Todo es cancha

Julio Torres

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Durante el mes de marzo se ha desarrollado un debate legislativo tremendamente relevante para el futuro del país que no ha gozado de la visibilidad que los asuntos trascendentes merecen. Se está definiendo en el Congreso la creación del Servicio Nacional Forestal, entidad sucesora de la Corporación Nacional Forestal.

¿Por qué es tan trascendente? Porque la creación del nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor) definirá el modelo regulatorio sobre los recursos naturales en el país. Al menos los recursos naturales terrestres asociados a los bosques y otras formaciones vegetacionales. No es poca cosa.

La trascendencia del tema es que salpica las atribuciones del Servicio de Biodiversidad, creado por la Ley 21.600 en octubre de 2023. El Servicio de Biodiversidad fue aprobado de manera casi unánime en el Congreso, sin detenerse en las implicancias que las atribuciones que se le entregan tienen sobre el desarrollo del país. Solo a partir de la discusión del Servicio Nacional Forestal, esas atribuciones han sido visibilizadas y se han levantado las preocupaciones del mundo productivo.

En simple, el Servicio de Biodiversidad puede declarar cualquier parte del territorio como un área degradada o un ecosistema amenazado, y a partir de ello, establecer limitaciones al uso del suelo, modificando regulaciones sectoriales ya existentes. ¿Qué significa esto? Básicamente que puede modificar lo que organismos competentes en la materia, como Conaf en relación con los bosques, define como regulaciones de uso y conservación. Sin contrapesos, sin revisiones externas. Una atribución omnipotente para regular la actividad productiva. Para el SBAP todo es cancha, todo el país sería parte de sus atribuciones regulatorias, sin dar cuenta de sus actuaciones a otros servicios.

Estas atribuciones nunca fueron debidamente aquilatadas por los gremios productivos. No le prestaron importancia. Hoy el Servicio Nacional Forestal quiere poner algo de racionalidad, estableciendo instancias de revisión de las atribuciones del SBAP. Cuando se trate de bosques y otras formaciones vegetacionales, el Servicio Forestal debe tener la última palabra. Parece sensato, pero los representantes de la cartera de Medio Ambiente se resisten a ver acotadas sus atribuciones. Se vería debilitada su estantería regulatoria.

El debate de fondo es sobre qué estrategia de conservación vamos a promover. La conservación del medio ambiente entendida como el no uso, el abandono, como el desincentivo al manejo de los recursos naturales mediante más regulaciones y permisos; o promoveremos la conservación mediante el uso y el manejo, de la valorización del recurso natural y el compromiso del privado. Precisamente este último enfoque es el que ha buscado por décadas impulsar Conaf y es el que debe imperar en el futuro Servicio Nacional Forestal. La tarea no es fácil, ya que hay quienes en este debate han insistido en acotar las competencias del nuevo Servicio Nacional Forestal exclusivamente al ámbito silvoagropecuario, entendiendo este ámbito como meramente productivo e incompatible con las tareas de conservación y protección ambiental de los bosques y otras formaciones vegetacionales. Es lo que ha planteado, por ejemplo, la Sociedad de Ecología. No resulta sorprendente que otros quieran redefinir el alcance de la gestión forestal pública y sacar de ella la conservación de los bosques, pues desconfían del manejo productivo, de la silvicultura y de la sustentabilidad. Sólo confían en la conservación del no uso, de las prohibiciones y de la permisología, la que finalmente no sólo termina abandonando los bosques a su suerte, sino también abandonando al propietario rural.

Ese es el debate que la actual discusión legislativa sobre el Sernafor tiene como telón de fondo.