¡No es justo idiota!

Pongamos la pelota contra el piso. El caso de Francisco Martínez debe ser analizado con tranquilidad pues nos permite pensar varios fenómenos que son extremadamente relevantes como para dejarlos al arbitrio de las fugaces redes sociales.

Lo primero que podemos asegurar es que el derecho es una construcción social. Como dirían Horkheimer y Adorno, el derecho puede hacer perecer incluso a la justicia. Es más, analizado en términos culturales, el derecho es un conjunto de argumentaciones e interpretaciones que por un lado se cristalizan en una norma que rige en una época determinada y, por otro, las interpretaciones que de la misma realizan quienes se encuentran habilitados para desarrollar esta función ante un tribunal de justicia.

En esta medida, la discusión sobre el derecho nos compete a todos puesto que son estas normas, fijadas por agentes humanos, las que permiten, obligan y castigan las conductas en una sociedad. De este modo podemos comprender que en nuestra época se hagan condenables conductas que en otro tiempo estaban permitidas o que incluso se transformen en objetos del derecho entidades que antes no lo eran; por ejemplo, los animales, cuya vida, hasta hace poco, era insignificante. O, sin ir más lejos, los derechos de las mujeres, que han emanado, en última instancia, de la movilización femenina y no, como podría pensarse muy ingenuamente, del raciocinio del legislador.

Las implicancias de lo anterior son evidentes. En un momento podemos tener normas que regulen incluso la presencia física de determinadas personas en la sociedad. Podemos tener fanáticos que defiendan estas normas por considerarlas adecuadas y "naturales". Podemos tener pruebas que condenen a personas por pasearse libremente por las calles. Podemos tener pruebas que los inculpen. Podemos tener montados exitosos y competentes tribunales. Y, sin embargo, esto no hace que este ordenamiento sea justo. Hay que tener mucho cuidado con defender ordenamientos jurídicos pues estas son construcción que se arraigan en los imaginarios que dominan en un momento histórico.

Siguiendo la argumentación anterior, debemos tener claro que el llamado control de identidad es una norma propia de Estados policiales. El problema que se nos aparece es que los agentes policiales son tan humanos como nosotros, sus prejuicios y pasiones los dominan y entonces ocurre lo que ya se ha probado reiteradamente: los agentes policiales controlan fundamentalmente a quienes ellos consideran "sospechosos".

De este modo podríamos explicar que el control de identidad se le realizara a un artista callejero que trabaja siempre en la misma esquina y no representan un verdadero peligro para la sociedad (por mas molesto que sea para algunos). Los carabineros lo hacen sencillamente porque tienen dentro de su arsenal mental un conjunto disposiciones hacia formas de vestir, formas de hablar, creencias políticas, etcétera. No es para nada sorprendente que las pruebas muestren que el control de identidad es una representación de la desigualdad social. Se controla siempre a los mismos. Algunas teorías de la justicia han insistido en la relación entre igualdad y justicia. Cabe preguntarse, de manera aguda, si la justicia es posible en sociedades que hacen de la desigualdad una forma de funcionamiento.

Donde quienes roban miles de millones son enviados a dicar clases de ética y aquellos que se ganan la vida vendiendo verduras en la calle, son apaleados y enviados a la cárcel, o como en el caso del malabarista, son asesinados en un control de identidad.

El problema político mayúsculo es que como sociedad hemos confiado el apoyo técnico en el control de orden público a agentes que actúan según sus propios prejuicios. En este aspecto, hay que asegurar, que no tiene el mismo efecto el prejuicio que tiene un ciudadano común que aquel o aquella a quien le hemos entregado un arma letal para defendernos. Por esa razón es que las Violaciones de Derechos Humanos las producen los agentes del Estado y no individuos particulares, por mas delictivos que sean sus acciones. El consecuente problema de esto es que Carabineros tiene instalada una frecuente práctica de control y daño sobre la misma población. Nada de esto se ve cuando han marchado, amenazado y agredido grupos que se visten y hablan en la forma "educada" y "normal" que esos agentes esperan.

Como ven, estos temas no pueden reducirse a leguleyadas. Lo que concurre aquí es sentarse a pensar en lo que como sociedad hemos permitido. Puede ocurrir que buscando seguridad hemos encontrado todo lo contrario.

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