Presupuesto infame para nuestros parques
El destino de nuestros parques nacionales se ha discutido durante todo este año a raíz de la tramitación en el Congreso del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Se discute específicamente si la actual Conaf debe continuar administrando el sistema de áreas silvestres protegidas, como lo viene haciendo desde hace casi cincuenta años, o si debe traspasarse su administración al ministerio de Medio Ambiente.
Durante esta discusión se ha destacado, por parte de quienes defienden la permanencia de los parques y reservas en manos de Conaf, la eficiencia de esta institución para enfrentar los desafíos de conservación de estas áreas, en un contexto de permanente precariedad presupuestaria.
Efectivamente, los presupuestos son miserables para la importancia que el sistema nacional de áreas protegidas posee. De hecho, es el principal instrumento de conservación de la biodiversidad con que cuenta el país y debe financiarse en una proporción importante con los ingresos que el mismo sistema genera por visitantes.
La precariedad presupuestaria se refleja, por ejemplo, en el déficit de guardaparques. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que actualmente su dotación es de 500, necesitando al menos otros 1500 guardaparques para enfrentar adecuadamente las tareas de conservación que exigen las más de 15 millones de hectáreas protegidas.
Esto sin mencionar los requerimientos de inversión en infraestructura y accesibilidad para recibir una proporción creciente de visitantes que crece anualmente a una tasa de dos dígitos (13% de incremento en la visitación en los últimos años).
Pese a que la valoración del sistema es alta por parte de toda la ciudadanía y de las autoridades y que las deficiencias presupuestarias son evidentes, la ley de presupuestos 2019 redujo en un 13% el presupuesto de Conaf para la administración de las áreas protegidas, pasando de $17.439 millones el año 2018 a $15.324 el año 2019, reduciendo en más de dos mil millones el ya escuálido presupuesto.
Es obvio que con ese presupuesto no habrá incremento en la dotación de guardaparques, mejoramiento de infraestructura o financiamiento de programas de conservación de especies al interior de las áreas protegidas. De hecho, con estas reducciones presupuestarias no está garantizada la real conservación de nuestra biodiversidad.
Cabe preguntarse si en este escenario de permanente precariedad, es una buena solución crear un nuevo servicio de biodiversidad, dependiente del ministerio de Medio Ambiente, que se haga cargo de las áreas protegidas, en conjunto con una serie de nuevas responsabilidades de fiscalización, monitoreo y regulación.
Si el presupuesto para la conservación es el que ya hemos comentado, no hay forma de que un nuevo servicio pueda hacerlo distinto a lo que ya se viene haciendo. Y si se plantea que el nuevo servicio contará con más recursos, la pregunta que cabe hacerse es porqué, si esos recursos están disponibles, no se están dedicando ahora a las urgentes tareas de conservación que el sistema de áreas protegidas demanda.
La verdad es que las urgencias en materia de conservación no pasan por crear nuevos servicios para seguir replicando el ciclo de pobreza y carencias que sufrimos hace años; las urgencias en materia de conservación pasan por incrementar significativamente los presupuestos actuales.
Estamos dedicando 22 millones de dólares anuales a la conservación de nuestros parques, de un presupuesto total de 80 mil millones de dólares, es decir un 0,03%.
Las cifras son más trágicas ya que, de esos 22 millones de dólares, la mitad proviene de los ingresos que las mismas áreas protegidas generan por concepto de visitantes. Las cifras son vergonzosas, especialmente cuando se escuchan discursos de nuestras autoridades sobre la importancia que le dan al tema de la conservación y la protección del medio ambiente.
Pero parece que las autoridades están apuntando a cualquier cosa menos a dotar de mayor financiamiento al sistema de parques.
Por ejemplo, el ministerio de Bienes Nacionales anuncia como un gran logro el que se aprobara un proyecto que modifica el Código Penal, para sancionar a quien ensucie o cause daños en parques nacionales, playas, riberas de río y lagos. Y por otra parte anuncia la creación de un servicio de voluntarios que consiste en que jóvenes profesionales puedan dedicar seis meses al cuidado de parques y reservas.
Esto quiere decir que los 500 guardaparques de todo el sistema no solo tendrán que hacerse cargo de las tareas propias de la conservación y de atender al creciente número de visitantes de estas áreas, sino que también deberán estar pendientes por seis meses de estos voluntarios.
Medidas completamente irrelevantes que buscan distraer de un hecho evidente, no quieren meterse la mano al bolsillo para invertir en conservación.
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