Quintero-Puchuncaví, ¿zona de sacrificio ambiental planificada?

Las comunidades de Quintero y Puchuncaví, ambas ubicadas en la Región de Valparaíso, se encuentran nuevamente en una coyuntura de crisis ambiental, siendo protagonistas de un aciago caso de contaminación, producto de una nube gris que ha llevado a la ONEMI a decretar Alerta Amarilla por la presencia de metolcloroformo, nitrobenceno y tolueno en el ambiente.

Esta emergencia química no sólo ha afectado al ecosistema circundante, hoy gravemente dañado, sino también la salud de centenares de habitantes, produciendo intoxicaciones, daños potenciales al sistema respiratorio, afecciones cutáneas, daños neuronales e incluso aumentando la prevalencia de cáncer.

Adyacente a ambas localidades se emplaza el Barrio Industrial, que alberga a la fundición y refinería de Codelco, División Ventanas, el almacenamiento de combustibles de ENAP, la termoeléctrica de AES GENER, la petroquímica de Oxiquím, el depósito de combustibles de Gasmar, entre otras empresas.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, precipitadamente sindicó a las emanaciones de ENAP como el origen del reciente evento de intoxicación, no obstante, tal relación causa-efecto no ha sido comprobada, cobrando en los últimos días mayor fuerza la tesis que apunta como responsable a los contaminantes de Oxiquím y Gasmar.

Independiente del origen de las emisiones tóxicas, es preciso ponderar las responsabilidades del Estado en la crisis ambiental, que actualmente mantiene en situación de incertidumbre a los lugareños de Quintero-Puchuncaví y alrededores, toda vez que la producción de territorios bajo la etiqueta de zona de sacrificio, debe ser avizorada también desde su dimensión histórica, sociocultural y territorial.

Más allá de la cobertura mediática y el análisis aislado o episódico, es preciso señalar que en pleno impulso del Estado desarrollista, el problema ambiental de Quintero-Puchuncaví surge a partir de la construcción del Parque Industrial Ventanas en 1961, que siete años después, dio origen a un conflicto socioambiental ante la pérdida de cultivos agrícolas producto de las emanaciones de las chimeneas.

Con todo, las movilizaciones sociales fueron desarticuladas en dictadura ante la profundización de un paradigma de desarrollo económico a expensas de la preservación del ecosistema circundante. Por varios decenios, las operaciones de la industria minera se mantuvieron constantes, e incluso, se instalaron otras industrias potencialmente contaminantes en el territorio.

En 1993, debido a los altos índices de anhídrido sulfuroso y material particulado (MP 2,5), muy superior a lo permitido por la norma, y presentes en el entorno, el área fue declarada Zona Saturada (ZS), iniciando en consecuencia un débil plan de descontaminación que no prosperó. Mientras tanto, continuó el arribo de otro tipo de faenas químicas, mineras y una termoeléctrica, lo que ha implicado engrosar la amenaza tóxica en el territorio.

La retrospectiva de más de 50 años de contaminación ambiental permite dimensionar la sentida demanda de los habitantes de Quintero-Puchuncaví y comunidades aledañas.

Casos recientes como el cierre de la Escuela de la Greda en 2015 tras la intoxicación de alumnos por la inhalación de gases tóxicos, admiten tener en consideración que la memoria histórica local de los habitantes ha estado trazada por continuas coyunturas de crisis ambiental.

Por ello, es fundamental amplificar los relatos de afectación y las demandas que, incluso de forma certera, han argüido los niños de Quintero, tal como fue el viralizado testimonio de una de ellas, Francisca Encina.

El riesgo tóxico, desde la percepción cotidiana de los habitantes, adquiere una importancia sociocultural insoslayable, debido a las incertezas sobre la afectación de los agentes contaminantes con los cuales deben convivir diariamente los habitantes de la zona.

La experiencia de vivir en un contexto de riesgo tóxico, detona que los sujetos expuestos a las partículas emanadas por las industrias sean más proclives a la desigualdad socioambiental.

Es decir, la inequidad no sólo se traduce en variables socioeconómicas, sino que también significa respirar el peor aire, tomar la peor agua y verse expuestos a mayores niveles de riesgos y enfermedades, en comparación a habitantes de otros asentamientos que no están inmersos cotidianamente a riesgos tóxicos. 

Los efectos de la contaminación en el entorno y la incertidumbre sobre los efectos en la salud, entonces, han reforzado el relegamiento social y la injusticia ambiental en Quintero-Puchuncaví, reproduciendo relaciones de dominación que ejercen las empresas y el Estado ante la permisividad y la dilatación del problema.

Este padecimiento cotidiano está produciendo un caso de sufrimiento ambiental muy exiguamente atendido desde la institucionalidad pública, puesto que se ha preferido tratar las crisis de forma episódica y, a lo más, tomando medidas reactivas.

Bien saben los que se dedican a la planificación urbano-territoriales que emplazamientos como el Barrio Industrial de la bahía de Quintero-Puchuncaví no obedecen a una localización espontánea o al libre arbitrio de la iniciativa industrial, toda vez que las localizaciones se deben ajustar a una serie de planes de desarrollo  e instrumentos de planificación (urbana, territorial y ambiental) con el objeto de regular, la siempre compleja convivencia entre industrias potencialmente contaminantes y asentamientos humanos.

Así, el rol del Estado en materia de planificación de los territorios, nos advierte sobre el fracaso de un modelo de desarrollo económico insustentable que - tal como si fuese la crónica de una crisis ambiental anunciada - terminó por cristalizar la poco feliz declaratoria de Zona Saturada (ZS), signando los territorios ambientalmente degradados y con bajos niveles de salubridad, lo que la postre, repercute en la etiqueta de zonas de sacrificio.

Por ende, el problema debe ser posicionado desde una crisis ambiental y de salud pública, pero cuyo fenómeno también debe ser advertido desde la arista de la producción de los territorios bajo injusticia ambiental.    

En definitiva, la actual emergencia química de Quintero-Puchuncaví no debe ser analizada como simple episodio que responde a circunstancias aisladas. Más bien, el análisis crítico debe apuntar a la comprensión del fenómeno en retrospectiva y desde su dimensión sociocultural, poniendo en relieve lo que significa habitar cotidianamente bajo sufrimiento ambiental.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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