Quintero y Puchuncaví, errores políticos y legislativos

Finalmente, y después de más de un mes de medidas equivocadas, el gobierno actuó como debería haber reaccionado el primer día de la emergencia ambiental y sanitaria iniciada en Quintero y Puchuncaví el 21 de agosto pasado. Usar las atribuciones del ministerio de Salud y del Código Sanitario, como se han usado históricamente en el país, incluso en situaciones más leves como los episodios de contaminación atmosférica en la región Metropolitana.

Un mes demoró la autoridad en entender que ni el Superintendente de Medio Ambiente (que se limita a revisar trasgresiones a las Resoluciones de Calificación Ambiental), ni la ministra de Medio Ambiente, cuyas atribuciones le exigen actuar a través del Superintendente, y que no tenía ni el conocimiento, ni la asesoría de su subalterno en gestión del aire, ni el apoyo de presidencia para exigir la co-gestión de la crisis con el ministro de Salud, como corresponde a la institucionalidad vigente.

En fin, al menos el pasado lunes 27 de septiembre, habiéndose superado los 1.200 intoxicados por exceso de emisiones de compuestos hidrocarburos orgánicos volátiles (COV) y dióxido de azufre  (SO2), la autoridad atinó a aplicar la ley . Demasiadas víctimas, pero al menos  se clarificó el panorama de las empresas peligrosas y las líneas de acción para enfrentar la emergencia sanitaria y ambiental actual,  y prevenir nuevas ocurrencias.

Cuál es la primera evidencia, no sólo Oxiquim, Enap, Copec, GNL Quintero, Enex y Gasmar son las industrias contaminantes por emisiones de hidrocarburos que funcionan en la zona, sino también saltaron a la palestra las empresas que contaminan gravemente con dióxido de azufre, la fundición de Codelco/Enami y las 4 termoeléctricas a carbón de  Aes Gener que emiten el gas contaminante SO2, causante de varias de las emergencias estos días, pero además, la de los niños de la greda en 2011 y muchas otras durante los 40 años de martirio que viene viviendo Quintero y Puchuncaví.

Este contaminante, además del material particulado, es el causante de la mayoría de las zonas saturadas del país, y por cierto de las llamadas zonas de sacrificio.

La Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales han declarado que la exposición a la emisión de contaminantes proveniente de la combustión del carbón es dañina para la salud, y que la exposición a dichos contaminantes constituye una fuerte preocupación por los daños que causan en la salud infantil en los sistemas respiratorio y cardiovascular, además de la incidencia de cánceres en adultos.

Por esta razón las instituciones internacionales hacen un llamado al cumplimiento de estrictos límites en la emisión de contaminantes de las termoeléctricas a carbón; al cierre definitivo de dichas centrales  o  su reconversión.

A nivel nacional, existe una demanda histórica del Colegio Médico sobre la urgencia de realizar estudios epidemiológicos de las poblaciones afectadas por estas industrias y un llamado a prevenir los impactos a través de normas de emisión más estrictas y efectivos planes de descontaminación. Además de ello, particularmente la Sociedad Chilena de Pediatría ha recomendado importantes acciones a seguir.

Realizar todos los esfuerzos para reducir la exposición de los niños a los contaminantes de combustión a carbón, comprobadamente relacionados con enfermedades respiratorias, alteraciones perinatales y daño cognitivo, y revisar las autorizaciones sanitarias y ambientales para las termoeléctricas con más años de operación.

Además de realizar en forma urgente estudios epidemiológicos de calidad científica, en aquellas comunas donde se localizan las termoeléctricas más antiguas y contaminantes, o donde existen planes de prevención y descontaminación, y desarrollar programas de capacitación y fortalecimiento de los equipos de salud e infraestructura sanitaria.

Durante la primera semana de septiembre un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), liderado por la doctora Paloma Cuchí, fue recibido por el ministro de Salud, Emilio Santelices, para apoyar técnicamente en el sistema de monitoreo en Quintero  y Puchuncaví.

Esto resulta de vital importancia, ya que en nuestro país la Norma de Emisiones para Termoeléctricas permite el doble de las emisiones recomendadas por la OMS.

Los contaminantes emitidos en el proceso de combustión de carbón de las centrales termoeléctricas, dañan la salud humana. Dentro de los principales impactos está la afectación a los principales órganos del cuerpo lo que genera enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes cerebro-vasculares, enfermedades respiratorias crónicas y afectación de las capacidades intelectuales y neurológicas de las personas.

Las organizaciones ciudadanas en Chile también han demandado el cierre de las termoeléctricas a carbón empezando por aquellas localizadas en zonas latentes y saturadas de contaminantes  atmosféricos, o que padecen eventos de contaminación crónica.

