Nueva Mayoría, las comunicaciones no son adjetivas

Las comunicaciones, en un proceso de transformación política de la envergadura del programa de gobierno de la Nueva Mayoría, pasan necesariamente a ser una política sustantiva. Es decir, todo lo contrario al carácter meramente adjetivo que ésas tienen en un gobierno que sólo aspira a la continuidad.

Si observamos con atención el programa de gobierno de la Presidenta electa Michelle Bachelet, destaca un compromiso también sancionado positivamente por el pueblo soberano en las elecciones presidenciales.

“Una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto mono-medial como multimedial, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información.”

Esta medida, por sí sola, patentiza con meridiana claridad la convicción de la Mandataria reelecta acerca de la necesidad de re-barajar los naipes en la industria de la información y la comunicación.

Muy cercanas a esa postura transformadora están las propuestas que los periodistas chilenos hemos formulado desde nuestra trayectoria gremial y profesional.

Nos parece necesario consagrar en la Nueva Constitución Política de Chile el Derecho a la Información y a la Comunicación, garantizado por el Estado y que este derecho sea regulado a través de una Ley Orgánica Constitucional de la Comunicación Social.

Proponemos que se reconozcan y se promuevan tres áreas de la comunicación social: la Pública, la Ciudadana y la Privada, con criterio de fomento y aumentando sustancialmente el Fondo de Medios Regionales, orientado a la creación de empresas ciudadanas de comunicación.

Pero hoy urge tomar una medida inmediata, salvar al diario La Nación para luego convertirlo en un medio público, pluralista y participativo.

En cuanto a la Televisión Digital, proponemos construir la carretera-transportadora pública de la señal de TV Digital, administrada por Televisión Nacional o por un ente público, para que los canales ciudadanos puedan transmitir a todo Chile.

Finalmente, es necesario el restablecimiento del carácter de Corporación de Derecho Público para el Colegio de Periodistas de Chile (y para todas las Órdenes Profesionales Universitarias), así como ocurre en Europa, para una apropiada tutela del ejercicio de la profesión y de la calidad de la formación que se imparta en las escuelas de periodismo de pre-grado y postgrado.

Ahora que todo comienza, dejemos bien claro que el nuevo ciclo político chileno sólo será posible si modifica y afecta positivamente la cultura comunicativa y la industria relacionada.

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