En los últimos dos años, Edelman Trust Barometer indicó que a 7 de cada 10 personas les preocupa la desinformación y que, por ejemplo, más del 60% de la población de EE.UU. cree que la desinformación es tan peligrosa como el acceso a las armas y el terrorismo.
En Chile no hay datos sobre desinformación y fake news en política, porque aunque hay bastantes antecedentes sobre violencia digital, es muy escasa aquella que circula en las plataformas digitales y que pueden desalentar especialmente a una mujer a participar en política o incluso más grave aún, puedan destruir su carrera.
Este hecho es muy preocupante, pues la participación política femenina en Chile sólo llega a 23% a nivel nacional y a 10% en elecciones locales, y si sumamos ahora el elemento de las consecuencias que pueden generar las desinformación, podría resultar que la participación femenina en cargos de representación disminuya aún más.
¿Por qué las mujeres nos restamos de estar en política? Puede ser que exista un temor a la exposición y violencia. ¿Existen fundamentos? La Unión Interparlamentaria Europea publicó una encuesta que muestra que 42% de las parlamentarias de Europa dijo haber sido víctima de desinformación a través de la difusión de imágenes "extremadamente humillantes o con carga sexual" a través de redes sociales.
En esa misma línea, un análisis de Chequea Bolivia dejó de manifiesto que las mujeres que ocupan cargos políticos en ese país comparten con los hombres la deslegitimación a través de fake news en temas políticos, corrupción y narcotráfico; sin embargo, los temas de los que son blancos únicamente las mujeres corresponden a la vida sexual y vanidad.
En el caso de Chile no conocemos nada a ciencia cierta. No hay claridad sobre definiciones de desinformación y noticias falsas y el proyecto de ley que limita el acceso de los partidos a información personal y que regula la propagación de fake news en política sigue aún en su primer trámite constitucional, haciendo imposible poner esto en la agenda pública como el real problema que es.
Por ello es digno de destacar el interés de la Convención Constituyente por establecer un mecanismo que les permita detectar y enfrentar de mejor forma las desinformaciones. La semana pasada tuvimos la oportunidad de exponer a la Comisión de Ética de la Convención Constitucional sobre la amenaza que presenta la desinformación contra los procesos electorales, particularmente hacia las mujeres que participan en política.
Los integrantes de dicha instancia compartieron nuestra inquietud en cuanto a que el país debe avanzar hacia un sistema que permita enfrentar hechos falsos, puesto que ayudará a fortalecer nuestro sistema democrático. En ese sentido, los constituyentes acogieron nuestras recomendaciones de definir y tipificar en el reglamento de la CC las noticias falsas para hacer frente a este tipo de situaciones.
El avance en este ámbito es importantísimo, considerando que la Convención es paritaria y ello permitió que muchas mujeres se acercaran por primera vez a la política. Ese fue un incentivo que es necesario seguir fortaleciendo.
Hasta el momento, no hay herramientas para proteger a las mujeres en política de la desinformación como forma de violencia de género, digital y política en Chile. Por ello, es deber de los partidos, el Gobierno y el Congreso avanzar en esa línea, de tal manera que quienes incurran en la propagación de hechos falsos reciban alguna sanción.
Casos como el del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y su campaña de desinformación sobre los efectos del Covid-19, o los ataques que recibió por redes sociales la actual vicepresidenta Kamala Harris, ayudan a entender que las fake news son un verdadero atentado a la democracia y que si queremos hacerle frente, tenemos que institucionalizar la forma de contrarrestarlas.
La globalización ha logrado que las audiencias consuman cultura de manera ilimitada a través de los medios de comunicación tradicionales, pero también por medios de las redes sociales donde no existe ningún filtro o control respecto a las informaciones que son falsas.
De hecho, distintas investigaciones del ámbito de la comunicación confirman que los ciudadanos replican y comparten fake news con mayor frecuencia de lo que se cree si la nota en cuestión les resulta atractiva y creíble según sus creencias.
De ahí que resulta fundamental que los gobiernos y las distintas instituciones del país establezcan protocolos que permitan identificar hechos falsos, pero más importante aún sancionar a quienes las difunden.
La Comisión de Ética de la Convención Constituyente dio un paso gigantesco en esa dirección, porque no sólo quiere proteger a esa institución, sino que también busca castigar a los constituyentes que difundan noticias falsas que puedan perjudicar la marcha de este organismo que tiene como misión redactar la nueva Constitución.
La invitación entonces es que otros organismos de la sociedad se sumen a esta cruzada y cierren la puerta a las desinformaciones como una forma de fortalecer los mecanismos de transparencia y en definitiva nuestro sistema democrático, que presenta ciertas fisuras y debilidades para hacer frente a este grave problema que se acrecentó con las redes sociales.
Hoy no hay espacio para aceptar que se difundan noticias falsas y no basta con cuestionar ciertas informaciones, todos debemos aplicar el concepto de debida diligencia sobre aquellos hechos que no tienen fundamento y que pueden terminar destruyendo a nuestra sociedad.
Durante este año, el país ha enfrentado diversos procesos electorales y el noviembre próximo los chilenos tendrán que acudir a las urnas para elegir al nuevo Presidente y también a los nuevos diputados, senadores y cores. En este escenario resulta crucial que los candidatos cuenten con un mecanismo que les ayude a enfrentar las desinformaciones, pues ejemplos sobran en el mundo que las noticias falsas no sólo pueden inclinar la balanza de las elecciones, sino que también pueden terminar torciendo la voluntad real de los electores y eso es precisamente lo que debemos evitar que se instale en Chile.
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