Para las cinco comunas donde se concentran las industrias contaminantes y las termoeléctricas a carbón, y que actualmente padecen altos niveles de contaminación ambiental, las autoridades han utilizado los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), la Norma de Emisión para Termoeléctricas y los Planes de Recuperación Ambiental y Social, pero estos instrumentos han sido insuficientes para proteger la salud de la población.  Los PPDA, carecen de medidas eficientes e inmediatas; tienen baja o nula asignación de recursos y presentan falencias de coordinación.

En el caso de las normas de emisión de contaminantes como el material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, estas normas están lejos de los límites establecidos en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por ende no protege lo suficiente la salud de la población.

Asimismo, la fiscalización del cumplimiento de estas normas no es posible, dado que aún no existen estaciones de monitoreo estatales que verifiquen las emisiones declaradas por las  empresas.

Por ejemplo, en el caso de las 4 termoeléctricas a carbón de Aes Gener, hoy paralizadas en virtud de la alerta sanitaria en Quintero y Puchuncaví, dos de ellas están completamente obsoletas: Ventanas 1 que opera hace 58 años y Ventanas 2, hace 41 años; además de Nueva Ventanas y Campiche que emiten gran cantidad de toneladas de contaminantes atmosféricos, especialmente dióxido de azufre SO2, uno de los culpables de la intoxicación  de las 1.200 personas que han debido ser hospitalizadas en las últimas semanas en Quintero, además de metales pesados cancerígenos como vanadio, mercurio y níquel.

En Chile, actualmente operan 28 termoeléctricas, las que en conjunto representan el 40% de la generación del parque eléctrico nacional. Se encuentran localizadas en 7 comunas del país, pero su impacto sobre los territorios y la salud de la población se concentra en 5 comunas: Tocopilla, con 7 unidades de generación a carbón ; Mejillones con 8; Huasco con 5; Puchuncaví con 4 y Coronel con 3.

En todas estas localidades existe superación de las normas de calidad del aire y han debido ser declaradas Zonas Saturadas de Contaminantes Atmosféricos y sometidas a Planes de Descontaminación.

Una revisión sistemática de las publicaciones científicas sobre la consecuencia de la exposición a contaminantes provenientes de centrales carboneras, realizada por la Sociedad Chilena de Pediatría, evidencia que las emisiones afectan gravemente la salud, dañando el sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso. El impacto sobre la salud se observa a lo largo de todo el ciclo vital, pero especialmente en niños menores de 15 años y en mujeres durante su embarazo.  

Específicamente, se ha comprobado que el óxido nitroso (NO2) y el material particulado fino, conocido como MP2.5, afectan negativamente el desarrollo pulmonar en los niños además de contribuir al desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Ello, posteriormente contribuye al desarrollo de otras enfermedades pulmonares, y genera ataques de asma. El asma se incrementa por exposición al ozono, (generado por reacción del NO2 con los compuestos orgánicos volátiles, en presencia de la luz solar) La exposición al ozono y al MP 2.5 también está correlacionada con el desarrollo de cáncer de pulmón y la mortalidad provocada por éste cáncer, es letal tanto en hombres como en mujeres

La contaminación del aire afecta negativamente la salud cardiovascular, provocando obstrucción en las arterias que favorecen los ataques cardíacos y la formación de infartos y daños permanentes al corazón. Además, los óxidos de nitrógeno (Nox) y el MP 2,5 están asociados al aumento de hospitalizaciones por infartos agudos de miocardio (enfermedades coronarias, alteraciones del ritmo cardíaco e insuficiencia cardíaca congestiva.

En cuanto a los impactos en el sistema nervioso, se estima que los mismos mecanismos que afectan las arterias coronarias pueden afectar de la misma forma a las arterias que irrigan el cerebro, provocando  accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades vasculares del cerebro.

El estudio de la Sociedad Chilena de Pediatría - que analizó 22 artículos científicos internacionales que abordan este tema - revela que en las zonas cercanas a termoeléctricas a carbón, se confirma una mayor presencia de biomarcadores que indican existencia de metales pesados como vanadio, plomo, mercurio y níquel, las que en el caso del plomo afectan el cociente de desarrollo intelectual de los recién nacidos; y en el caso del mercurio representa un mayor riesgo de autismo y menor desarrollo intelectual.  

Además se evidencia exposición a hidroxipireno (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP e 1-), que han sido identificados como carcinógenos para la población.

En relación a las alteraciones que afectan a los recién nacidos, antes y después de su nacimiento, los estudios analizados por la Sociedad Chilena de Pediatría, reportaron que la exposición a las emisiones de termoeléctricas a carbón en el embarazo, se asocia al nacimiento de niños con bajo y muy bajo peso al nacer, menor longitud al nacer, menor diámetro de circunferencia de cráneo y gestación más corta, o sea nacimientos prematuros.

Los estudios comprobaron que el  diámetro de circunferencia de cráneo al nacer, aumentó en los niños nacidos después del cierre de las centrales termoeléctricas.  

