Reformas políticas ¿con los mismos medios?

Una asamblea constituyente conducirá a un “salto al vacío”, sentenciaba una editorial de El Mercurio de fines de agosto, expresión repetida por un precandidato presidencial en días recientes.

La frase refleja la orientación política central para este período, asumida por sectores interesados en mantener contra viento y marea un modelo que exhibe vistosas fisuras. Desde luego, aquellos medios de comunicación que detentan posiciones hegemónicas, se empeñan en contener ciertas ideas de cambio que ganan terreno en la sociedad.

Con distintas intensidades, las demandas sociales de reformas políticas profundas encuentran eco en la discusión programática de la oposición.Nueva Constitución generada por una asamblea constituyente, sistema electoral proporcional, financiamiento transparente de la actividad política, forman parte de las propuestas de varias fuerzas y de sus candidatos.

Hay, no obstante, un problema no resuelto que parece evadirse en el incipiente debate programático, que no es otro que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación que limita en los hechos la libre circulación de las ideas y asfixia el sistema democrático.

Esto no se circunscribe sólo a la existencia de un duopolio en la prensa escrita, fortalecido con el cierre del diario La Nación. El fenómeno se extiende también a la radiodifusión, donde un consorcio español controla buena parte de las frecuencias y otros grupos ligados a la banca crecen en presencia.

Panorama que no mejora en la televisión, que carece de un auténtico canal público que compita con la empresa privada promoviendo la diversidad política, social y cultural.

Es cierto que en otros procesos electorales se insinuó alguna preocupación sobre el punto. Así ocurrió en la segunda vuelta de la última elección presidencial, pero esa inquietud, muy tímida, se desvaneció prontamente.

El pluralismo informativo real, no hipotético, está lejos de ser una necesidad secundaria o desconectada del conjunto del sistema político.Constituye el presupuesto indispensable para garantizar de forma efectiva el derecho a la información, permitiendo que la ciudadanía se involucre y participe de los procesos de toma de decisiones.

Dado que se abre un proceso electoral en que se vislumbra la discusión de propuestas que se hacen cargo de la crisis de la política, resultaría extraño que sencillamente se deje a un lado, que se postergue una vez más, la democratización de los medios de comunicación.

Tarea que es, en sí misma, una reforma política, en tanto esté dirigida a resolver la concentración de poder. La apertura de este diálogo en el escenario presidencial requerirá, eso sí, de cierta audacia, pues significa remover un “sentido común” instalado pero, por sobre todo, tocar intereses poderosos.