Sobre el fomento forestal

A raíz de la reciente denuncia de una tala ilegal de alerces en la Región de Los Ríos, tuve la oportunidad de leer en redes sociales una publicación de un sitio que no vale la pena identificar, pero en el que se posteó el siguiente comentario.

“Mientras el gobierno invierte escandalosos recursos del Estado para resguardar los predios de plantaciones de las empresas forestales, CONAF apenas destina en promedio 4,5% de su presupuesto para fiscalizar el resguardo del bosque nativo”.

No podía ser de otra forma. Además de todos los pecados que se le atribuyen a las plantaciones, ahora se le suma la responsabilidad por la tala ilegal de alerces.Absolutamente delirante.

Sin embargo, ésta es básicamente la razón por la que en Chile ya no se planta. Una campaña de desprestigio y ataque sostenido a las plantaciones forestales, utilizando metáforas, analogías y argumentos rebuscados que son difundidos por un grupo de personas que maltratan severamente la racionalidad de los argumentos.

Sobre la frase en cuestión, llama la atención la exactitud con que precisan los montos del presupuesto de CONAF destinados a fiscalización y la vaguedad de los montos con que afirman que el Estado resguarda los predios de las empresas. No publican cifras, ni porcentajes respecto del presupuesto nacional, se limitan a un “escandalosos recursos”.

El argumento podría aplicarse, por extensión, a todos los gastos superfluos que realiza el Estado y que superan en montos a los destinados a la fiscalización de talas ilegales por CONAF. Se me ocurren varios. Pero en realidad no es argumento, solo es diatriba.

La liviandad para opinar está desatada. También se afirma como justificación del rechazo a una prórroga del fomento forestal, que durante los últimos años ha aumentado la sustitución del bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, lo que ha provocado una pérdida en la biodiversidad nacional. Esta aseveración es falsa e imposible de probar con cifras. La sustitución de bosque nativo por plantaciones ha sufrido una tendencia decreciente en los últimos quince años y está lejos de ser un problema en la actualidad.

Uno pensaría que la abrumadora evidencia terminaría imponiéndose sobre estos dichos carentes de fundamento, pero no. Siguen como si nada, impertérritos, manteniendo un discurso que tenía sentido hace veinte o treinta años, pero no en el Chile actual.

Por otra parte, el gobierno poco hace para plantear con fuerza una visión objetiva sobre la situación del bosque nativo en Chile. Insistir, por ejemplo, en la ausencia de una relación de impacto entre las plantaciones y la superficie actual de bosque nativo; o bien destacar la necesidad urgente de seguir impulsando la forestación de terrenos desnudos (que los tenemos no por miles, sino por millones de hectáreas).

Esta falta de protagonismo del gobierno (no de este en particular, sino más bien de todos los que han enfrentado este tema en los últimos años), explica en buena parte la hegemonía de un pensamiento francamente errado respecto al impacto actual de las plantaciones sobre el bosque nativo y en general sobre todos los supuestos impactos que las plantaciones producen, llevando a creer que son una amenaza para el país.

Mientras el gobierno no adopte una posición clara respecto al aporte que las plantaciones forestales hacen al país, este deterioro de la imagen del sector forestal no mejorará y los instrumentos de fomento que se presenten al Congreso sufrirán una discusión que los maltratará injustamente.

Una tercer aspecto que merece pronunciarse sobre el, es la falta de realismo de quienes plantean propuestas alternativas al fomento forestal en los término que lo conocemos. Quienes se oponen tenazmente a la prórroga del fomento forestal, deslizan algunas propuestas que además de vagas, difícilmente podrían ser adoptadas por el gobierno, ya sea por los costos asociados o por el incierto impacto social que las acompaña.

Antonio Lara, por ejemplo, académico de la Universidad Austral y firme detractor de los monocultivos, ha señalado que en reemplazo de la prórroga, debiera plantearse un fomento forestal focalizado en la conservación y restauración del bosque nativo para la recuperación de los servicios ecosistémicos, tales como la provisión de agua en cantidad y calidad.

En la misma línea WWF señala que es urgente poner incentivos a actividades que fortalezcan los servicios ecosistémicos, la restauración ecológica, la mitigación y adaptación al cambio climático, el desarrollo local sustentable, y los derechos de los pueblos indígenas.

Para quienes encuentran pertinentes estas propuestas, es necesario recordarles que Chile cuenta con una Ley de Bosque Nativo desde el año 2008, la que en estos siete años, por distintas razones, no ha logrado impulsar un aumento importante de su superficie manejada (ya sea con fines productivos o con fines de protección).

Quienes proponen un instrumento de fomento financiado por el Estado para la restauración del bosque nativo, saben bien de los magros resultados de la ley de bosque nativo.

Saben bien que no hemos sido capaces de afrontar exitosamente el desafío de su manejo y ahora proponen algo mucho más difícil y ciertamente más costoso: la restauración ecológica. Un desafío que no les genera rentabilidad económica ni social a los propietarios de los bosques restaurados. Porque, hasta ahora, la rentabilidad económica basada en el pago por servicios ambientales a los propietarios de los bosques (por agua, como plantea Lara), es una quimera.

No podemos proponer un instrumento de fomento a la restauración de los bosques, cuando aún no hemos sido capaces, por ejemplo, de detener su degradación por manejo no sustentable (extracción ilegal de leña principalmente). Saltarnos estos pasos y avanzar hacia la restauración con fondos públicos es caro y equivocado. El gobierno lo sabe, por lo tanto no acogerá una propuesta en los términos en que se plantean. Pero tampoco parece estar dispuesto a enfrentar el rechazo de un grupo minoritario de parlamentarios y sacar adelante en el Congreso una prórroga del fomento forestal. El resultado hasta ahora es el inmovilismo para el sector.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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