El Presidente Boric, en su reciente visita a La Araucanía, señaló que la regulación forestal estaba obsoleta, que no cumplía estándares ambientales y sociales, y que este diagnóstico lo compartía gran parte del mundo académico, social, gremial y político. Añadió que había encargado al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, realizar un amplio diálogo con los diferentes actores con el fin de alcanzar acuerdos para avanzar hacia la transformación del sector forestal de Chile. Sin embargo, como ya parece frecuente en las invitaciones a dialogar que ofrece la autoridad (cualquier autoridad), las conclusiones parecen ya estar definidas, dado que a continuación del llamado al diálogo el mismo Presidente anunció la derogación del Decreto de Ley 701.
Resulta evidente que un diálogo en que el diagnóstico del problema, los responsables y las medidas a aplicar ya están definidas de antemano, no es un verdadero diálogo.
Lo cierto es que no parece necesario inventar nuevos procesos de participación o diálogo. Desde el año 2015 existe el Consejo de Política Forestal y desde el 2016 una Política Forestal 2015-2035, elaborada por el mismo mundo académico, social, gremial y político al que el presidente aludió en su intervención. Lamentablemente, a esta instancia de deliberación sectorial se le ha dado escasa relevancia, al igual que a las metas establecidas en su documento orientador. Esto no es nuevo, ya nos acostumbramos a partir de cero cada cuatro años, renegando del sentido mismo de una política sectorial, que es superar las limitaciones temporales de los distintos gobiernos de turno, especialmente para una actividad de largo plazo como la forestal.
Dado que no todo el mundo conoce el alcance del decreto que busca ser derogado, vale la pena indicar que la norma regula la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados. Por lo mismo, su derogación dejaría un preocupante vacío regulatorio en este ámbito.
Un vacío regulatorio no parece una buena idea. Sólo por poner un ejemplo, con la derogación se eliminaría la obligación del propietario de reforestar en caso de corta de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal o en cualquier otro terreno tratándose de bosque nativo (Artículo 22). No es posible imaginar cómo eliminar dicha obligación pueda constituir un avance transformador para el sector.
La interpretación más plausible del anuncio es que la derogación vendría acompañada de un nuevo cuerpo regulatorio que nos saque de la supuesta obsolescencia ambiental y social en materia normativa. Pero si esto fuera así, la alocución del Presidente debió explicitarlo, incluidas las orientaciones del nuevo cuerpo normativo. Este último aspecto es el más preocupante: las nuevas orientaciones, despejar lo que entiende el Presidente por una transformación del sector forestal.
Si la autoridad es consistente con su modelo de actuación política hasta ahora, es de temer que la transformación apuntará a una suerte de refundación, de reparación de todo lo malo que se hizo en el pasado y abrazar un cambio de paradigma que, acudiendo a las palabras del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, Christian Little, en una reciente columna de opinión, "permita resolver la relación ambivalente entre aquellas valoraciones que reconocen la importancia de la biodiversidad y la complejidad ecológica, así como su valor cultural y estético, y aquellas otras que, influenciadas por una visión materialista, valoran al 'bosque' principalmente en términos económicos".
Superar la actual dicotomía a favor de un reconocimiento más profundo de la complejidad ecológica de los bosques parece estar en la base del cambio transformador al que se alude, sin embargo, conviene preguntarse si esta nueva mirada se traducirá en más inversión pública para la conservación, o sólo se traducirá en un conjunto de nuevas normas para limitar, obstaculizar y perseguir la dimensión productiva de la gestión forestal, como sucedáneo de una verdadera política de conservación.
Todo parece indicar que la anunciada derogación del D.L. 701 es el reconocimiento de que superar la ambivalencia indicada por el director ejecutivo de Conaf pasa menos por la articulación de miradas y más por la imposición, sin diálogo, de un nuevo modelo forestal "post-materialista".
Esta discusión sobre antiguos o nuevos paradigmas lamentablemente invisibiliza aspectos que son urgentes de abordar. Hoy la verdadera transformación del sector forestal debería pasar por garantizar a quienes viven de los bosques su derecho a trabajar sin arriesgar la vida, son estigmatizarlos y reconociéndoles la autonomía para tomar sus propias decisiones. Para ello el Estado debe renunciar a un enfoque paternalista e iluminador, proponiendo políticas públicas desde la capital, basadas en un conjunto muy selectivo de publicaciones científicas de difícil lenguaje, tratando de imponer visiones voluntaristas que no necesariamente están alineadas con la realidad y las necesidades del sector. Esa sería una transformación deseable.
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