Quintero y Puchuncaví, un gran delito ambiental

Esta semana las comunas de Quintero y Puchuncaví sufrieron dos episodios de contaminación ambiental en menos de siete días. A ello se añade una traumática historia de conflictos socioambientales en que suman cerca de cuatro décadas.

Lo ocurrido es aún más inaceptable, porque justo este mismo martes 21 de agosto, la Comisión de Medio Ambiente del Senado escuchó a representantes de las comunidades, quienes le hicieron entrega a la Ministra Carolina Schmidt de un petitorio con medidas concretas que el gobierno debe tomar, sin que la ministra haya comprometido más que reuniones. 

Se le pidió al Ministerio aprobar en menos de cuatro meses el Plan de Descontaminación pendiente para la zona, ya que el gobierno ha tenido cerca de seis meses para sacarlo adelante y aún no tenemos noticias de su estado de avance.

El plan debe necesariamente contemplar participación ciudadana y un nuevo sistema de monitoreo con veedores internacionales, porque la situación ya no da para más. 

Pero el sólo plan de descontaminación ya no es suficiente para la zona, a estas alturas de lo sucedido.

Tampoco es suficiente suspender faenas de ENAP. La gente legítimamente se manifiesta porque necesita que las empresas se hagan responsables de los constantes vertimientos de hidrocarburos en los cuerpos y cursos de agua de la zona.  

Las niñas y niños tienen que suspender clases y la comunidad ni siquiera tiene seguridad sobre el nivel de arsénico que está presente en el agua que beben. 

El Estado y las empresas deben hacerse responsables ,y eso significa mucho más que lo declarado por el gobierno, necesitamos unprograma de recuperación médico, social y ambiental.

Esto implica entregarle certezas a la ciudadanía que permitan subsanar la crisis de confianza que existe hoy, de ahí la importancia de contar con sistema de monitoreo confiable.

También se requiere una nueva norma de calidad del aire con máximos de emisión de dióxido de azufre especificado por hora - y no sólo por mes o año - como existe actualmente. 

Chile necesita una profunda reforma a la institucionalidad ambiental. Hace varios años que he insistido en tramitar un proyecto de ley que moderniza la legislación y crea el Delito Ambiental.

Si estas situaciones fuesen penadas con cárcel por la ley, los ejecutivos de las empresas reaccionarían para mejorar sus protocolos de seguridad. Sólo así podremos recuperar la credibilidad por parte de las comunidades.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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