El temor de algunos por debatir sobre libertad de expresión
Para analizar la reciente visita oficial que hiciera a nuestro país el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, es importante comenzar señalando que ésta, en sí misma, constituye un triunfo. Una victoria de determinados sectores políticos, académicos y sociales que insistimos en la urgencia de estudiar el estado del derecho humano a la comunicación y libre expresión en nuestro país, a doce años de que un relator especial lo visitara oficialmente.
Esto a modo de contra argumento de aquellos sectores liberales que han insistido en mostrar a Chile como uno de los lugares con mejores índices de libertad de expresión, derecho a la información y comunicación de la ciudadanía en la región. Cuestión especialmente puesta en entredicho tras la visita de Lanza, quien en sus observaciones preliminares ilustra cada uno de los problemas que atentan contra esta garantía básica, siendo uno de los principales la extrema concentración de la propiedad de los medios de comunicación.
De hecho, algunas de las observaciones que publicó el relator luego de su visita, señalan que “existe una concentración excesiva en la propiedad y control de los medios de comunicación, en manos de un reducido número de grupos económicos” evidenciando las negativas “consecuencias de este fenómeno en el pluralismo informativo”. Cuestión que no es novedad para los periodistas chilenos.
De hecho, tal como lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recientemente, acudimos a la Fiscalía Nacional Económica para solicitar al Fiscal un estudio frente a lo que a nuestro juicio, constituye un mercado imperfecto: el sistema de medios de comunicación chileno, donde hay monopolios y oligopolios, además de concentración horizontal y vertical.
Sin embargo, la respuesta de este organismo autónomo del Estado fue cuando menos apática, con absoluto desinterés por estudiar la materia que denunciamos, aludiendo a falta de tiempo y recursos. Aquello perpetúa la ausencia de políticas públicas que prevengan la concentración mediática, para lo cual lo primero es contar con un diagnóstico acabado al respecto.
También las observaciones preliminares (que tendrán la entrega de su informe definitivo a fines de este año), señalan los problemas asociados a la persecución de las radios comunitarias, cuyos comunicadores siguen arriesgando penas de cárcel si no cuentan con los permisos necesarios y la represión de los organismos estatales a las manifestaciones de la ciudadanía, dentro de los cuales se plantea el fin de las penas corporales en delitos asociados a la libertad de expresión, con mención específica a la ya criticada y recientemente interpuesta querella de la Presidenta Bachelet contra periodistas y directivos de la revista Qué Pasa.
Por eso, resulta lamentable que una vez más algunos sectores retardatarios intenten cercenar el debate. El pasado 23 de julio, La Tercera publicó un editorial que obvia las diversas problemáticas aquí mencionadas y que atentan cotidianamente contra el derecho a la libre expresión en Chile. El texto insiste en instalar como única dificultad la querella e incluso pone en tela de juicio el problema de la concentración mediática, a propósito del ingreso de “nuevas tecnologías” que inciden en la “libre circulación de la información”, lo que es cuando menos dar una mirada miope a la profundidad del problema.
Es urgente que el discurso que señala que la mejor política comunicacional es la no política -lo que terminó entregando el derecho a la libre expresión al mercado- deje de ser el principio rector de algunos sectores.
Hoy urge que todos los actores democráticos (incluso los de derecha) comprendan e incorporen la necesidad de hacer reformas en el sistema de comunicación para avanzar en mayor pluralismo, menos concentración y por ende, más democracia.
Si bien esa voluntad existe en ciertos sectores, sabemos que está en disputa, por algunos retardatarios que temen perder sus privilegios. Pero es importante comprender que la problemática de la libertad de expresión como derecho colectivo de la ciudadanía, ha de instalarse como una urgencia política no solo de los sectores de izquierda, sino de cualquier propuesta programática progresista que llegue a instalarse en La Moneda.
El Chile actual requiere iniciar un diálogo social sobre comunicaciones democráticas. Las discusiones constituyentes son una oportunidad para aquello, pero también se requiere de voluntad política de la autoridad actual para avanzar en debates en los que hoy, no mañana, podemos avanzar. Terminar con las penas corporales a delitos asociados a la libertad de expresión, el cese de persecución a las radios comunitarias y el fin de la concentración mediática, nos dará más y mejor praxis democrática.
Es importante enfatizar: la complejidad política de los discursos que se resisten a los cambios y el temor por perder privilegios de quienes controlan las grandes riquezas de este país, no pueden nublar los ánimos de quienes han comprometido profundizar la democracia.
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