Transición socioecológica "injusta"
Durante la COP27 (Egipto 2022), Chile incorporó en el reforzamiento de sus compromisos climáticos el concepto de Transición Socio Ecológica Justa, entendido como un proceso que, a través del diálogo social y el empoderamiento colectivo, busca la transformación hacia una sociedad resiliente y equitativa, que pueda hacer frente a la crisis social, ecológica y climática. La meta de la transición es el equilibrio ecológico y el bienestar físico, mental y social de las personas.
El término coloca el énfasis en el bienestar de las personas y enfrentar los impactos ambientales que amenazan dicho bienestar. De hecho, una de las líneas de trabajo de la Oficina de Transición Socioecológica Justa del Ministerio de Medio Ambiente es las "zonas de sacrificio ambiental". Es un concepto que surge desde lo ambiental, pero que se expande a consideraciones sociales y económicas, apuntando a cambiar el modelo de desarrollo de manera equilibrada, sin dejar a nadie atrás. Hasta ahí todo bien...
El problema surge cuando esta "transición" deja de ser justa. Un ejemplo paradigmático es el de la leña. Es un caso de tal complejidad que elude todas aquellas consideraciones de lo que es "justo", socioecológicamente hablando. Su producción, comercialización y consumo es parte del paisaje económico, cultural, social y ambiental del centro-sur de Chile. No cabe duda de que genera impactos ambientales asociados a la emisión de material particulado en las ciudades del sur del país, especialmente cuando se utiliza leña húmeda; pero también es indudable que su reemplazo forzado es una mala política pública, que incluso ha sido rechazada por los parlamentarios cada vez que se intenta implementar y que va en contra de la recientemente promulgada ley de Biocombustibles Sólidos.
Su alto grado de complejidad ha hecho que las políticas públicas de distintos órganos del Estado en esta materia sean contradictorias. Por una parte, el Ministerio de Agricultura -a través de Conaf- busca promover la certificación de productores y la comercialización y uso de leña seca; el Ministerio de Energía apoya esta iniciativa, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente, a partir de la actualización de los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), empuja de manera directa o indirecta la prohibición total de este energético. Intentos por prohibición directa han fracasado por el impacto social asociado y el rechazo de la población (y del Congreso), pero la autoridad ambiental insiste en medidas indirectas como el recambio de calefactores a leña ineficientes por otros certificados o por calefactores a base de otros energéticos.
Ahora el Ministerio del Medio Ambiente quiere incluso prohibir el uso de los calefactores certificados que en el pasado impulsó, todo como medida forzante para eliminar la leña dentro del consumo nacional. El uso de leña seca, más artefactos certificados, más precipitadores electroestáticos es una combinación internacionalmente aceptada como moderna y eficiente, sin embargo, este ministerio no considera este paquete de tecnología en sus políticas, empecinado en su paradigma teórico de "cero emisiones".
Esta "transición ecológica" que busca eliminar la leña no es social ni económicamente justa para quienes se calefaccionan a partir de ella, como el energético más costo eficiente al que pueden acceder. Cualquier alternativa, especialmente de origen eléctrico dada la coyuntura alcista del suministro actual, implicaría menos hora de uso, aumentando la ya existe pobreza energética que sufren importantes sectores del sur del país. Excluir la leña mediante prohibiciones de uso de calefactores reduciría la contaminación a costa de otros impactos sobre la misma población. Las externalidades, fugas o trade offs de esta política deberían estar sobre la mesa. El bienestar de quienes sufren las nuevas exigencias o prohibiciones sí cuenta y deben ser parte de una transición justa. La leña no es un problema exclusivamente ambiental, es un problema como gustan llamar en la actualidad "socioecológico" complejo, a pesar de la posición contumaz de quienes desean impulsar medidas unilaterales de solución.
No cabe duda de que las acciones humanas impactan sobre el ambiente y las personas, y deben ser reguladas, pero también es cierto que las exigencias ambientales también generan impactos sociales no deseados que deben incorporarse en el análisis. De lo contrario la aplicación de prohibiciones sería demasiado fácil. Y no lo es. Si el Ministerio de Medio Ambiente busca imponer unilateralmente exigencias ambientales sin considerar los impactos sociales y económicos involucrados, deben ser transparentes en manifestarlo y no utilizar eufemismos como "transición ecológica justa". Respecto de la prohibición de la leña, la medida no es justa para mucha gente.
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