En el caso particular de Chile, existen algunos estudios epidemiológicos sobre los daños de las termoeléctricas a carbón sobre la salud de las poblaciones locales.

El más difundido, es un estudio del equipo del doctor Pablo Ruiz-Rudolphy de la Universidad de Chile, realizado en 2016, cuyo objetivo fue determinar si la presencia de grandes instalaciones industriales (termoeléctricas a carbón y petróleo sobre 50MW de potencia, mineras y fundiciones de cobre) afectan las tasas de mortalidad y morbilidad en la población local.

El equipo recolectó información sobre mortalidad y morbilidad por diversas causas a nivel comunal, con datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del ministerio de Salud, entre los años 2000 y 2010, indicadores de mortalidad, indicadores de cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, infartos al miocardio, hospitalizaciones por leucemia y hospitalizaciones por neumonía.

En base a ellos demostró, que en las comunas estudiadas donde existen mayores asociaciones de emisiones de termoeléctricas, el aumento en la mortalidad total, cardiovascular total y de cáncer de pulmón, es del orden de 20% a 90% por cada 1000 MW de capacidad instalada, para los hombres.

Mientras que las hospitalizaciones se incrementaron en aproximadamente un 70% para la neumonía, con aumentos también de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y todos los cánceres.

El mismo patrón se observó para las mujeres de las comunas estudiadas, con aumentos de entre 20% y 30% para la mortalidad total y de todos los cánceres y aproximadamente 70% a 100%, para hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, todos los cánceres y neumonía.

Hay que hacer notar que este estudio se hizo en un escenario donde existía la mitad de las termoeléctricas a carbón hoy existentes, pues un número importante de ellas se construyó a partir del año 2005, usando como excusa la crisis del gas natural de Argentina.

La situación actual es francamente peor en Quintero, Puchuncaví y las otras 4 comunas donde se concentran las termoeléctricas a carbón.  

¿Cómo controlar las empresas contaminantes?

En Chile hay obstáculos conocidos para impedir la concentración de industrias contaminantes en una comuna o un territorio. Ello, porque  no existe una regulación vinculante de  ordenamiento territorial; porque  el gobierno tampoco evalúa los impactos acumulativos de las empresas en los territorios, debido a que coexisten empresas que nunca hicieron una evaluación ambiental (pues antes de 1997 no era obligatorio)  y porque las normas de emisión y las normas de calidad del aire  son laxas, es decir están por debajo de los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)  y en muchos casos además no se cumplen por falta de fiscalización, o de mediciones independientes de las empresas.

Por ejemplo, la Norma de Emisión para Termoeléctricas (Decreto Nº13/ 2011) que establece niveles máximos de emisión para material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, mantiene parámetros que duplican lo recomendado por la OMS, y por tanto no es eficiente para proteger la salud de la población.

Lo mismo ocurre con la norma de calidad del aire, los parámetros de concentración del conjunto de los contaminantes que emiten las empresas en los territorios, duplican o triplican los estandares recomendados por la OMS.

Los impactos de esta deficiencia normativa en los impactos acumulativos sobre la salud de la población en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y Quintero, además de las emergencias muestran una tremenda falla ética y política de las autoridades de todos los colores políticos.

Por esta razón la presidenta del Colegio Médico de Chile, doctora Izkia Siches, en respuesta a la crisis sanitaria y ambiental de Quintero el pasado 12 de septiembre expresó que la contaminación ambiental provocará enfermedades crónicas que la población padecerá por muchos años, por lo cual llamó al Gobierno a “suscribir las normativas de Organización Mundial de la Salud (OMS) y hacerlas vigentes no sólo para esta zona, sino para todo Chile”.

Lo mismo han exigido las organizaciones ciudadanas, además del cierre inmediato de las industrias más antiguas y/o contaminantes en las zonas latentes y saturadas, mientras las normas más exigentes no entren en vigencia.

Pero también las organizaciones ciudadanas exigen un incremento del impuesto verde que hoy se aplica a las empresas contaminantes, especialmente las que queman carbón y que lo recaudado se invierta en las zonas latentes y saturadas para atención médica y social de la población y también para su reconversión productiva, que les permita hacerse cargo de los pasivos ambientales y de enfermos crónicos, pero también iniciar una transición hacia la creación de empleos y un desarrollo económico sin empresas contaminantes. Es lo que demandan Mejillones, Tocopilla, Huasco, Coronel, y obviamente, Puchuncaví y Quintero.

Entonces surgen las dudas. ¿Finalmente será el actual gobierno capaz de hacer justicia en el caso de las zonas de sacrificio?

Y ¿será capaz de poner fin a una situación de violación de derechos humanos y constitucionales inaceptables, cuyas víctimas son una realidad que hiere la ética y la dignidad de todos los chilenos?