12) para permitir la fiscalización de proyectos que aún no cuenten con Resolución de Calificación Ambiental. 

En definitiva. No es posible que Chile, siendo especialmente vulnerable al cambio climático y país sede de la COP25, siga con una ley ambiental tan débil e insuficiente como la que tenemos.

Dada la situación de emergencia climática que estamos viviendo, necesitamos una ley que esté a la altura de la situación: la gente de Chile, sin acceso al agua y con problemas de salud, la necesitan ya.  

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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